Libertad 2.0 responde a Alejandro Sanz: “Defender los derechos de autor no justifica privilegios feudales”

Libertad 2.0 responde a Alejandro Sanz: “Defender los derechos de autor no justifica privilegios feudales”

Según Almudena Negro, “fascismo es querer sustituir los tribunales por comisariados políticos y  defender el todo en el Estado y nada contra o sin el Estado”.

Madrid, 23 de diciembre de 2010.- La Plataforma “Libertad 2.0” se muestra “perpleja” por la actitud expresada por el cantante Alejandro Sanz en un artículo publicado hoy en el diario “El País” en el que, según ha expresado la portavoz de la plataforma, Almudena Negro, éste “se permite el lujo de insultar a los mismos de quienes luego compran sus discos o llenan sus conciertos, que somos muchos de los que estamos en contra de la Ley Sinde”. Para Negro, “defender los derechos de autor no justifica defender censura y privilegios feudales”.

Para la Plataforma, que defiende los derechos de autor y la propiedad intelectual pero “no los obsoletos modelos de gestión que algunos pretenden sostener, resistiéndose a aceptar que los tiempos han cambiado y que muchos intermediarios ya no son necesarios”, no es de recibo que artistas “de la talla” de Alejandro Sanz insulten a los ciudadanos.

En este sentido, Negro ha querido resaltar que “fascismo es defender privilegios de carácter feudal. Fascismo es querer sustituir los tribunales por comisariados políticos. Fascismo es defender el todo en el Estado y nada contra o sin el Estado. Que es exactamente lo hacía la Ley Sinde”.

En Libertad 2.0, quiso recordar su portavoz, “defendemos un modelo de gestión de derechos de autor en el que el gobierno no “conceda graciosamente” (porque el gobierno no concede nada, el derecho es inherente a la persona desde que nace, con o sin gobernantes por medio) derechos de autor como si fueran un regalo, sino un modelo en el que el gobierno se limite a certificar quién es autor de una obra y proteja el derecho exclusivo de su dueño al uso y disposición de su propiedad, como protege –cada vez más limitadamente- al dueño de una vivienda”.

En este sentido, desde Libertad 2.0 recuerdan que la “ley de patada en el router” establecía una comisión política (Sección Segunda) que decidiría, en sustitución de los tribunales, qué webs pueden existir y cuáles no. Además, se sustraían los conflictos entre privados (cuál es el caso de las entidades de gestión y los ciudadanos) del derecho privado civil o mercantil, para sustituir la administración a las primeras en sus denuncias contra los ciudadanos, pasando la decisión a juzgados de lo contencioso, que, además, no debían entrar en el fondo de la cuestión, sino limitarse a ordenar cierres.

“Páginas web que siguen abiertas porque la Justicia ha dado la razón a los internautas habrían sido cerradas manu militari con esta ley que según Sanz es tan justa”, señaló Negro.