Colombia: la Procuradoría saca los colores a los promotores del aborto

Colombia: la Procuradoría saca los colores a los promotores del aborto

<a href="http://www.procuraduria.gov.co/portal/Es-urgente_que_entidades_encargadas_de_la_implementacion_de_la_Sentencia_C-355_de_2006_se_pongan_de_acuerdo_en_la_manera_de_cumplir_con_sus_responsabilidades__senal__la_Procuraduria_General_de_la_Naci_n.news"

REDACCIÓN HO.- La Procuradoría General de Colombia (equivalente a nuestra Fiscalía general) -a cuyo frente acaba de ser revalidado Alejandro Ordóñez pese a la tenaz campaña de presión de los lobbies abortistas y de ideología de género-, no ahorra críticas en su nuevo informe fechado el pasado día 11, hacia la Corte Constitucional:

El aborto en Colombia

  • Las diferencias entre la información reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social y la que aportan las empresas abortistas privadas evidencian que aún no existe unidad de criterios técnicos, jurídicos, ni epidemiológicos frente a la manera de registrar los datos relativos a la práctica de abortos. La Procuraduría advierte además que es necesaria la construcción de indicadores de medición del impacto generado con la implementación de la Sentencia C-355 de 2006.
  • En su corte de cuentas sobre el impacto de la sentencia que despenalizó el aborto en tres supuestos específicos (violación, malformación del feto y riesgo de muerte materna), la Procuraduría señala que entre 2006 y 2010, se realizaron 4.442 abortos legales. La causa más invocada para abortar, según el Ministerio de Salud y Protección Social, es la grave malformación del feto que hace inviable su vida, mientras que las instituciones privadas (Profamilia, Fundación Oriéntame y Fundación Apóyame) reportan que es el peligro para la vida o la salud física o mental de la gestante (más de 3.500 casos). 
  • Frente a las tesis proabortistas que avalaron la sentencia de despenalización por la Corte Suprema, la Procuraduría asegura que el impacto del aborto legal frente al clandestino sigue siendo mínimo.
  • Nueve de cada diez abortos legales se realizaron fuera del sistema de salud público (especialmente la Fundación Oriéntame). De las mujeres que han utilizado el sistema público, casi todas provienen de estratos 1 y 2.  La información reportada por el Ministerio indica que el 57,65% de los procedimientos de aborto fueron realizados a través del régimen contributivo, mientras que las entidades privadas (Profamilia, Fundación Oriéntame y Fundación Apóyame) reportan que el 95% de los procedimientos realizados fueron sufragados por particulares.
  • El Ministerio Público, que ha sufrido varias amenazas de sandión al entener la Corte que desatendía la orden de garantizar que las mujeres tengan acceso al aborto en las tres circunstancias despenalizadas, informó también que entre 2005 y 2011 la Fiscalía inició cerca de 3.000 investigaciones por la realización de esos procedimientos y considera que las sentencias posteriores de la Corte dificultan la posibilidad de verificar si la solicitud de aborto está enmarcada en las despenalizadas. 
  • Cuestiona así órdenes de los magistrados según las cuales "los médicos y las EPS deben aceptar incondicionalmente toda solicitud de aborto, lo que podría llegar a vulnerar los derechos de los médicos al libre ejercicio de la profesión y a la libertad de conciencia, especialmente en los casos en los que se les exige diagnosticar de determinada manera el alto riesgo para la salud de la mujer".
  • La procuradora Ilva Myriam Hoyos señala que la Corte incluso, vía tutela, "avaló un aborto fuera de las tres causales establecidas en la sentencia C-355 e incluso fuera del sistema de seguridad social".
  • Se subraya que existe undesconocimiento de la obligatoriedad de los procedimientos de consentimiento informado en relación al aborto, lo que atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres que acceden a estos procedimientos y limita su participación en procedimientos que afectan su salud sexual y reproductiva a corto, mediano y largo plazo:
  • Advierte que el aborto se ha convertido enuna suerte de mecanismo de control de natalidad
  • El Ministerio Público indica además que se deben revisar los contenidos y herramientas didácticas pedagógicas implementadas en la educación sexual
  • El informe concluye que "Es urgente que entidades encargadas de la implementación de la Sentencia C-355 de 2006 se pongan de acuerdo en la manera de cumplir con sus responsabilidades"

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Ante estos demoledores datos, no es de extrañar que los lobbies antivida y familia echaran el resto para procurar la depuración de Alejandro Ordóñez al frente la la Procuradoría General de la Nación. El apoyo cívico ha sido decisivo para hacer fracasar sus planes y que se conozca la verdad frente al ocultismo y la falacia en las que se ampara el aborto.

Un millón de firmas por #AbortoCero: ¡Vamos a por ello!