Cuestión de inconstitucionalidad y prevaricación

Cuestión de inconstitucionalidad y prevaricación

Francisco Jiménez-Villarejo escribió, "El Ilmo. Sr. D. Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga, nos remite este magnífico artículo "ante el acoso al que está siendo sometida la Juez de Denia", en sus propias palabras. Jiménez-Villarejo señala que "es bastante esclarecerdor de que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no sólo es ajustada a derecho, sino un acto absolutamente recomendable de acuerdo con la propia doctrina del TC". Agradecemos desde aquí a D. Francisco esta valiosa aportación. "

HAZTEOIR.ORG .- Mucho se ha escrito estos últimos días acerca de la decisión de <?xml:namespace prefix = st1 />
la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. 3 de Denia de suspender la tramitación de un expediente matrimonial para consultar al Ministerio Fiscal y a las partes la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, a fin de asegurarse la compatibilidad de la nueva regulación del matrimonio, que tras la última reforma del Código Civil permite el matrimonio entre homosexuales, con la redacción del art. 32.1 de la Constitución Española.

Pese a que la cuestión de inconstitucionalidad se ha planteado en numerosas ocasiones por órganos judiciales, de acuerdo con lo previsto en el art. 163 de la Constitución, ante la duda acerca de la constitucionalidad de cualquier ley aplicable a un caso que debe resolver, en lo que se puede calificar un encomiable ejercicio de la responsabilidad judicial, dando oportunidad Tribunal Constitucional de elaborar una doctrina que ilumina a los operadores jurídicos en la difícil función de aplicar el derecho, en este caso nos hemos encontrado con un incendiarias críticas por parte de un sector de la opinión pública, entre las que destacan y sorprenden las críticas de eminentes constitucionalistas (algunos de ellos catedráticos), que de manera absolutamente injusta y jurídicamente insostenible, mantenían la posible comisión de un delito de prevaricación judicial por parte de la Juez de Denia, recomendando incluso a las partes a querellarse contra la misma por la posible comisión de un delito de prevaricación.  

¿Ha cometido realmente delito de prevaricación la Jueza de Denia?

La controversia se centra en la redacción del citado art. 163 de la Constitución, concretamente respecto de la expresión ?en algún proceso?, al negar parte de la doctrina carácter procesal al expediente del Registro Civil en que el Juez ha de decidir la inscripción o no del matrimonio, ya que ningún problema plantea el rango de ley del Código Civil, ni su aplicabilidad al caso o que el fallo a dictar depende de la constitucionalidad o no del precepto cuestionado. Teniendo en cuenta lo expuesto y a la vista de la pretensión entusiasta y generalizada de criminalizar la decisión de la Juez, planteo directamente la siguiente pregunta: ¿Ha cometido realmente delito de prevaricación la Juez por plantear la cuestión de inconstitucionalidad en un/este expediente de Registro Civil?

En primer lugar debemos aclarar que se entiende nuestro Código Penal por prevaricación judicial culposa: el artículo 477 del Código Penal se establece que "El juez, o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años", por tanto se exige que la imprudencia sea grave y la ignorancia inexcusable, es decir el comportamiento de la Juez, ha de traslucir un manifiesto y absoluto desconocimiento del ordenamiento jurídico, de manera que la errónea aplicación del mismo no pueda verse amparada en las posibilidades de interpretación de la norma.

La cuestión de constitucionalidad de la Jueza de Denia, plenamente ajustada a Derecho

Sentado lo anterior, nos encontramos con que el propio Tribunal Constitucional, rechazando criterios formales y nominalistas (de acuerdo con un criterio consolidado), ha situado en un segundo plano el carácter jurisdiccional o no de la decisión a adoptar por el juez, destacando que lo realmente decisivo es que un órgano integrado en el Poder Judicial dude de la inconstitucionalidad de una ley aplicable a un caso que deba resolver.

En ese sentido resulta absolutamente demoledora la Sentencia núm. 76/1992 del Tribunal Constitucional (oportunamente rescatada por mi compañero Fernando Herrero-Tejedor en su artículo ?Los Jueces del Registro Civil y la cuestión de inconstitucionalidad?, publicado el pasado día 26 de julio en la Gaceta de los Negocios), que por su contundente claridad me limito a reproducir parcialmente sin más comentarios: ?Si bien es cierto que nuestra Constitución ha condicionado la posibilidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad a la existencia de un proceso, no lo es menos que la doble obligación en que se encuentran los jueces y tribunales de actuar sometidos a la ley y a la Constitución de un lado, y el principio de la seguridad jurídica (que las dudas de inconstitucionalidad ponen en evidencia), de otro, impiden que de la calificación dogmática de una actuación judicial como proceso pueda extraerse una consecuencia tan grave como la referente a la legitimación de aquéllos para plantear la cuestión de inconstitucionalidad. La ratio de este proceso constitucional? obliga a concluir que no puede negarse la legitimación para plantear las dudas de constitucionalidad de una norma con rango de ley al Tribunal Constitucional, único órgano competente para resolverlas, a un juez o tribunal que ha de aplicar la ley en unas actuaciones que, sea cual sea su naturaleza y forma de desarrollo, ejerce poderes decisorios. No reconocerlo así llevaría a la grave conclusión de que en supuestos en los que el órgano judicial ejerza este tipo de de potestad de carácter decisorio se vería obligado a aplicar una ley que considera inconstitucional o de cuya inconstitucionalidad duda, posibilidad ésta que el constituyente ha preferido sustraer al juez ordinario para evitar el alto grado de inseguridad jurídica que ello podría implicar? (STC 76/ 1992).

Tras su lectura caben pocos comentarios que no ofendan a la inteligencia, tan sólo reivindicar que, al menos, se descriminalice la decisión de la Juez por ser plenamente ajustada a derecho; denunciar la injusta campaña a la que se ha visto sometida y cuestionarnos si quienes han incurrido verdaderamente en ignorancia inexcusable, los renombrados constitucionalistas que querían echarla a la hoguera por motivos de oportunidad ideológica sin tener en cuenta la propia doctrina del Tribunal Constitucional, le pedirán algún día disculpas por ello.