Aprobada la ILP Redmadre en Galicia

Aprobada la ILP Redmadre en Galicia

La iniciativa cívica en apoyo de la mujer embarazada como alternativa al aborto se convierte en la primera medida legislativa  del  nuevo Parlamento gallego, gracias a la mayoría del PP (38 votos), que se impuso al rechazo del PSOE y BNG (32).

REDACCIÓN HO.- Con los votos a favor del PPdeG y el rechazo de los grupos de PSdeG y BNG, el Parlamento gallego aprobó ayer martes, 12 de mayo, la iniciativa legislativa popular (ILP) para la creación de una red de apoyo la mujer embarazada. Promovida bajo el nombre de Redmadre e impulsada por el Foro de la Familia -al que está adherido HO-, la propuesta fue rechazada por socialistas y nacionalistas que, siguiendo en su línea de priorizar su discurso partidista sobre el necesario apoyo a la mujer y las alternativas al aborto, criticaron la iniciativa calificándola de "claramente regresiva y ultraconservadora" y por su "carácter claramente antiabortista".

La iniciativa -que ahora será tramitada en comisión como una proposición de ley- fue defendida por Coloma Viúdez, quien incidió en que "las mujeres carecen de libertad real para elegir" y resaltó la importancia de poner en marcha una red de ayuda "para que la decisión de ser madre no suponga un coste inasumible". Además, indicó que la sociedad "non está ofreciendo alternativas serias" a las mujeres que desean continuar con su embarazo, argumentando que "las mujeres nos convertimos de nuevo en víctimas de una violencia de género".

La propuesta incluye varios puntos: la creación de centros de asistencia y asesoramiento (aprovechando los centros de información a la mujer ya existentes), dar prioridad a las embarazadas para acceder a ayudas asistenciales, activar medidas especiales para adolescentes embarazadas (para que puedan continuar sus estudios), poner en marcha un teléfono gratuito e implicar a los concellos en la difusión de la existencia de la red.

Viúdez calificó la iniciativa de "buena, necesaria, factible y urgente", insistiendo en que "non perjudica a nadie" y que es económicamente asumible -una "ley barata", apostilló-. Para definir su urgencia, sentenció que "la muerte es lo único cierto, luego la vida es lo único urgente". En defensa de la iniciativa -sobre la que no hubo posicionamiento de la Xunta- salió el grupo parlamentario del PPdeG, que la sacó adelante con su mayoría de 38 diputados.

Rechazo nacionalista basado en su falaz defensa del aborto

La viceportavoz del grupo parlamentario del BNG, Ana Pontón, defendió que su grupo no apoyaría la ILP por la "profunda carga ideológica" que subyace detrás pese a los intentos de sus promotores de presentarla como algo más inocente. Lo cierto es que lo que se vio plagado de ideología, y además falsaria, era su argumentación: ni el aborto es un derecho ni la mujer es libre para decidir sobre el aborto, partiendo de que en la mayoría de las veces no se da el consentimiento informado, ya que no se le proporciona información previa sobre la realidad violenta del aborto.

Así, Pontón expuso que en el argumentario de la iniciativa se calificaba al aborto como una de las principales causas de defunción, y señaló que el texto esconde una "línea discursiva regresiva, contraria las recomendaciones da OMS, que pretende recortar derechos y que es contraria al derecho de las mujeres a decidir en libertad". En este sentido, lamentó la postura del PP, que calificó de "paso atrás", al apoyar "una iniciativa que dice que abortar es cometer asesinatos". "Eso sí que es radical", ironizó en relación a las críticas vertidas por el nuevo portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, hacia su grupo.

Pontón señaló que quien impulsa la iniciativa es el Foro Español de la Familia, que se ha posicionado en contra de los anticonceptivos; y defendió que ya existen iniciativas de apoyo a las mujeres embarazadas en Galicia que, en todo caso, deberían ser reforzadas, en vez de crearse "redes paralelas". La diputada del BNG recordó que la Ley de Igualdad aprobada por el Parlamento gallego "que protege el derecho a la maternidad".

Rechazo socialista en su defensa del aborto

Por su parte, la diputada del PSdeG Laura Seara coincidió en señalar el "profundo fondo reaccionario" y el "oportunismo político" de la iniciativa -contraria, afirmó, al Gobierno de Rodríguez Zapatero-, indicando que "nada tiene que ver ese carácter informativo que vendieron", sino que es claramente antiabortista. Al respecto, indicó que "hay una agenda oculta y unos intereses muy calculados en este texto", añadiendo que "un programa Red Madre fue puesto en marcha por el ‘Foro de la Familia'", que desarrolló una campaña de recogida de apoyos bajo el lema "Tu firma es su vida".

La diputada socialista desglosó las organizaciones que apoyan la iniciativa, entre la que destacó una presidida por Margarita Fraga Iribarne, recordando que había paralizado una iniciativa del PSdeG sobre la píldora postcoital durante el último gobierno de Fraga en la Xunta. En su exposición, Seara defendió el derecho de las mujeres a "decidir libre e informadamente sobre su maternidad".

Desde el PPdeG, Paula Prado calificó la iniciativa de "bienintencionada", añadiendo que "no cuestiona otros derechos y no obedece a consideraciones morales". Además, afirmó que llevaba casi dos años retrasada por el bipartito, ya que -tal como confirmaron después sus promotores-, fue presentada en el año 2007 con el apoyo de más de 22.000 firmas.

En un encendido discurso, Prado criticó las posiciones de la izquierda política al respecto, aludiendo a un supuesto "desprecio a las mujeres embarazadas al que tanto contribuye la izquierda seguidora de las tesis de Simone de Beauvoir" y llegando ha señalar que es esa misma izquierda que opina que la maternidad era una imposición masoquista.

Tras la aprobación, María Trigo, una de las promotoras de la iniciativa, destacó el "gran momento" logrado tras el "largo proceso" iniciado hace dos años, y subrayó que "es una nueva etapa en Galicia para el derecho de la mujer para que pueda vivir con mucha más información". Asimismo, pidió a los grupos parlamentarios que "enriqueciesen" la norma con "grandes aportaciones" y descartó que el colectivo esté "vinculado a ningún grupo religioso". Proposiciones similares a esta han sido aprobadas en Castilla y León o Valencia, comunidades gobernadas por el PP.