El Consejo de Ministros trata hoy el informe de los expertos proabortistas

El Consejo de Ministros trata hoy el informe de los expertos proabortistas

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Aído ya ha anunciado que el anteproyecto de ley se presentará antes del verano.

REDACCIÓN HO / EUROPA PRESS.-  Esta mañana se lleva a Consejo de Ministros el informe del llamado Comité de Expertos (1), equipo de personas que asesora al Gobierno sobre la reforma de ley del aborto, todas ellas pro abortistas, que propone que los abortos puedan cometerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo. En el texto del grupo de asesores del Gobierno se plantea además ampliar el límite hasta 22 semanas cuando exista "un grave peligro para la vida o salud de la embarazada" -ya se ha visto como este supuesto ha servido de coladero para todo tipo de fraudes de ley- y cuando se detecten "graves anomalías" en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen médico con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la operación. ¿Y qué médico que tenga intereses en la industria del aborto va a ser objetivo?

Según explicó uno de los asesores de Aído, el doctor Javier Martínez Salmeán, la decisión de la mujer en el periodo de 14 semanas debe ser "libre e informada". "Habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida", añadió. ¿Informarán también de las graves secuelas que puede generar el aborto para la mujer y de la realidad del aborto? Poco probable, cuando ya empiezan a acudir a eufemismos para negar la realidad de esta tragedia: el propio Martínez Salmeán añadía que por encima de las 22 semanas no se estaría hablando de aborto, sino de un "parto inducido" en el entorno de la medicina perinatal. En el caso de "malformaciones incompatibles con la vida" -nueva vía para burlar la legalidad, aparte de que el diagnóstico siempre está sujeto a error e ignorando los grandes adelantos médicos actuales y negando la razón misma de la profesión médica-  y que se han diagnosticado más allá del límite de las 22 semanas, los expertos proponen que la interrupción se pueda hacer hasta el final.

Además, el comité apunta hacia la despenalización del aborto, lo que incluye atenuar las penas a terceros y que en ningún caso se establezca prisión. Junto a  ello, los "expertos" de Aído ignoran los derechos de los padres o tutores al recomendar que se reconozca la autonomía en la decisión a las jóvenes a partir de los 16 años sin que sea necesaria su autorización, y además aboga porque las menores tengan acceso libre a los métodos de control de la natalidad, con mención específica a la abortiva píldora postcoital sin necesidad de receta médica y a los preservativos gratuitos. La ministra justificó esta postura diciendo que una joven de esa edad "puede casarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y responsabilidad penal".  No es el único derecho constitucional despreciado: también plantean que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud.

A tanta llega la barbarie y la falsedad que la ministra Aído llegó ayer al extremo de afirmar que la nueva ley pretende proteger la vida del no nacido, "cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre". Un criterio que cae por su propio peso: ¿es que por el mismo criterio serían "suprimibles" los miles de enfermos dependientes, como podrían ser quienes sufren una parálisis cerebral, que necesitan de la asistencia de otros para vivir? ¿Y defienden mientras la Ley de la Dependencia?

Junto a ello, y al tiempo que pretender cargarse la objeción de conciencia, afirmaban que la reforma trata también "de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad".  

El anteproyecto de ley se presentará antes del verano, según anunció la ministra de Igualdad.

NOTAS:

  • (1) El comité está compuesto por: José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón; Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés; María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género; José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla; Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo; Francisco Donat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Como representantes del Gobierno, también formaron parte José Luis Rodríguez Álvarez, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia; Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán, asesores del Ministerio de Justicia; José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad; y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.