El decreto de confidencialidad abre la ampliación de la ley del aborto

El decreto de confidencialidad abre la ampliación de la ley del aborto

El Gobierno adopta la vía del Real Decreto, sin trámite parlamentario, para obligar a las clínicas a suprimir los datos personales de los expedientes de aborto e identificarlos con un código. La medida será, además, retroactiva.

REDACCIÓN HO Y ABC.- Se ha dado el primer paso. Con la aprobación ayer en Consejo de Ministros de un Real Decreto que garantizará la confidencialidad de los datos de las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo, el Gobierno ha abierto el camino para una reforma de la actual ley del aborto, cuyo primer proyecto de borrador podría estar disponible en el primer semestre de 2009.

Varias son las posibilidades que se pueden barajar, pero, entre todas, de la que siempre más se habla es de una posible ley de plazos que permitiría abortar libremente durante las 12, 14 ó 16 primeras semanas de embarazo.

Es decir, no se precisaría ningún supuesto para interrumpir la gestación, ni sería necesario alegar causa alguna. A partir de ese plazo, el aborto se practicaría, hasta otro límite determinado, en los casos de riesgo para la salud de la madre o por malformaciones del niño.

Sea como fuere la fórmula escogida, es seguro que se acometerá una revisión de la ley, como informó ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

«Todo esto se va a analizar y evaluar —dijo— y con esa evaluación, lo que vamos a proponer, porque sabemos que ya hay algunas cosas que no están funcionando bien, es una modificación que, recogiendo las mejores experiencias de nuestro entorno europeo en el ámbito de las indicaciones y leyes de plazo, de más garantía y seguridad» a las mujeres y a los profesionales de la sanidad.

Como reconoció la vicepresidenta, se trata de acometer una «reforma más ambiciosa de la ley».

Política de hechos consumados

Por ahora, con el Real Decreto de confidencialidad se sientan las bases. Esta iniciativa será consultada a las asociaciones de mujeres y al Consejo de Estado, pero no necesita trámite parlamentario. Por tanto, no tendrá marcha atrás.

El Real Decreto, presentado también por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, establece el secreto de los datos de las mujeres que aborten.

Para ello, los centros públicos y privados deberán separar el historial clínico de los datos de carácter personal —nombre, apellidos, dirección, etcétera—. Estos últimos quedarán ocultos con un código, que se entregará a la mujer al inicio de la consulta y que sólo podrá ser desvelado por una autorización judicial. En la historia clínica aparecerá ese código.

Esta propuesta podrá entrar en vigor a finales de año y tendrá caracter retroactivo, es decir, que las mujeres que ya hayan abortado podrán solicitar su código al centro que les practicó la intervención.

El Gobierno defiende esta iniciativa por un segundo motivo.

Dice que además garantizará una serie de criterios comunes de calidad en la asistencia médica a las mujeres que se sometan a un aborto.

Se refiere a que hay servicios de salud de comunidades autónomas que tienen conciertos con clínicas privadas y tendrán que asegurarse de que estos centros cumplen unos requisitos mínimos. Todas las clínicas deberán realizar pruebas como una consulta toco-ginecológica, analíticas, ecografías antes y después de la intervención, monitorización cardiaca y un seguimiento tras practicar el aborto.

Las reacciones

Con este Real Decreto, el debate sobre la reforma de la ley del aborto se reabre otra vez. De hecho, la Federación Española de Asociaciones Pro Vida ofreció también ayer una rueda de prensa demostrando sus «dudas» sobre «la constitucionalidad de una posible ampliación de los supuestos de la interrupción voluntaria del embarazo», como manifestó su presidenta, Alicia Latorre, para quien el aborto libre atentaría contra el derecho a la vida protegido por la Constitución.

Tampoco el Real Decreto contó con el apoyo de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), pues su presidente, Santiago Barambio, teme que la medida sirva sólo para «complicar la vida a las clínicas», pues estos centros «nunca han facilitado datos» si no ha sido por mandato judicial.