La justicia frena a la Sanidad Andaluza que pretende prohibir la objeción al aborto

Ginecólogos por el Derecho a Vivir recibe con satisfacción este freno a la pretensión de obligar a los médicos a ser cooperadores necesarios en la destrucción de vidas humanas.

REDACCIÓN HO.-  El Dr. Esteban Rodríguez, portavoz en Andalucía de Ginecólogos DAV, muestra su apoyo y solidaridad a todos los médicos de familia andaluces que luchan pacíficamente  en defensa de la lex artis para que no se les obligue a implicarse directamente en ninguna de las fases (selectiva, consultiva, preparatoria o ejecutiva) de un proceso que conduce a la muerte de seres humanos y que lesiona la salud de la mujer. "Un Parlamento, un Ministro, un Consejero, un Gerente o una Sociedad Científica no pueden erigirse en el dueños de la conciencia profesional de los administrados en una democracia, más aun cuando la objeción se fundamenta en razones científicas. La administración no tiene derecho a convertirnos  en piezas de una maquinaria ideológica, que, en contra de la deontología médica, sostiene que el médico tiene la obligación de facilitar la muerte cuando se le solicite" .

"Facilitar la destrucción de la vida humana, u omitir el deber de socorro frente a un ser humano en riesgo de morir a causa un procedimiento abortivo, no forma parte de las funciones de ningún médico. No somos soldados, ni policías, ni verdugos, somos médicos y nuestra misión primordial  es salvar vidas. Por el contrario, tratar de evitar abortos es un acto médico de gran dignidad que salva vidas y evita secuelas para la salud de una mujer". 

El Doctor Rodríguez, primer objetor en los tribunales a los programas de diagnóstico prenatal vinculados al aborto, aclara que "ante leyes o programas institucionales que tratan de subvertir la ética médica, lo mínimo que debe hacer un médico es plantear  la objeción de ciencia, y si ésta no se tiene en consideración, recurrir a la objeción de conciencia como derecho fundamental que debe ser respetado en cualquier Estado de Derecho". 

"Es una gran noticia que los tribunales andaluces hayan reconocido, de nuevo, la suspensión cautelar de la resolución administrativa de un gerente empeñado en obligar a los médicos a ser cooperadores necesarios de la destrucción de vidas humanas". El Dr. Rodríguez cuenta con una medida cautelar similar que le exime de participar en la fase selectiva de los abortos eugenésicos que discriminan a los seres humanos por razones de edad o de salud tras un diagnóstico prenatal. Tal resolución ha sido ratificada por el TSJA a pesar de los intentos del Servicio Andaluz de Salud de restringir los derechos fundamentales de un ciudadano por el hecho de ser médico. 

La resolución 1763 del Consejo de Europa establecía que ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar, colaborar o asistir en la práctica de un aborto, la realización de un aborto involuntario o de emergencia, eutanasia o cualquier otro acto que pueda causar la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón. 

De la misma manera reconocía que el derecho a la objeción debe ser garantizado por el Estado que también deberá garantizar las prestaciones legales, pero de ninguna manera se puede obligar al médico a ser el garante de la prestación: La Asamblea Parlamentaria enfatiza la necesidad de afirmar el derecho a la objeción de conciencia junto a la responsabilidad del Estado de asegurar que los pacientes tienen un acceso adecuado a la atención sanitaria prevista por la ley. 

Ginecólogos por el Derecho a Vivir es una plataforma de más de medio millar de profesionales que tiene como objetivo proteger la vida y la dignidad de sus pacientes embrio-fetales, colaborar con ayuda directa a las madres gestantes en dificultades y servir de apoyo a los profesionales que ven conculcado su derecho a objetar.