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Vie, 25/05/2012 - 15:55h

DAV: "El caso Morín es tan sólo la punta del iceberg del despiadado negocio del aborto en España"

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"Es necesario perseguir el fraude de ley permanente de los empresarios del aborto. Una vuelta a la ley del 85 no es suficiente para frenar los desmanes de los patronos de la industria del aborto", afirma la Dra. Joya.

MADRID, 23 DE FEBRERO DE 2011.- Las conclusiones a las que ha llegado la juez de Barcelona Elisabet Castelló al finalizar su instrucción en la causa abierta contra el empresatio abortista Carlos Morín, iniciada en 2006 son escalofriantes. Como afirma la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, “no son más que el ejemplo palmario del despiadado negocio del aborto en España y la punta del iceberg de todo el descontrol que se ha permitido”.

Como  informa hoy La Razón en una noticia recogida por HO,  la juez concluye que, ni siquiera aplicando de forma retroactiva la actual ley del aborto, hecha por petición y a medida de la industria del aborto, los desmanes de Morín en Barcelona se ajustan a la legalidad vigente, por permisiva que esta sea. Así lo explica la juez:

“Se han aportado a la presente instrucción indicios de la existencia de una asociación ilícita entre todos los imputados, de manera permanente y estable para la práctica de intervenciones abortivas, sin cumplir ninguno de los requisitos legales”.

Este hecho choca con las razones esgrimidas por el juez que siguió el caso en Madrid, que lo archivó -carpetazo al caso que está recurrido- por entender que Morín se ajustaba a la “ley Aído”, aplicada de forma retroactiva. “No tiene sentido que Morín respete la legalidad en Madrid cuando parece que no lo hacía en Barcelona”, ha denunciado la doctora Joya.

¿Quién controla a los empresarios del aborto?

Según recuerda la portavoz de Derecho a Vivir, la ley del aborto vigente “da cobertura legal al fraude de ley continuado en el que los empresarios del aborto incurrían a cuenta del tercer supuesto despenalizador de la ley del 85”. Pero añade que “ahora, además, se introduce un nuevo ‘coladero’ que es el mismo plazo de aborto libre. ¿Quién controla ahora que el empresario abortista no incumple el pazo máximo de aborto libre? Nadie”.

Por eso, explica Gádor Joya, “es necesario tener en cuenta tres puntos imprescindibles", y cita: 

  • La Ley Aído es mucho más nociva que la legislación anterior, en cuanto que ampara el fraude de ley anterior y permite un nuevo fraude mucho más fácil de realizar.
  • Es preceptivo que las Comunidades Autónomas persigan desde ya la comisión de delitos como los de Morín y dejen de mirar para otro lado, como han hecho en gran medida hasta ahora.
  • Una posible vuelta a la legislación del 85 no resuelve nada, porque seguirá permitiendo un descontrol absoluto al servicio del lucro despiadado de los empresarios del aborto”. 

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CFuencisla Mié, 23/02/2011 - 13:40h

El Auto que ha dictado la

Enviado por teresa de jesus el Mié, 23/02/2011 - 19:29

El Auto que ha dictado la Juez de Barcelona es un hecho histórico en España, y una muy buena noticia para el movimiento pro-vida.

¡Enhorabuena a todas las entidades denunciantes!.

Comparto todos los Razonamientos Jurídicos del Auto, me parecen excelentes; por primera vez una Juez de Instrucción trás una larguísima investigación, desvela el fraude de ley que se ha estado cometiendo en España tanto teniendo en cuenta la anterior legislación como la nueva.

El siguiente paso será la apertura del Juicio Oral, espero que por las entidades denunciantes acusadoras se solicite la inmediata detención de los 13 imputados que tendrian que llevar ya muchos años en la carcel, ahí es donde deben de estar; y que como Medida Cautelar urgentísima se clausuren inmediatamente todos los abortorios que regentan ante el evidente peligro de que se continuen cometiendo los mismos delitos como se ha hecho hasta ahora.

Tambien y según el probable resultado de esta investigación y la Sentencia que en su momento se dicte; se podrian reabrir las actuaciones por el mismo asunto que fueron Archivadas en Madrid.

Tenemos que continuar con la oración y apoyar mucho esta causa. Existe un principio constitucional de seguridad jurídica, y son los Jueces y Tribunales quienes tienen que velar por el cumplimiento de la ley en todos sus ámbitos, como ocurre con el resto de las leyes que nos aplican a todos los españoles de forma estricta; y no que sean los propios abortistas quienes lo controlen con sus únicos despiadados intereses de lucrarse económicamente amasando grandes fortunas con el negocio de la muerte, denominado sin ningún pudor por el gobierno "coladero legal"; y "paraiso abortista" por el Consejo de Estado. 

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