Según datos recogidos por Profesionales por la Ética (PPE) y el Foro Español de la Familia (FEF), al que está adscrito HO, entre abril y julio de 2007 se han presentado al menos 15.000 objeciones de conciencia de padres que se oponen a que sus hijos reciban la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), con un  ritmo que se traduce en unas 125 objeciones diarias. Es el mayor moviento de objeción de conciencia en la historia europea tras el del servicio militar. Como manifiesta Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de PPE, este ritmo se incrementará a lo largo de este curso a medida que los padres conozcan el propósito adoctrinador de Educación para la Ciudadanía y crecerá año tras año, a la vez que se implante la asignatura en todas las comunidades autónomas.

REDACCIÓN HO.-  De hecho, las asociaciones promotoras de la objeción de conciencia están registrando las objeciones presentadas en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, y esperan poder disponer de datos actualizados de objeciones en el transcurso del mes de octubre. PPE, al igual que otras plataformas ciudadanas que defendemos este derecho, ha mantenido en contacto con padres objetores de diferentes puntos de España.
Los alumnos deben quedar a cargo del centro.

En las Comunidades Autónomas en las que se iniciaba la asignatura se han producido anécdotas para todos los gustos. En el Colegio Vera Cruz de Jaén, perteneciente a FERE, se habla con toda naturalidad, sin prejuicios, de los distintos tipos de orientación sexual.  En el Instituto Javier de Uriarte, del Puerto de Santa María (Cádiz), el director ha pretendido que los padres objetores se hagan cargo de sus hijos durante la clase de Educación para la Ciudadanía; un fax urgente de la Asesoría Jurídica de los padres objetores ha permitido que los alumnos permanezcan en el centro. A juicio de Fernández de Alarcón, "la cuestión es seria, porque si los padres se llevan a sus hijos durante el horario escolar, mañana les acusarán de absentismo; por eso estamos insistiendo en que durante la clase de Educación para la Ciudadanía, los hijos de padres objetores deben quedar a cargo del centro".

Asesoría y asistencia jurídica a los padres

Las asociaciones promotoras de la objeción de conciencia están atendiendo numerosas consultas de padres y estudiando o ejerciendo acciones legales contra aquellos que pretendan impedir este derecho constitucional de los padres. Así, por ejemplo, PPE estudia emprender acciones legales contra el director del I.E.S. Las Rozas I (Madrid) en carta dirigida a padres objetores niega que éstos puedan "decidir la asistencia o no de sus hijos a ninguna asignatura que figure en el plan oficial de estudios" y afirma que los institutos no pueden atender las objeciones ni organizar actividades a la carta. En este caso se podría presentar una querella criminal por comisión del delito previsto en el artículo 542 del Código Penal (derechos cometidos por funcionarios públicos contra derechos individuales). 

Por su parte, PPE Andalucía ha detectado anomalías en algunos centros de la Comunidad en los que se está impartiendo Educación para la Ciudadanía en 5º de Primaria cuando, en realidad, no corresponde hasta el curso 2009-2010. Miguel Gómez de Agüero, presidente de PPE en la Comunidad andaluza, cree que estos errores se deben a la improvisación de la Junta de Andalucía, que publicó los decretos que desarrollaban los contenidos de Educación Primaria y Secundaria el 30 de agosto.

Campaña informativa

Además está la campaña informativa sobre Educación para la Ciudadanía. El pasado 21 de septiembre, más de 500 personas asistieron a un acto sobre la polémica asignatura celebrado en Granada. Solo entre septiembre y octubre hay más de veinte actos  programados en diversos puntos de España. Para Fabián Fernández de Alarcón, "se está produciendo una movilización social sin precedentes porque Educación para la Ciudadanía constituye una intromisión inadmisible en el ámbito de la moral y las convicciones y los padres se están dando cuenta de ello.