Los objetores a EpC rechazan las nuevas amenazas de la Junta de Castilla-La Mancha

Las amenazas de la consejera Mª Ángeles García de suspender a sus hijos carecen de  fundamento legal, recuerdan los objetores, que le reprochan que se obsesione por ellos y no por la crisis educativa.

REDACCIÓN HO.- María Ángeles García, Consejera de Educación de Casilla-La Mancha, realizó el pasado jueves en la comisión de Educación y Ciencia de las Cortes regionales, unas declaraciones que han sido criticadas por Concapa de Albacete, confederación que lidera el movimiento familiar objetor en la provincia.  Tras explicar las principales políticas de su departamento, la consejera aprovechó para defender a los profesores de Educación para la Ciudadanía (EpC) frente a las acusaciones de adoctrinamiento hacia la asignatura.

Cari Navarro, presidenta de Concapa de Albacete, contesta a sus afirmaciones indicando que "busca un enfrentamiento entre padres y profesores que no existe, pues la Consejera sabe que no objetamos a unos profesores ni dudamos de sus buenas intenciones sino que estamos objetando a unos decretos;  más bien al contrario, una mayoría de profesores y de libros de texto se están saltando la ley eliminando los contenidos adoctrinadores". Continúa Cari Navarro indicando: "pero no podemos estar al pairo de cómo sea un profesor o una editorial para defendernos: tal y como está en la ley, esta asignatura se inmiscuye en el derecho de las familias a ser distintas, a tener una identidad moral, y la negativa de la Administración a objetar frente a ella es lo que estamos recurriendo en los tribunales".

Respecto a las declaraciones de la Consejera minimizando los 81 estudiantes que no cursan la asignatura por decisión judicial en Albacete, Concapa recuerda que "es lógico que sólo las primeras familias en llevar su objeción a los tribunales sean las que cuentan actualmente con la tutela judicial, pero la realidad es que ya son 9.000 los padres que han manifestado por escrito a la Consejería su deseo de objetar, con  sus recursos en vía administrativa, por lo que no pueden acudir a la vía judicial. No obstante, no sorprende que la Consejera crea que la Justicia o los derechos son un cortijo de mayorías, es precisamente uno de los contenidos adoctrinadores que no queremos que impongan a nuestros hijos".

Por último, María Ángeles García afirmó en las Cortes que los objetores serían suspendidos si antes de finalizar el curso no se pronunciaba el Tribunal Supremo. CONCAPA lo considera inaceptable: "no sabemos si esta amenaza nace de la ignorancia o de la malicia, los autos judiciales dicen inequívocamente que nuestros hijos no pueden ser evaluados, luego ¿cómo van a ser suspendidos?", concluye Navarro.