Tras el escándalo Morín, se tramita la querella contra los ginecólogos Gerrit Jan Bosma y Rolín Julio Robles, directores  de varios abortorios del Centro Médico Aragón, otro gran emporio abortista, por un supuesto delito de asociación ilícita y aborto ilegal.

REDACIÓN HO / DOMINGO PÉREZ. ABC. MADRID / EL MUNDO / EFE. Tras destaparse hace unos meses el escándalo con el caso Morín, otra de las grandes empresas que controlan el inmenso negocio en que se ha convertido el aborto en España está ahora siendo investigada. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gerona admitió a trámite el pasado jueves una querella contra los ginecólogos Gerrit Jan Bosma y Rolín Julio Robles que dirigen varios centros  englobados en la sociedad Centro Médico Aragón, otro gran emporio abortista, por "un supuesto delito de asociación ilícita y aborto ilegal". Los hechos se destaparon a raíz de las declaraciones del psiquiatra Jaime Cañellas Galindo, que trabajó para los demandados y sobre cuyo testimonio ya informó HO el 18 de enero de 2007.

El supuesto de salud psíquica, de nuevo un coladero para la ilegalidad

El supuesto más utilizado en España para abortar es el que pretende preservar la salud psíquica de la embarazada. Se ha convertido en el gran coladero de la ley. Acogiéndose a este ambiguo precepto, que precisa del dictamen previo de un psiquiatra para confirmar el problema psíquico, losa abortos se realizan con total impunidad casi en cualquier semana de gestación.

Lo malo es que en muchos casos esos informes psicológicos en realidad nunca se llevan a cabo o se convierten en un mero trámite. Los psiquiatras cobran por informe realizado y, como ha quedado atestiguado en diversas intervenciones, habitualmente los dictámenes estaban ya firmados y datados con el nombre de la mujer en blanco, sólo a la espera de que llegara alguna cliente y se añadiera su identidad, acto que a menudo realizaba la enfermera de turno.

El testimonio del arrepentido, que ahora deberá refrendar ante la juez, vino en su día a confirmar lo que todo el mundo sospechaba. Cañellas colaboró con la clínica Aragón entre diciembre de 2004 y agosto de 2005. En el centro abortista le pagaban 16 euros por informe positivo (en la mutua para la que trabajaba entonces recibía 15 euros por consulta). Señaló que era "constantemente presionado para que no pusiera trabas a los abortos y tuviera manga ancha". Aseguró asimismo que alguien falsificó su firma para dar vía libre a abortos sin su consentimiento. De hecho, informes supuestamente firmados por él con el nombre de la paciente en blanco aparecieron en la basura.

Informes falsos, restos de fetos... todo acababa en la basura

Las causas abiertas contra los abortorios Aragón siguen, además de un proceso judicial, otro administrativo. Desde febrero de 2007 consta en la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña una denuncia contra los centros abortistas Aragón, dirigidos por Gerrit Jan Bosma y Rolín Julio Robles. Se les acusa de un incumplimiento sistemático y reiterado de la ley que regula el tratamiento de los residuos biosanitarios.

Se alertó a la Consejería catalana de Salud de que en estas instalaciones todo acababa en el cubo de la basura: desde las listas de los abortos efectuados en el día hasta informes psicológicos ya preparados y firmados en blanco. Desde datos personales de las clientes, pasando por todo tipo de material quirúrgico ensangrentado, llegando hasta restos humanos.

Para sustentar esta denuncia de orden administrativo -puesto que arrojar todo lo señalado (y más) a los contenedores habituales de la calle no puede ser perseguido penalmente-, los voluntarios, miembros de la Plataforma La Vida Importa, que se dedicaban a rebuscar en la basura para descubrir y denunciar los abusos del aborto, recurrieron a un notario que les acompañó en su macabra tarea.

Fotografías delatoras

ABC ha tenido acceso al acta notarial de presencia elaborada el 20 de febrero de 2007 por la notaría Bosch-Bagés que comienza de la siguiente forma: "Me requiere a mí, el Notario, para que constituya ante el contenedor de residuos orgánicos, que se encuentre más cercano al Centro Médico Aragón, sito en la calle Viladomat, número 158, de Barcelona...".

En el frío lenguaje notarial se va desgranando y completando la larga lista de restos encontrados. Las palabras no son muy expresivas, pero sí las fotografías que fueron incorporadas al acta: bolsas de basura que se retiraban de los contenedores que se abrían; compresas ensangrentadas; cajas de medicamentos abortivos (en las interrupciones más avanzadas hay que provocar el parto para luego poder practicar el aborto); jeringuillas; sábanas quirúrgicas con todo tipo de restos orgánicos... Todo en medio de la calle, al alcance de cualquiera. Que se sepa, la Consejería de Salud catalana todavía no ha tomado ninguna decisión sobre estos hechos.

La búsqueda de estas pruebas de la impunidad de los abortistas se completó con cierta regularidad, al menos una noche por semana durante varios meses. Los hallazgos llegaron a ser tan espeluznantes como manitas o piececitos. En una de las imágenes a las que ha tenido acceso ABC los especialistas en ginecología consultados aprecian claramente un pulmón y otras vísceras de fetos.

Ya fue sancionado por irregularidades y el Gobierno indultó a sus responsables

No es la primera vez que se detectan irregularidades en el Centro Médico Aragón.

El 26 de febrero de 2003, El Mundo informaba de la sanción impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a este centro, por importe de 1'7 millones de pesetas (más de 10.217 euros), concretamente a su centro en Barcelona, por múltiples y graves irregularidades al practicar operaciones y por deficiencias en sus instalaciones e instrumental: ni hacía análisis de sangre, ni tenía área de reanimación, ni tan sólo un ginecólogo permanente, destacaba el diario. Con ello, La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC confirmaba las sanciones que le impuso la Generalitat en 1997 por dos faltas graves de la normativa sanitaria. Las sanciones fueron fruto de las inspecciones efectuadas a la clínica en 1995 y 1996 y que, según la sentencia, constataron una serie de irregularidades, algunas de ellas de carácter grave.

La agencia EFE añadía entonces a esta información que el Centro Médico Aragón estuvo dirigido por los médicos Gerrit Jan Bosma y Rolin Julio Robles, que fueron condenados en 1990 a dos años de cárcel aunque en 1998 el Gobierno les concedió un indulto parcial que evitó su ingreso en prisión.