La Junta de Castilla y León se plantea generalizar la exención provisional en EpC

El gobierno de Herrera ha encargado a sus servicios jurídicos que estudien esa posibilidad, reclamada por los representantes del movimiento objetor.

• El TSJ de Castilla y León emite 12 autos que amparan a los objetores a EpC
• La Junta de Castilla y León aplicará la exención provisional en EpC a 106 alumnos

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.-El gobierno regional castellano-leonés presidido por Juan Vicente Herrera parece tener intención de rectificar su actitud para con los objetores a Educación para la Ciudadanía, tras haberse conocido ayer los 12 primeros autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que afectan al ejercicio de ese derecho por parte de los padres y que amparan con medidas cautelares a 16 alumnos.

Como informó HO, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL), al dictar esas resoluciones, dejó provisionalmente sin efecto la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía (EpC) para 16 hijos de familias objetoras de la región y, pocas horas más tarde, la Junta anunció que aplicaría esta decisión a 106 alumnos de la Comunidad cuyos padres han planteado ante la Consejería de Educación recurso de reposición contra la inicial denegación administrativa del reconocimiento de la objeción, que en su día recibieron de la Consejería de Educación firmada por el propio consejero, Juan José Mateos.

El abogado de muchos de los objetores castellano-leoneses, Francisco José Ramos Vega, criticaba en la tarde del miércoles que esa decisión no se aplicase de forma generalizada. El letrado estimaba que la medida anunciada por la Junta sería claramente injusta y discriminatoria para aquellos que no han podido recurrir porque no tienen resolución que impugnar, puesto que la Consejería había dejado de dictar resoluciones sobre las declaraciones de objeción que las familias habían planteado ante ella. Por esa razón, Ramos insistía en que la suspensión de la obligación de cursar EpC debía hacerse extensiva a todos los objetores, o al menos a aquellos cuyos hijos se encuentran estudiando alguno de los cursos en que se imparte EpC, bajo cualquiera de sus denominaciones.

Hoy se ha sabido que los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León estudian la posibilidad de ampliar la suspensión cautelar acordada por el TSJCyL sobre la obligación de cursar las asignaturas de EpC incluso a los alumnos objetores cuyas familias no han presentado recurso de reposición.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, trasladó la decisión de la Junta de no recurrir el auto del TSJCyL conocido ayer e insistió en que sobre la aplicación de esta asignatura la Junta siempre ha mantenido un discurso "coherente", "plenamente legal" y "responsable".

"No nos gustaba nada la asignatura y la dimos por imperativo legal", aseveró el portavoz, quien explicó que con esta medida cautelar se da "paraguas jurídico" a los objetores, aunque recordó que sobre este tema deben pronunciarse el Tribunal Supremo y el Constitucional.

El portavoz del gobierno regional castellano-leonés insistió en que, hasta conocer la decisión acordada por el TSJCyL, la Junta sólo podía trasladar a los objetores que aquellos alumnos que no cursaran Educación para la Ciudadanía no podrían conseguir sus títulos y ahora existe una "cierta" protección legal para quien "libremente" ha decidido objetar.

De Santiago-Juárez aseguró, ante las advertencias del PSCL, que la Junta está siendo "extremadamente prudente" con el auto del TSJCyL y pidió a los responsables socialistas que ejerzan la misma prudencia y "no sometan al sistema educativo a las tensiones".

Por último, el portavoz de la Junta destacó el grado de "inseguridad" generado por el gobierno Zapatero por "introducir a capón" esta asignatura y advirtió de la "falta de sensibilidad" del mismo por "negarse a negociar en esta materia".