El Gobierno apoya a los abortuorios cerrados e investigados por el juez

La Asociación ACAI, que reúne a 31 abortuorios españoles, tuvo ayer el privilegio de ser recibida por los ministros de Sanidad y  de Justicia. Encuentros muy cordiales, en los que curiosamente estuvieron presentes representantes de los centros que están siendo investigados judicialmente. De la Vega redondeó este apoyo a tres bandas al falso victimismo abortista.

REDACCIÓN HO- Como informa Domingo Pérez en ABC, entre los presentes se encontraban las clínicas Dator, sobre la que pesan varias denuncias; El Bosque, investigada por supuestos abortos ilegales y otras irregularidades, e Isadora, en cuyos cubos de basura la Guardia Civil encontró todo tipos de restos clínicos y varios fetos de más de siete meses de gestación, circunstancia que se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario. Esta segunda causa es la que ha hecho que un Juzgado de Madrid llame a declarar en calidad de testigos a 25 mujeres, antiguas clientes de este centro. Además, la clínica Mayrit, cerrada cautelarmente por la Comunidad de Madrid, también pertenece a ACAI. "Por primera vez un político nos ha agradecido la labor que desempeñamos", señaló la presidenta de ACAI, Eva Rodríguez al finalizar la reunión con Bernat Soria, según titula el diario Público.

Acorde con su programa

Resulta cuanto menos extraño -se podría estudiar si incluso constituye un delito, HO está en ello- que dos ministros reciban a representantes directos de clínicas inmersas en procesos judiciales, cuanto menos es un exceso y una imprudencia por parte de gobernantes públicos, que dice poco en aras del respeto a la independencia que se debe brindar a la actuación de la Justicia.

En este sentido, cabe recordar también que pese al "periodo de reflexión" que decía Zapatero que se iba a tomar su partido antes de incluir posibles reformas de la ley del aborto en su programa electoral, no cabe el engaño: finalmente, hay una decidida apuesta por encaminarse hacia la legalización del aborto libre: El PSOE quiere saldar el escándalo público producido por el incumplimiento sistemático de la Ley de despenalización del aborto por parte de las clínicas "echando más leña al fuego", ampliando el aborto con una nueva Ley "de plazos", una norma que probablemente sería tachada de inconstitucional, si nos atenemos a lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Pero los sectores feministas y sus votantes más extremistas quieren más. Para satisfacerles y prueba de que no caben otras interpretaciones a su programa,  el Gobierno escenificaba ayer un escenario de apoyo a tres bandas con Bernat Soria, Mariano Fernández Bermejo y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Un apoyo a tres bandas

Así, Soria describía ayer en Punto Radio las intenciones del Gobierno: "Después de las elecciones se estudiará la modificación de la ley del aborto para dar respuesta al debate social". Además, no reparaba en escrúpulos al desvelar cuál es la intención real del Gobierno, la de ir a una ley de plazos: "se estudiará la modificación de la ley del aborto y, si se opta por una ley parecida a la alemana, pues a lo mejor es el momento de cambiarla".

Cada uno con su papel, De la Vega repitió ayer en declaraciones a RNE que no va "tolerar que se vulneren los derechos fundamentales de las mujeres, como el de la intimidad. Ni que se añada más dolor a las mujeres". Para ello ha puesto a trabajar al Fiscal General del Estado. Y abrió la puerta a un cambio futuro: "estamos dispuestos a adoptar las medidas necesarias para que la ley cumpla el objetivo que tiene que cumplir".

Y los de ACAI, mientras, felices. Escucharon todo tipo de parabienes de los ministros. Especialmente de Soria que, según las clínicas, se mostró "muy sensible y preocupado" y se comprometió a plantear el "debate del aborto" a las comunidades. ACAI, pese a que Bermejo garantizó la intimidad de las testigos citadas por los jueces, amenazó con una "gran cascada de autoinculpaciones que atascarán los juzgados". En este sentido, según sigue informando ABC, la vicepresidencia de la Xunta gallega, en manos del BNG, decidió, según informa Érika Montañés, poner totalmente gratis sus servicios jurídicos a disposición de las mujeres que, como ocurrió en Vigo el martes, se autoinculpen de haber abortado al margen de la ley, o para aquéllas que han sido citadas "como testigos o imputadas".

También a través del fiscal general

Mientras, semanaldigital.com apunta otro apoyo: la "preocupación" del fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, expresada ayer por teléfono al responsable de la Fiscalía de Madrid, Manuel Moix, para que se respeten "los derechos" de las mujeres abortistas. Ni el más mínimo interés por parte del Gobierno en que se profundice en la investigación de un delito, ni en exigir el cumplimiento de la Ley del aborto en España, que está dispuesto a modificar en una próxima legislatura.

Al servicio de los delincuentes

En este contexto, el Foro Español de la Familia acusó al Gobierno de "ponerse al servicio de presuntos delincuentes" y anunció que había solicitado a ambos ministros sendas reuniones "para reflexionar sobre cuestiones que atañen a la sociedad española en materia de familia y vida". En este mismo sentido se pronuncia la plataforma científica Hay Alternativas, que pide respeto para la actuación judicial y recuerda que ante el aborto hay que plantear alternativas de apoyo a la mujer embarazada. "El permisivismo ante el aborto no genera otra cosa que más aborto, que siempre es una tragedia, también para la mujer", afirma la portavoz de la plataforma, la doctora Dador Joya.