La eutanasia amenaza el panorama sanitario andaluz

La eutanasia amenaza el panorama sanitario andaluz

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  Profesionales por la Ética alerta sobre la intencionalidad del "Anteproyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte" como legislación experimental que pretende abrir la puerta a la eutanasia.

REDACCIÓN HO.-  Tras el análisis del texto del anteproyecto, Profesionales por la Ética quiere manifestar lo siguiente:

  1.  Este anteproyecto legaliza, bajo determinadas condiciones, la eutanasia solicitada por un paciente, por lo que vulnera las exigencias del artículo 15 de la Constitución, al generar un supuesto "derecho a la muerte" que tanto el Tribunal Constitucional ("la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho", Sentencias TC 137/90; 120/1990) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia Pretty c/. Reino Unido, 29 abril de 2002) han negado reiteradamente.
  2. Contraría la Recomendación 1418 (1999) del Consejo de Europa, según la cual: "el deseo de morir expresado por el enfermo terminal o moribundo no puede constituir la base jurídica de su muerte a manos de un tercero" ni constituir "una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida."
  3. Vulnera el  artículo 2.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al incumplir las obligaciones positivas del Estado de poner los medios para evitar el menoscabo del derecho a la vida, y establecer excepciones al derecho a la vida no contempladas por dicho tratado internacional.
  4. Es contraria al Convenio Internacional de Oviedo, al no subordinar expresamente las intervenciones sanitarias al interés, beneficio o salud del paciente.
  5. Vulnera las exigencias el Artículo 11.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que obliga a no seguir las instrucciones previas del paciente que sean contrarias al ordenamiento jurídico y a la lex artis.
  6.  Contraría también las normas deontológicas de los profesionales sanitarios, obligando indebidamente a los mismos a respetar las preferencias del paciente en la toma de decisiones clínicas y omitiendo el derecho constitucional a la objeción de conciencia.
  7. Esta ley desdibuja los perfiles penales de la eutanasia, reduciendo su ámbito semántico y generando su progresiva aceptación social. Asimismo promueve una absoluta autonomía de la persona como fuente de pretendidos derechos inexistentes en el Derecho en vigor.
  8. Lo que se postula como una ley "a favor" de la dignidad de la persona acabará convirtiéndose en fuente ingente de conflictos por la desprotección de los profesionales sanitarios, de las familias e instituciones y de los propios pacientes en sus derechos fundamentales.
  9. No hay que olvidar que la ley afectará, no sólo a los centros sanitarios públicos sino también a las instituciones sanitarias con ideario, residencias de mayores, compañías de servicios médicos y aseguradoras.
  10. El objetivo, de facto, de esta ley es la modificación del régimen jurídico actual en materia de eutanasia, introduciendo en el ordenamiento jurídico español una norma-cuña que pretende consagrar un pretendido derecho "territorial" que haría de Andalucía un "referente" en la regulación de la muerte.
  11. La introducción del difuso y subjetivo concepto de "calidad de vida" es un cheque en blanco para otorgar al paciente la posibilidad (no reconocida por nuestro derecho) de exigir a terceros la cooperación al suicidio.
  12. La legalización de la eutanasia es una injusta presión sobre los pacientes más débiles, a los que se les abre la puerta del suicidio asistido para evitar sentirse como una carga social y familiar.
  13. Llama la atención el catálogo de sanciones por incumplimientos previstas en el anteproyecto de ley (hasta 1 millón de euros) en un tema de gran sensibilidad, sobre el que no existe un consenso social, y donde cabe prever graves conflictos de conciencia.

Por todo ello, Profesionales por la Ética recuerda a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la obligación de respetar el ordenamiento constitucional y europeo para cualquier desarrollo normativo autonómico y la necesidad de contar con los profesionales sanitarios y las comisiones deontológicas para cualquier propuesta de modificación del actual ordenamiento.