Bono defiende la reforma abortista para dar "seguridad jurídica a lo que es un hecho"

No entiende quien no quiere; la seguridad jurídica la merecen los derechos constitucionales, como la vida, la no discriminación, la objeción de conciencia, la protección de los menores o la patria potestad.

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REDACCIÓN HO.-  El éxito de la convocatoria de Marcha por la Vida en Madrid del pasado domingo 29, simultánea a la celebrada en otras 78 ciudades españolas e iberoamericanas, sigue evidenciando los nervios dentro del PSOE.  El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, trató ayer en Málaga de contemporizar con la reforma que promueve su partido, afirmando que no trata tanto de reconocer el ‘derecho a abortar' -un derecho por otra parte inexistente, como ha quedado claro con la doctrina del Constitucional, claramente fijada en sentencia del 11 de abril de 1985-, sino "de dar seguridad jurídica a lo que es un hecho".

El dirigente político se pronunció en estos términos en la capital de la Costa del Sol, a la que acudió en el marco del primer Foro Grupo Cope. En esta visita, opinó que "no es malo" que en cualquier legislación la seguridad jurídica sea un valor en el que se incremente y se crezca, al entender que "la actual Ley del Aborto ofrece flancos que deben ser corregidos".

Para el presidente del Congreso, pues, el atentado contra del derecho fundamental a la vida del no nacido, "bien que el Estado debe proteger según el artículo 15 de la Constitución; el abandono de la mujer que se enfrenta a embarazos problemáticos, abocándola así a la violencia del aborto y a los numerosos riesgos físicos y psíquicos que conlleva; la limitación del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario que se opone a realizar abortos en la sanidad pública; el facilitar la perpetración de abortos a menores sin el conocimiento ni siquiera de sus padres - que ven usurpado por el Estado su derecho y deber de cuidar y educar a los hijos menores de edad y la patria potestad sobre ellos hasta los 18 años-; la no discriminación por minusvalía o enfermedad, violentado los acuerdos internacionales que el Estado debe respetar... Todo ello, no merece seguridad jurídica, para el presidente del Congreso. Todo ello es secundario para Bono, y debe supeditarse a la protección jurídica de una praxis que sólo beneficia al negocio de la industria que lo promueve, a costa de eliminar la vida del nasciturus y del sufrimiento de la mujer.

"No me parece mal que se trabaje en la idea de un proyecto de plazos", añadía el presidente del Congreso, al tiempo que aseveraba que, personalmente y al margen de cualquier creencia religiosa o consideración moral, "ninguna mujer debe ir a prisión por abortar dentro de los supuestos despenalizados". Algo curioso, pues si Bono apela en su discurso a los "hechos", debería dejar la manipulación sensiblera de lado y recordar al mismo tiempo que ni una sola mujer ha ido a la cárcel desde que se comenzó a despenalizar el aborto, en 1985, sobra pues una reforma legal en este sentido.

Preguntado por la soledad del Gobierno en el Congreso, José Bono ha precisado que como presidente del mismo se esfuerza cada día en ser "neutral e imparcial" y ha anunciado que una soledad con 169 diputados es menor que la de los grupos que tienen menos representantes políticos en el órgano.