Abrazos contra la Vida, los derechos y la libertad

Aído y Jiménez refuerzan su colaboración proabortista y aseguran que se impondrá el aborto en la red sanitaria pública y concertada y su polémica decisión sobre las menores.

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REDACCIÓN HO / LD / Agencias.- Bibiana Aído y Trinidad Jiménez aseguraron ayer que la reforma de la Ley del Aborto que prepara el Gobierno garantizará que su comisión en todas las comunidades autónomas, en "igualdad de condiciones" para todas las mujeres. Esto significa que las intervenciones se realizarán "en todo el territorio" a través de la red pública o de la red concertada, dentro del Sistema Nacional de Salud. El derecho constitucional a la objeción de conciencia que formulen los sanitarios, despreciado.

Tras mantener un encuentro para reforzar su colaboración en ésta y otras cuestiones, la ministra de Sanidad y Política Social y la de Igualdad comparecieron juntas ante los medios de comunicación. Aído destacaba que los ministerios de Sanidad y de Igualdad están trabajando conjuntamente con los de Justicia y de Presidencia para la reforma de la Ley del Aborto porque la actual "es mejorable".

Reiterando argumentos demagógicos, añadía que el Gobierno presentará antes del verano el anteproyecto de reforma de Ley del Aborto para que ésta sea "más segura" y "sensata", se defina "con criterios de calidad y confidencialidad", y "proteja" por igual a las mujeres y a los profesionales médicos y sanitarios.

Por su parte, la ministra de Sanidad y Política Social insistía pese al fuerte rechazo social suscitado que se mantendrá la decisión de que las jóvenes de 16 años puedan decidir con autonomía sobre el aborto, manteniendo la falacia de que esto no es más que  igualarlo a "lo hacen con otro tipo de intervenciones sanitarias". Los derechos de los padres, también pisoteados. La protección de los menores, que se ven abocados a pasar solos por este drama, también.

Se aplicará con criterios de igualdad en todas las Comunidades Autónomas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó recientemente que no considera necesario cambiar la ley, lo que podría interpretarse como que su Administración, que tiene transferidas las competencias sanitarias, podría no aplicar estrictamente la nueva norma, como ya ha hecho con la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la Ley Antitabaco.

En ese sentido Trinidad Jiménez ha lanzado una advertencia clara: "Lo que la legislación recoge es una ley de obligado cumplimiento para todos los responsables políticos, sean del partido que sean. Las leyes siempre son de obligado cumplimiento", ha insistido Jiménez. "La prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se aplicará en todas las Comunidades Autónomas con criterios de igualdad", coincidían  las ministras.

Objeción de conciencia y técnicas de selección genética de embriones

Jiménez ha subrayado también que el Sistema Nacional de Salud (SNS) debe garantizar el "equilibrio" entre los derechos de los médicos que llevan a cabo las interrupciones voluntarias de embarazo y los de aquellos que alegan objeción de conciencia, por un lado, y entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, "derecho que siempre va a estar respetado", y el "derecho de la mujer a interrumpir su embarazo", un falso derecho más bien pese a las mentiras del Gobierno, que no encuentra lugar en nuestro ordena miento jurídico ni en la doctrina del Constitucional.

En relación con la autorización de técnicas de selección genética de embriones a dos parejas con antecedentes familiares de cáncer, Trinidad Jiménez ha dicho: "Felicito a las familias que sé que llevaban mucho tiempo esperando esta decisión, así como a los investigadores". "Es un avance muy importante en materia de igualdad y curación de enfermedades", ha señalado la ministra de Sanidad, quien ha calificado de "trascendente" el paso conseguido.