HO Baleares y el IPFB presentan en el Parlament una Proposición no de Ley en Defensa de la Maternidad

HO Baleares y el IPFB presentan en el Parlament una Proposición no de Ley en Defensa de la Maternidad

Insta al Gobierno autonómico a cumplir la Disposición adicional de la Ley 9/2014,
La cual asegura que el Ejecutivo balear elaborará "un plan integral que incluya acciones y objetivos para hacer realidad la existencia de una eficaz red de apoyo" a la maternidad

La iniciativa insta al Gobierno autonómico a cumplir la Disposición adicional de la Ley 9/2014, que asegura que el Ejecutivo balear elaborará "un plan integral que incluya acciones y objetivos para hacer realidad la existencia de una eficaz red de apoyo" a la maternidad.

REDACCIÓN HO.- HazteOir.org (HO) Baleares y el Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) han requerido este lunes de los grupos parlamentarios inscritos en la Cámara Balear que recojan el contenido de la proposición no de ley que ambas entidades han registrado en el Parlament, la cual insta al Govern a cumplir la Disposición adicional de la Ley 9/2014, que asegura que el Ejecutivo balear elaborará "un plan integral que incluya acciones y objetivos para hacer realidad la existencia de una eficaz red de apoyo" a la maternidad.

Las dos organizaciones solicitan así a los grupos parlamentarios que formulen ante la Cámara la proposición que recoge textualmente que "el Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de les Illes Balears a cumplir en un plazo máximo de 6 meses con lo dispuesto en la disposición adicional única de la vigente Ley 9/2014, de 29 de septiembre".

Así, por la Ley 9/2014 se regula la protección a la maternidad en su artículo primero y recoge que tiene por objeto la configuración del marco jurídico de actuación de la Comunidad, en el ámbito de la protección y la atención social a la maternidad, propiciando el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial que permitan conseguir esta finalidad.

Por otra parte, se han acogido además al artículo 39 de la Constitución, que recoge que los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, así como también al artículo 16 del Estatuto de Autonomía, que establece que la actuación de la Comunidad tendrá que centrarse primordialmente, entre otros, en los ámbitos correspondientes a la defensa integral de la familia, la protección específica y la tutela social del menor.