Martín Villa quiere declarar ante la juez argentina y defenderse sin el "parapeto" de la no extradición

Martín Villa quiere declarar ante la juez argentina y defenderse sin el "parapeto" de la no extradición

María Servini ha pedido la extradición de cargos del franquismo
El exministro quiere defenderse sin usar como "parapeto" la decisión del Gobierno de no extraditar a los afectados ni tampoco la Ley de Amnistía
"Me parece muy bien la decisión del Gobierno (de no extraditar) pero yo ni soy amnistiado ni he cometido ningún delito"
Subraya la "extraña, por decirlo de forma leve" actitud de Servini, que le imputa sin contactar con él, cuando en julio estuvo en España y se entrevistó con "todo tipo de personas", entre ellas con los "acusadores"
Con todo, el inhabilitado exjuez Garzón aprovecha para echar más leña ideológica

"Me parece muy bien la decisión del Gobierno (de no extraditar) pero yo ni soy amnistiado ni he cometido ningún delito", afirma el exministro tras pedir María Servini la extradición de varios cargos del franquismo. Mientras, el inhabilitado exjuez Garzón avivando el fuego.

REDACIÓN HO.-  El exministro Rodolfo Martín Villa tiene intención de prestar declaración ante la juez argentina María Servini, que ha pedido la extradición de varios cargos del franquismo en su investigación contra el régimen. Así lo ha anunciado el propio Martín Villa en declaraciones a Onda Cero, en las que ha dejado claro que quiere defenderse sin usar como "parapeto" la decisión del Gobierno de no extraditar a los afectados ni tampoco la Ley de Amnistía: "Para eso tenía que haber cometido algún delito que fuera objeto de esa ley", ha dicho.

"Me parece muy bien la decisión del Gobierno (de no extraditar) pero yo ni soy amnistiado ni he cometido ningún delito, y me tengo que defender de la forma más prudente, más segura y más acompañada", se ha justificado el exministro.

Martín Villa, que está estudiando los consejos de sus abogados, ha explicado que aún no está claro cómo puede materializarse esa declaración. De hecho, ha dicho que no tendría que viajar a Buenos Aires sino que podría hacerlo por escrito, por videoconferencia, ante un juez español en una cooperación jurídica internacional o, lo que para él sería la mejor solución, una comisión rogatoria por la que ella viaje a España a interrogar "a los que ha imputado sin haberles oído".

El exministro también ha avanzado que, puesto que se trata de una cuestión política, está valorando la posibilidad de pedir una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, aunque es consciente de que puede encontrarse con dificultades de reglamento.

La juez Servini, que ha pedido la extradición de 20 cargos del franquismo, entre ellos ocho exministros, persigue a Martín Villa por los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, que dejó cinco muertos en la represión de una huelga general, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales. Sin embargo, el exministro alega: "no es que no tuviera la responsabilidad que se me imputa, es que no la pude tener", ha alegado Martín Villa. "No tenía mando sobre la Policía en los sucesos de Vitoria", ha aclarado también en declaraciones a RNE.

Es más, ha dicho que podría llegar a entender que se le llamase, "en una interpretación desmesurada de la llamada justicia universal", por "cosas que sucedieron" en su etapa de ministro de Gobernación, o de Interior, o durante su etapa como gobernador civil de Barcelona justo a la muerte de Franco, pero no por esto. "Me parecería fuera de lugar, pero lo podría entender", ha acotado.

"Extraña" actitud de la juez Servini

El exministro ha dejado claro que aún no ha recibido notificación oficial alguna de la juez. De hecho, ha calificado de "extraño, por decirlo de forma leve", que Servini le haya imputado sin haber hablado ni contactado con él, especialmente después de haber estado en España el pasado mes de julio y haberse entrevistado con "todo tipo de personas", entre ellas con los "acusadores".

Además, ha dicho que le consta que otros exministros de esa lista, en concreto Alfonso Osorio y Fernando Sánchez, con los que tiene especial cercanía, tampoco han recibido ninguna comunicación de la juez. En todo caso, ha afirmado que, como juez, Servini le merece todos los respetos en España y en Argentina, aunque sus "respetos" sean "tan grandes" como sus discrepancias con ella.

El  condenado exjuez Garzón aviva el fuego

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha afirmado este jueves que era "previsible" la actuación del Gobierno al negarse a detener y extraditar a los cargos franquistas requeridos por la juez argentina María Servini, amparándose en una resolución de Interpol de 2010. "De momento, lo que ha hecho el Gobierno era lo previsible, pero esto es lo que también sucedió en su momento cuando se reclamó la extradición de militares argentinos en la dictadura", ha afirmado en declaraciones a la Cadena Ser.

Garzón, que ya había tratado de reanimar la división de las dos Españas cuando fue condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación y que ahora disfruta de rango de subsecretario de Estado en Argentinadice insiste en que se está "frente a crímenes que no son amnistiables", así que la investigación "debe abordarse desde España, como lo reclama la ONU, específicamente los comités de desaparición forzada de personas, grupos de trabajo y también el relator de justicia y reparación".

Exministros, expolicías y exjueces y hasta un exginecólogo, entre los acusados

Servini imputa a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos del franquismo, a exmiembros de las Fuerzas Armadas, e jueces y hasta a un antiguo ginecólogo. Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

  • En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
  • A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.
  • Al exministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
  • Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
  • Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores. A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
  • Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.