Gallardón defiende la reforma hablando de "aborto necesario" y de actuar "en interés de la mujer"

Gallardón defiende la reforma hablando de "aborto necesario" y de actuar "en interés de la mujer"

En ningún supuesto habrá reproche penal alguno para la mujer
Insiste en el supuesto “conflicto de derechos”
Se mantienen los supuestos de riesgo para la salud psíquica de la mujer y en caso de violaciòn
Gallardòn habla de “aborto necesario”, para tratar de justificar el mantenimiento del aborto eugenésico
Regula la objeción de conciencia y prohíbe la publicidad del aborto

Presentamos las líneas definitorias del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada aprobado hoy por el Gobierno, según las ha mostrado Ruiz Gallardón tras el Consejo de Ministros.

REDACCIÓN HO.- Estas son las líneas claves del "Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada", que ha definido Alberto Ruiz Galllardón, tras su aporbación hoy en Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, y no sin recordar que en una rueda de prensa que se celebrará esta tarde en la sede de su Ministerio ampliarán los detalles técnicos sobre la reforma: 

Insiste el Gobierno en que toda la reforma se basa en resolver lo que llaman “conflicto de derechos”, en palabras de Gallardón: el “grave conflicto que crea el aborto: esto es, en primer lugar la defensa, tal y como hizo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1985 tanto de al proyección de vida del concebido no nacido como de los derechos de la mujer;  en segundo lugar atendernos a la interpretación que para la resolución de esos conflictos había marcado el propio TC; y, en tercer lugar, actuar siempre en interés de la mujer”

Después de un periodo de reflexión ciertamente amplio, que ha llegado a mitad de esta legislatura, después de haber consultado y estudiado el derecho comparado y escuchado todas las voces y expertos que han querido acercarse a nosotros y nosotros a ellos, lo que hemos hecho es aprobar este anteproyecto de eym, que cumple un compromiso electoral de nuestro partido, que en segundo lugar recupera el equilibrio establecido en la doctrina del TC –que exige el legislador para la protección del bien jurídico del nasciturus y los derechos de la mujer- y que además resuelve muchas situaciones de inseguridad u de inquietud en la sociedad en general y en los profesionales médicos en particular”, añadía el ministro.

En ningún supuesto habrá reproche penal alguno para la mujer

El resultado, según Gallardón, es “una norma -y creo que es lo más importante de todo-, que por primera vez en la historia de España libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal”. Y añadía: “eso es algo que existía antes de despenalizar el aborto en 1985, que se mantenía con la Ley de 1985 y también en la Ley de 2010”, en este sentido,  Gallardón aprovechaba para reprochar al PSOE, “que nunca entendió que la mujer debía ser objeto de cosa distinta a una calificación penal en distinta gravedad, semejante a aquella que la conducta que merecía el reproche tenía que hacerse, por el contrario, el Gobierno entiende que en el supuesto dramático del aborto la mujer nunca es culpable, siempre es víctima”. 

En este sentido, el titular de Justicia remarcaba que “no habrá pena alguna para la mujer, ni privativa de libertad, ni multa alguna, ni siquiera con carácter subsidiario, a diferencia de lo que ocurre en la legislación actual”.

Consentimiento informado

 

En segundo lugar, el titular de Justicia que “la norma “ofrece nuevas garantías en forma de asesoramiento: entiende así que al conformación de la decisión de la mujer en aquellos casos en los que la ley le permite abortar debe ir precedida por una valoración de todas y cada una de las posibilidades, y ello exige un asesoramiento en profundidad, no como el cumplimiento de un mero trámite. Por lo tanto,  cuando se reclama el consentimiento de la mujer se reclama un consentimiento informado, libre y válidamente emitido, directamente o, y esto es una segunda e importantísima novedad de la ley, con la participación de los titulares de la patria potestad”.

“Se regula la información y asesoramiento sobre los derechos de la mujer embarazada y sus posibles ayudas. Por eso reformamos la ley de autoonomía del paciente. Se establece la o0bligatoriedad de que esta información sea efectiva y no el cumplimiento de un trámite, y además que participe en la misma un colaborador del sistema público.

El supuesto “conflicto de derechos”

“Lo más importante que no dijo la sentencia del TC en 1985 es que la vida del no nacido encarna un valor fundamental –añadía Gallardón-, garantizado en la Constitución como un proyecto de vida humano. Y eso es un bien jurídico que el Estado en todas sus formas está obligado a proteger, no solamente mediante la obligación de impedir que se interrumpa durante su formación, sino también de defenderle mediante un sistema legal”. 

La segunda consideración que nos hizo el Tc –proseguía- es que ese bien jurídico no tiene un carácter absoluto, porque puede verse limitado por la existencia de los derechos reconocidos por nuestra legislación. Y por lo tanto, ahí s cuando el legislador debe resolverlo. Lo que no pueden hacer los poderes públicos es ignorar el conflicto y decir que nos tenemos que olvidar de uno: ni en beneficio de uno, ni del otro”.

Mantiene el coladero de riesgo para la salud psíquica de la mujer

Con ello, Gallardón pasaba a referirse a “la existencia de una situación de grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, la presión insoportable que para la mujer puede acarrear la gestación que sea consecuencia de un delito o atentado contra su integridad, representan supuestos de colisión”. Con ello, se establecen estos dos supuestos despenalizadores, que son los que se Gallardón llegaba a calificar como capaces de “hacer necesario” el aborto.

En este punto, el ministro destacaba que la reforma acaba con que la libre voluntad expresada por la mujer en un régimen de plazos sea suficiente para abortar.

El “aborto necesario”, falsedad que mantiene el aborto eugenésico

Gallardón  afirmaba seguidamente que “la reforma exigirá que el aborto se realice en determinadas condiciones y bajo ciertos límites y garantías que quedan detallados, lo que es importante para dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que vayan a participar en el mismo”. Así, señalaba que

  1. la reforma mantiene los mismos requisitos actuales que exigen la norma vigente (Ley Aído de 2010): debe ser realizado por un médico o bajo su dirección, en centros médicos que reúnan las condiciones adecuadas, que estén acreditados a tal efecto, y en casos de que el embarazo sea fruto de una violación que existan denuncia previa y debe efectuarse dentro de las 12 primeras semanas de gestación”.
  2. E introduce lo que Gallardòn llama “cuatro importantes novedades, siguiendo la doctrina del TC”: 
  • “Que el aborto sea necesario, porque el conflicto necesario no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma”.
  • “Que el grave peligro que genere a la mujer suponga un menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero para su salud, tanto física como psíquica”.
  • “Que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías, con un informe motivado, emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera ese grave peligro para la vida o salud de la mujer, médicos que habrán de ser distintos de aquellos que practican el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto se vaya a producir. Si existe peligro vital para la mujer en caso de urgencia, lógicamente no será necesario este informe”. Y si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviera su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida, entonces lo que se precisa será el informe de un médico sobre la madre, es decir, sobre el riesgo de un daño psíquico a la mujer, más otro informe sobre el feto, de tal forma que quede probada esa anomalía que se define conforme a lo establecido por la Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia como aquella que previsible o eventualmente aparezca asociada con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo prenatal”.
  • Relacionado con el plazo de las 22 semanas de gestación, aunque el aborto pueda realizarse después si las anomalías incompatibles con la vida del feto no se hubieran detectado antes con un  diagnóstico certero, o cuando exista riesgo vital para la mujer y no sea posible también dentro de lo clínicamente exigible, la protección de la vida del concebido, quitados estos dos supuestos lo adecuado será la práctica de un parto inducido, puesto que la Organización Mundial de la Salud establece que a partir de se momento la vida del concebido ya es susceptible de desarrollarse de forma independiente a la de la madre”.

Aborto de menores y conocimiento paterno

“Se acaba con la imposibilidad o dificultad que tenían con la legislación que tenemos vigente las mujeres para que la ley amparase que estuvieran acompañadas en la adopción de esta decisión por sus progenitores cuando fueran menores de edad”, anunciaba Gallardòn.

El ministro añadía en este sentido que se regulan situaciones distintas en razón de que las mujeres sean mayores de 16 años y menores de 18 y que sean menores de 16.    

Regula la objeción de conciencia 

En este sentido ha afirmado Gallardón que “se posibilita que cualquier profesional pueda abstenerse por razones de conciencia. Aquellos que lo quieran hacer así lo indicarán en su expediente de personal a los efectos de ordenación de los servicios médicos, pero hasta el último momento cualquier profesional podrá alegar objeción de conciencia para practicar la interrupción de un embarazo”.

Por último, se modifica la Ley General de Sanidad “para promover por una parte la asistencia ante embarazos no previstos, la formación afectivo-sexual  mediante políticas de formación, información y de prevención”, así como la Ley General de Publicidad para “prohibir la publicidad de productos, procedimientos y servicios que tiendan a difundir la práctica del aborto, pues aunque este quede despenalizado en los supuestos referidos, no puede ni debe ser contemplado como primera opción, no es un producto de consumo y esa información solamente deben facilitarla los especialistas”.

“Es una ley que aporta seguridad jurídica a los profesionales sanitarios”, resumía el ministro y “que hace cumplir un compromiso electoral”. “Una ley que simplifica los supuestos que conforme a la doctrina del TC deben figurar en determinados casos de despenalización del aborto, y es una ley, insisto, lo que hace es recuperar un equilibrio que se marcó con la doctrina del TC en 1985, que fue reflejado con todas sus imperfecciones en esa ley de 1985, y que fue roto unilateralmente, sin previo aviso, sin compromiso con los ciudadanos, en 2010”.  Y concluía Gallardón: “Es hacer una apuesta clara y decida por aquello de lo que tenemos que sentir todo más orgullosos en un estado social  y democrático y de derecho: la protección de los más débiles, de los más vulnerables, en este caso de los concebidos y no nacidos, pero hacerlo desde no solo el reconocimiento, sino la garantía de los derechos de la mujer (…) y ante situaciones dramáticas lo que hace el legislador es resolver esos conflictos actuando siempre en interés de la mujer”.