Mantener la 'doctrina Parot' es posible y es de Justicia

Mantener la 'doctrina Parot' es posible y es de Justicia

Muchos casos ilustran las propias contradicciones en las que ha incurrido el TEDH
Sus sentencias no son inmediatamente ejecutivas
Dependen del sistema judicial y de la arquitectura constitucional de cada país
Suecia, Dinamarca, el Reino Unido o Alemania evidencian que las sentencias del TEDH carecen de eficacia interna
El Gobierno de Mariano Rajoy no puede eludir su responsabilidad política con la Justicia

Exponemos algunos de los muchos casos que ilustran las propias contradicciones del TEDH y los fallos no acatados, que avalan un principio fundamental: sus sentencias no son inmediatamente ejecutivas, dependen del sistema judicial y de la arquitectura constitucional de cada país.

REDACCIÓN HO.- Ante sentencias tan cuestionables como la del Tribunal Europeo llamado de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo sobre la Doctrina Parot cabe mucho que decir y que hacer, sobre todo para evidenciar el apresurado acatamiento que observamos del fallo, incluso si nos circunscribimos al estricto caso de la sanguinaria etarra Inés Del Río; algo que se hace más evidente si ampliamos la mirada y vemos qué sucede tanto en España como fuera en este sentido. Exponemos solo algunos de los muchos casos que ilustran las propias contradicciones en las que incurre el TEDH, así como un principio fundamental: las sentencias del TEDH no son inmediatamente ejecutivas, sino que dependen del sistema judicial y de la arquitectura constitucional de cada país concreto.

Laicismo: el propio TEDH, forzado a rectificar

Derecho a la vida: contradiciendo el Convenio y su propia jurisprudencia

  • El pasado mes de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos generaba de nuevo la polémica al dar un giro radical a su propia jurisprudencia sobre la eutanasia para abrir las puertas al suicidio asistidoEn el caso Pretty v. Reino Unido, en abril de 2002, el Tribunal declaraba que el derecho a la vida no entraña como reverso el derecho a morir; y en Haas v. Suiza, en enero de 2011, afirmaba que los Estados tienen libertad para anteponer la protección de la vida a la autonomía del enfermo que desea morir. Sin embargo, con la sentencia Gross v. Suiza daba un giro radical respecto a su propia doctrina para abrir la puerta al suicidio asistido, censurando a la Confederación Helvética por no definir con claridad en qué casos una persona podía exigir la prescripción de una sustancia para morir, con independencia de que padezca o no una enfermedad grave o terminal. El  tribunal estudiaba el caso de Alda Gross, mujer de 82 años que quería acabar con su vida. Gross no padecía enfermedad reseñable alguna: alegaba exclusivamente que "no desea seguir sufriendo el declive de sus facultades físicas y mentales". El TEDH, en un imposible juego de equilibrios, fallaba: "Sin negar el principio de santidad de la vida protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el tribunal ha considerado que en una era de continuos avances médicos y mayor expectativa de vida, muchas personas consideran que no se les debe forzar a prolongar la vejez o a vivir en estados de decrepitud física o mental avanzada que entran en conflicto con las nociones dominantes de la autonomía y la identidad personal".
  • En abril de 2010, el TEDH condenaba a Austria por limitar la destrucción de embriones. Las instituciones europeas, plegadas a los intereses de la industria de la fecundación artificial, especializada en la destrucción de fetos humanos.

Polémicos fallos ante el terror

  • En mayo de 2011, el TEDH condenaba a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de Arnaldo Otegi, que había sido condenado a un año de prisión por un delito de injurias al Rey por llamar al monarca "responsable de los torturadores". En concreto, la sentencia de Estrasburgo criticaba la "sobreprotección" de la legislación española respecto a la figura del Rey y condena a España a pagar al portavoz batasuno  -a quien se impuso una pena "particularmente severa" y "desproporcionada", dice- 20.000 euros por daños morales y los 3.000 euros que cuestan las costas del procedimiento.
  • Francia: en 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenana a Francia a pagar 5.000 euros en concepto de daños morales a los etarras Patxi Abad Urkixo y José Miguel Almandoz Erviti, al considerar que las autoridades galas se excedieron en la prisión provisional dictada contra estos dos terroristas y que fue renovada sucesivamente durante casi seis años.
  • La decepción en Polonia ante las mataznas de Stalin. Polonia ha lamentado esta misma semana que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya rechazado revisar la investigación rusa de la masacre de Katyn, donde en 1940 fueron asesinados más de 22.000 oficiales polacos por orden de Iósif Stalin, aunque ha criticado la falta de transparencia de las pesquisas. La Corte estimaba carecer de competencias para ello, aunque critica a las autoridades rusas por no invstigar el asunto. "Estamos bastante decepcionados con la sentencia", señalaba a la prensa el viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Artur NowakLa investigación se interrumpió en 2004 por orden de la fiscalía militar rusa, aunque nunca se hicieron públicos los archivos sobre esa decisión ni tampoco se permitió que los abogados de las víctimas tuviesen acceso a ellos. Nadie ha sido condenado por la matanza y desde Moscú se argumenta que los responsables ya están muertos.

Las críticas, también en América

El cuestionamiento del TEDH supera el ámbito europeo para llegar a América: como en 2010 en Colombia, ante el pronunciamiento  de Estrasburgo en el proceso "Klein vs. Russia, Application no. 24268/08"), ordenando que Rusia se abstuviera de acatar la solicitud de extradición del Yair Klein elevada por el gobierno colombiano. El fallo era calificado como simplista e injusto en un caso de violación grave de los derechos humanos. La vicepresidencia colombiana, en su pagina web el 3 de abril de 2010, señalaba que "La decisión del Tribunal Europeo de derechos humanos de suspender la extradición del criminal de guerra Yair Klein a Colombia es una página negra para los derechos humanos en el mundo, favorece la impunidad de los crímenes cometidos por este señor y sus alumnos paramilitares en Colombia, negando la verdad y la justicia para sus víctimas. Este es un fallo que avergüenza a la humanidad, a las víctimas y a la causa de los derechos humanos".

Fallos que no se acatan

En otros sonados casos, de hecho, España o no ha acatado los fallos del TEDH, o desde luego no con tanta celeridad. Citemos algunos:

  • ¿Por qué el Gobierno acata tan rápido la sentencia del TEDH sobre la Doctrina Parot, y sin embargo no acata la sentencia del mismo tribunal del 15 de enero de 2013, sobre ilegalización del entorno etarra? ¿Hay algo que los ciudadanos no sepamos?. 

  • El TEDH concluyó que Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio "imparcial ni independiente"
  • Tampoco en el  Caso Rumasa se ha acatado el fallo del TEDH dando parcialmente la razón a Ruiz Mateos. El Tribunal Constitucional español dejó claro ese tema en su pronunciamiento de 1994. El empresario, a quien el TEDH de Estrasburgo había dado parcialmente la razón en sus recursos, acudió al TC esgrimiendo esa sentencia. Y el Constitucional rechazó sus pretensiones afirmando: "del artículo 53 y concordantes del Convenio de Roma de 1950 no se desprende en modo alguno que este Tribunal sea una instancia jerárquicamente subordinada al TEDH y obligada, por tanto, a dar cumplimiento a sus sentencias en el orden interno". Es decir, el TEDH no está por encima del Tribunal Constitucional español. Es más, en este fallo, el TC llegaba a afirmar que "carece de jurisdicción para revisar sus propias sentencias... contra las que no cabe recurso alguno". Es decir: puede usted recurrir al TEDH, pero el TEDH no está por encima del Tribunal Constitucional y las sentencias de éste se cumplen.
  • El Tribunal de Estrasburgo niega que haya "un derecho humano al aborto". Sin embargo, cuando se van a cumplir dos años de gobierno, el Ejecutivo de Mariano Rajoy mantiene pese a sus reiteradas promesas la Ley Aído, que lo contempla como tal.

También ocurre en otros países de la UE suscritos al Convenio:

  • En algunos países, como Suecia, Dinamarca o el Reino Unido, las sentencias del TEDH carecen directamente de eficacia interna. En otros, como Alemania, sí tienen eficacia interna, pero aún así el Tribunal Constitucional Alemán dictaminó en su día que las sentencias del TEDH no invalidan automáticamente las de los tribunales alemanes-
  • El Gobierno británico se ha resistido desde 2005 a acatar una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que declaró ilegal la ley británica que niega a todos los presos el derecho a votar. Londres no se resiste a ello por razones de seguridad sino porque entiende que la sentencia es contraria a la voluntad de la Cámara de los Comunes, que en abril de 2011 aprobó una moción no vinculante en favor de mantener la ley tal y como está. Haciendo paralelismos, valga añadir que en España la doctrina Parot cuenta con el aval del Tribunal Supremo y del Constitucional.
  • El alemán Jens Söring, hijo de un diplomático, llegó con una beca de estudiante a la Universidad de Virginia en 1984. Allí conoció a, Elizabeth Haysom, compañera de estudios, con quien entabló una relación. El 30 de marzo de 1985, los padres de Elizabeth fueron asesinados en su casa y un año más tarde, Jens y Elizabeth eran detenidos en Londres, acusados del crimen. El gobierno de EE.UU. solicitó la extradición de la pareja, a lo que los británicos accedieron a condición de que no se impusiera la pena de muerte. Pero Söring recurrió, llegando hasta el TEDH. El 7 de julio de 1989, el TEDH sentenció que la extradición de Jens Söring contravendría el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, habida cuenta de la existencia de pena de muerte en Estados Unidos. Pero el Reino Unido, pese a la sentencia del TEDH, extraditó a Jens Söring unos meses después, en enero de 1990. En la actualidad, el alemán y su novia cumplen cadena perpetua en cárceles americanas.

El ejemplo británico

El propio primer ministro, David Dameron, se refería recientemente a la posibilidad de que el Reino Unido saliera del ámbito de la Convención Europea de Derechos Humanos. Lo hacía a raíz del desencuentro con el tribunal de Estrasburgo que, en enero de 2012, prohibió al Reino Unido la deportación a Jordania de Abu Qatada, considerado por la Audiencia Nacional española como "el líder espritual de Al Qaida en Europa". La ministra de Interior, la conservadora Theresa May, no ha dudado en cuestionar la vigencia del tribunal. En la convención anual de su partido el mes pasado en Manchester, apuntó directamente a la posibilidad de que el Reino Unido se salga del ámbito de la Convención Europea de Derechos Humanos, un texto promovido en los 50’ por un país que  lleva precisamente a gala ser la patria de los derechos civiles. “Cuando Estrasburgo modifica constantemente los objetivos e impide la deportación de un hombre peligroso como Abu Qatada, debemos preguntarnos cuáles son los fines de los firmantes de la convención”, se quejaba May.

Los conservadores quieren presentarse a las próximas elecciones generales, previstas para mayo de 2015, con la propuesta de sustituir la actual Ley de Derechos Humanos, que integra la convención europea en la legislación británica, por una Ley Británica de Derechos Humanos que permita una aplicación más flexible de sus preceptos y de las sentencias del TEDH. En la mente de muchos británicos, y de forma mayoritaria entre las bases tories, según varios sondeos, Estrasburgo ha dejado de ser un celoso guardián de los derechos de todos para convertirse en un obstáculo a la aplicación de la Justicia británica.

¿Qué sucede en España?

En medio de todo, no cabe concluir ante el fallo de la doctrina Parot sin subrayar la responsabilidad que tiene el propio Gobierno Español: es en sus manos donde está el decidir si se ejecuta o no el fallo de Estrasburgo.

En España el TEDH no tiene preeminencia sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, porque España no ha renunciado nunca a su soberanía en el terreno judicial. Para que el TEDH tuviera preeminencia haría falta una reforma constitucional. Por tanto, los pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo no tienen por qué ajustarse automáticamente a lo que el TEDH determine.

La responsabilidad es política

  • El pronunciamiento del TEDH sobre el caso Inés del Río solo afectaría a la etarra Inés del Río. Esa sentencia no afectaría para nada al resto de los etarras que cumplen condena, ni tampoco a la legalidad o ilegalidad de la doctrina Parot.
  • Por mucho que diga el TEDH, ni siquiera en el caso de la etarra Inés del Río estarían obligados los tribunales españoles a anular sus decisiones previas sobre la etarra. Por la sencilla razón, como ya hemos visto, de que nuestro propio Tribunal Constitucional no está sometido a lo que el TEDH dictamine.
  • Por tanto, nuestra clase política no puede escudarse, jurídicamente hablando, en el TEDH para empezar a excarcelar presos.  Si la clase política quiere seguir con la hoja de ruta de rendición del Estado ante una banda de asesinos, tendrá que buscarse otra excusa. La doctrina Parot fue declarada constitucional en 2008 por el Tribunal Constitucional español, y eso no lo puede cambiar ningún pronunciamiento del TEDH. Lo único que podría acabar con la doctrina Parot es la propia voluntad política del gobierno español. ¿Tendrá ganas Rajoy, a estas alturas, de asumir el correspondiente coste de opinión pública? Tendría que verse cómo le explicaría los españoles que tengamos que poner en la calle al "violador del ascensor" o al asesino de las niñas de Alcasser.