El exsecretario de Estado de Justicia de Zapatero, autor intelectual del 'fallo Parot' de Estrasburgo

El exsecretario de Estado de Justicia de Zapatero, autor intelectual del 'fallo Parot' de Estrasburgo

La clave del fallo de Estrasburgo se llama Luis López Guerra
Zapatero le nombró secretario de Estado de Justicia
El gobierno podría haber recusado a López Guerra por ser ‘juez y parte

El juez español en Estrasburgo, Luis López Guerra, ha defendido a capa y espada la supresión de la doctrina Parot. Fue una de las exigencias de ETA en sus conversaciones con Gómez Benítez en la época en la que López Guerra fue secretario de Estado de Justicia.

Por Luis Losada Pescador.- Estrasburgo trabajaba con sigilo y especial sensibilidad la sentencia sobre la doctrina Parot. Un sigilo que no ha impedido las filtraciones que apuntaban a lo confirmado hoy lunes: La sentencia dada a conocer hoy lunes, 21 de octubre, falla en favor de la sanguinaria asesina de ETA Inés del Río y descarta avalar esta doctrina que en cambio avalaron en España el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

La clave de todo se llama Luis López Guerra, el juez español en Estrasburgo, tan vinculado al PSOE como que fue diputado socialista de la Asamblea de Madrid. En 2004 Zapatero le nombra secretario de Estado de Justicia, cargo que ostenta hasta que en octubre de 2007 es promovido a magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto al que aterriza el 1 de febrero de 2008. 

Precisamente en esos años en que fue secretario de Estado de Justicia fue cuando presuntamente el entonces abogado de Garzón y vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benitez pactó con ETA en Oslo la supresión de la doctrina Parot. A pesar de su posible contaminación no sólo no se ha apartado del caso sino que lo ha impulsado con entusiasmo. “Haré todo lo que pueda para que se confirme en la Gran Sala”, dice a sus íntimos.

Y todo lo que pueda es bastante. En primer lugar, triquiñuelas procesales. Y en segundo lugar, abanderar la supresión de la doctrina Parot sabedor de que sus 16 compañeros de la Gran Sala se inhibirán si el juez nacional es partidario de condenar a su propio país.

¿Y qué hará el gobierno español? Acatar la sentencia y respetar la legalidad aunque argumenten que la sentencia no es aplicable “erga omnes” sino sólo para el caso de examen de la sanguinaria etarra Inés del Río. Un ‘desideratum’ que en la práctica se convertirá en un cambio en la posición penitenciaria no sólo de Del Río sino de 61 etarras más y de otra treintena de grandes delincuentes como terroristas del GRAPO o los violadores de las niñas de Alcàsser.

¿Podría no acatar la sentencia como ha hecho varias veces Gran Bretaña? Podría, aunque el hipergarantismo judicial echaría por tierra su estrategia. De hecho, de manera preventiva y sin esperar a que la sentencia se promulgue, el pleno de la Sala de lo Penal la Audiencia Nacional decidió el pasado viernes 11 de octubre aplicar ya la presunta nueva doctrina de Estrasburgo.

¿Podría el gobierno haber recusado a López Guerra por ser ‘juez y parte’? Podría. Aunque también es verdad que el Ejecutivo es consciente de que las posibilidades de triunfo habrían sido más bien escasas. Habría dañado su imagen, pero al menos habría servido para que el resto de jueces se tomaran con mayor cautela los dictámenes del juez español.

Es verdad que el gobierno logró que la sentencia de julio de 2012 fuera revisada a pesar de haber sido dictada por unanimidad. Y también es verdad que en la audiencia previa los abogados del Estado estuvieron contundentes argumentando que un homicidio no puede tener el mismo reproche penal que ocho. La primera deliberación fue positiva para la doctrina Parot. Ha sido la posterior labor de López Guerra la que ha frustrado la estrategia del Ejecutivo. Todos los intentos de reconvenir han sido frustrados. Ahora sólo queda esperar al 21 de octubre y acatar la legalidad. 

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