“Margarita podría acabar en una celda por rescatar vidas, mientras los abortistas mantienen el mito de las mujeres condenadas por abortar”

“Margarita podría acabar en una celda por rescatar vidas, mientras los abortistas mantienen el mito de las mujeres condenadas por abortar”

Primera mujer rescatadora que puede acabar en la cárcel
Acude cada lunes y martes a las puertas de un abortorio
Ha sido agredida por los trabajadores del negocio abortista
DAV ha realizado un completo reportaje que puedes ver en nuestro canal de Youtube

Margarita Cabrer ha contado a Derecho a Vivir cómo su labor de ayuda a las puertas de un negocio abortista de Los Arcos (Badajoz) podría acarrearle una pena de 10 días de cárcel.

MADRID, 24 DE ABRIL DE 2013.- Presentarse cada lunes y martes ante las puertas del negocio abortista Guadiana-Los Arcos de Badajoz armada de su sonrisa y con el coche repleto de ayuda material para las madres en dificultades, ha sido motivo suficiente para condenarla.

Margarita Cabrer es ama de casa, está casada y tiene tres hijos. Asegura que se niega a pagar las dos multas que le han impuesto, lo que podría llevarla a ingresar 10 días en la cárcel. Ante esta posibilidad, Margarita ironiza: “¿Que hay que ir a la cárcel por ayudar? Mi marido me dice que le deje tortilla de patata en el congelador”.

Frente al mito-mantra del negocio abortista, que pretende hacer creer que ha habido mujeres condenadas por abortar en España, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, señala que “Margarita podría acabar en una celda por rescatar vidas de manera pacífica, mientras los abortistas mantienen el mito de las mujeres condenadas por abortar”.

Se trata de una más de las muchas mentiras que este negocio mortífero ha difundido desde hace años y que ahora es puesto en evidencia de forma meridiana. “En efecto, la mujer que aborta es en buena medida víctima de las circunstancias en las que se le presenta un embarazo inesperado, pero no en el modo pretenden los partidarios del aborto”, explica Joya.

Por eso es imprescindible que el Gobierno “actúe ya, sin más demora” para evitar más muertes de inocentes y “la criminalización de quienes acuden a las puertas de los abortorios a ofrecer ayuda a las madres en dificultades”, expone la doctora en Medicina y pediatra.

Tampoco debemos olvidar, subraya Joya “que la principal víctima del aborto es el niño que muere en el seno materno”.

En el reportaje (ver aquí), realizado en exclusiva por Derecho a Vivir, esta mujer narra cómo ha sido condenada en un juicio de faltas con “indefensión y falsos testigos” y “por estar ofreciendo alternativas y ayuda a las madres embarazadas, porque molesto a este negocio de la muerte” de forma pacífica.

De hecho, subraya Margarita, “no estamos aquí para gritar consignas, sino para estar tranquilamente con la gente. El tono en el que nos tenemos que dirigir a ellas y el ambiente que queremos aquí es de mucha calma y tranquilidad porque así es como las mujeres se paran, te recogen la información y hablan contigo un ratito”

Así lo atestigua, según explica, una grabación que realizó la propia Policía sin que ella lo supiera en principio, pero que cada vez que la ha reclamado en un juicio no ha sido admitida por los jueces.

Margarita no sólo ha sido condenada de manera injusta. Además, ha sufrido ataques por parte de trabajadores del negocio abortista: “La primera vez fue sólo agresión verbal. La segunda, llevaba en el brazo unos papeles plastificados y cuando me los arrancó me hizo un pequeño corte en la mano; luego me cogió del lado derecho y me zarandeó. Llamé a la Policía y vino en seguida. Pero para mi sorpresa no puso orden, sino que me dijo que me fuera, como si yo estuviese provocando”.

La prueba palpable de que el trabajo de Margarita es eficaz es que en el curso de la mañana en que se realizó el trabajo periodístico, logró que una pareja que se dirigía a abortar no lo hiciera y recibió la visita de una chica que no abortó y a la que sigue ayudando con materiales para su hijo.

Y todo esto, a pesar de que, a requerimiento del abortorio, miembros de la Policía trataron de impedir que se grabara el reportaje en la vía pública, identificando a los miembros de Derecho a Vivir, reteniendo su documentación y amenazando con denunciarles.