La Fiscalía recurre la absolución de Carlos Morín, contraria a la doctrina del Supremo

La Fiscalía recurre la absolución de Carlos Morín, contraria a la doctrina del Supremo

La sentencia de la Audiencia de Barcelona choca de pleno con la doctrina del Supremo
Según esta jurisprudencia, el informe psiquiátrico no puede basarse sólo en la entrevista previa
Las acusaciones particulares recurrirán también la "indignante e ideológica" absolución

Las acusaciones particulares recurrirán también la "indignante e ideológica" absolución del empresario abortista y sus colaboradores.

REDACCIÓN HO.-  La Fiscalía pedía para Carlos Morín 273 años de prisión por perpetrar 89 abortos ilegales a mujeres en avanzado estado de gestación durante 2007, en dos de sus negocios abortistas de Barcelona; el empresario abortista fue absuelto por la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado 31 de enero. Ahora, según informan hoy medios como La Razón y El Mundo, la Fiscalía ha presentado el anuncio de recurso de casación contra la absolución de Morín y del resto de sus colaboradores, entre los que se encontraba su esposa, María Luisa Durán.

El resto de acusaciones va a recurrir también

El Centro Juridico Tomás Moro, parte de la acusación particular, ya anunció el pasado mes de febrero, tras conocerse el fallo que recurriría la ""injustísima"" absolución a Morín que reconoce el aborto libre en España. El presidente de E-Cristians ha confirmado a Europa Press que recurrirán la "indignante e ideológica" absolución del doctor peruano Carlos Morín y de otros diez acusados, por los 89 casos de supuestos abortos ilegales y los delitos de asociación ilícita y falsedad documental. Y recurrirán hasta la instancia que haga falta, pues "la injusticia y la arbitrariedad dan suficientes argumentos para seguir luchando", ha manifestado Josep Miró i Ardèvol, precisando que, después de seis años de investigación, están más motivados que nunca, y que si la última instancia española no les da la razón que "los hechos demuestran", están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Europeo de Justicia.

También ha criticado a la Audiencia de Barcelona por dictar una sentencia ideológica, y ha afirmado que ven "escandaloso" que el juez se haya dejado llevar, a su juicio, por sus preferencias y que haya prescindido de los hechos objetivos, pues las pruebas existen aunque no haya querido entrar a valorarlas, ha opinado. Ha lamentado que, según la sentencia, las irregularidades no hayan sido suficientes para condenar a Morín y a los otros absueltos, y ha exigido al tribunal que explique qué se entiende por 'irregularidades', ya que "las pruebas son evidentes".  Según el presidente de E-Cristians, el caso de la testimonio protegida que declaró y luego perdió la memoria es "tan claro" como el de las mujeres que declararon no haber recibido ningún reconocimiento psiquiátrico o haber firmado hojas en blanco.  "El único elemento positivo es que, después de seis años, todo el mundo se ha podido formar su propio juicio", ha señalado.

El fallo de la Audiencia choca con la jurisprudencia del Supremo

Uno de los argumentos principales del recurso apuntará al hecho de que el Tribunal no otorgase relevancia penal a que las mujeres que abortaron no mantuviesen la preceptiva entrevista previa con un psiquiatra o que en algunos casos las mujeres reconociesen no haber rellanado personalmente el denominado test de Goldberg, un examen psicológico empleado para determinar el estado anímico de una personas, anomalías constituían simplemente "irregularidades administrativas, con una argumentación que choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Supremo (TS) al respecto:

  • En una sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo del 1 de abril de 1998, el Tribunal ya desestimó los recursos de casación interpuestos por un ginecólogo y una psiquiatra de una clínica de Oviedo (Asturias), condenados a sendas penas de prisión e inhabilitación profesional por perpetrar el aborto de una joven de 18 años sin haber realizado previamente un análisis riguroso y completo del estado psiquiátrico y psicológico de la paciente, que hubiese permitido advertir que «los síntomas genéricos e inespecíficos que se consignaban» en el dictamen psiquiátrico «eran claramente insuficientes e inadecuados para justificar la interrupción de la gestación», que finalmente se llevó a término.
  • En este sentido, el Supremo indica que «la psiquiatra que reconoció a la mujer no llevó a cabo su función con la minucia de la lex artis» y sobre ello condena al ginecólogo, «que no tenía que haberse fiado del informe psiquiátrico, cuando en el referido informe figuran taxativamente las conclusiones». Aunque el aborto en sí mismo fue cometido por el ginecólogo, que «constató la ausencia de peligro físico por la continuación del embarazo», también se acusa a la psiquiatra porque «era consciente de que para practicar el aborto precisaba de un informe facultativo previo en el que se reflejara la concurrencia de una causa que justificara legalmente» el aborto. Tras conversar con la paciente unos diez minutos, la psiquiatra emitió un informe en el que se refería a síntomas de ansiedad, equivalentes somáticos de angustia, insomnio, emesis importantes, mareos y dolor abdominal, determinando que la continuación del embarazo implicaba «un grave riesgo para su salud psíquica».
  • Para el Supremo, el informe de la psiquiatra constituyó «paradigma de lo que no debe realizarse en la actividad psiquiátrica», pues sólo se advertían síntomas genéricos e inespecíficos, cuando lo que se requiere es una constatación de datos observables en la que se incluyan «la propia observación clínica, pruebas y comprobaciones para la exactitud del diagnóstico y del pronóstico», en suma, un estudio completo de la embarazada en el campo psicopatológico, al que deben añadirse también los datos relevantes de antecedentes personales y familiares. 
  • Señala además el TS que «lo grave del informe se patentiza en que no se especifica en qué se pone en peligro la salud psíquica de la madre y el aborto es el medio necesario para evitar tal riesgo». «No se sabe, en suma, que es lo que le pasa a dicha joven mujer con el embarazo y ante tal ignorancia en vano puede pretenderse la justificación del aborto terapéutico», explica. 
  • Asimismo, afirma que «no basta referirse a un indeterminado e inconcretado riesgo en base a una sintomatología confusa», y pone de relieve que «con tales datos, muchos puramente normales en una gestación, otros imprecisos y de ambigüedad suma, no puede predicarse que la continuación del embarazo ponga en peligro la salud psíquica de la paciente».
  • De esta forma, el Tribunal Supremo concluye que para cometer un aborto «se requiere un dictamen que acredite que el aborto sea necesario para evitar un grave peligro para la salud psíquica de la embarazada», circunstancia que ha quedado probado no concurrió en buena parte de los abortos practicados por Morín, y a la que la Audiencia de Barcelona no dio importancia en su sentencia absolutoria.