REDACCIÓN HO.- 34 de los 35 detenidos en la manifestación de 'Rodea el Congreso' quedaban en libertad anoche. Cada uno de ellos se enfrenta a la imputación de la supuesta comisión de los delitos de atentado y/o desórdenes públicos. La magistrada ha acordado, no obstante, la prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros, de uno de los detenidos. También hay un menor que está a cargo de la Fiscalía de Menores.

La juez de Instrucción número 8 de Madrid considera que "existen motivos bastantes" para estimar que los detenidos durante los violentos suecsos del pasado martes en las inmediaciones del Congreso cometieron un delito contra las Instituciones del Estado en el auto en el que, a pesar de la pena podría llegar a cinco años de prisión, les deja en libertad.

En torno a las 22.30 horas, el Gabinete de Prensa del Tribunal de Justicia de Madrid emitió una nota en la que informaba de la liberación de todos los detenidos y donde aseguraba que se les imputaban los delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el caso, pero obviaba la alusión que la magistrada hace en el auto del delito contra las Instituciones del Estado."

En el presente caso, si bien existen motivos bastantes para estimar responsable del delito de atentado, resistencia y delito contra las instituciones del Estado a los detenidos, procede decretar su libertad provisional sin fianza", señala el auto en el único apartado que figura en los fundamentos jurídicos.

Este jueves, el juez central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional rechazó tomar declaración a los detenidos después de recibir un informe de la propia Policía en el que se acusaba a los arrestados de los delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos. Dado que la Policía tampoco contemplaba el delito contra las instituciones del Estado, el juez respondió a las Fuerzas de Seguridad que esta causa no era de su competencia, razón por la que los detenidos fueron trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla.

En Plaza de Castilla

La magistrada ha acordado la prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros, de un detenido más en relación con estos hechos y sobre el cuál recae una imputación de la supuesta comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos El imputado menor de edad está a cargo de la Fiscalía de Menores, según está regulado en la Ley de Responsabilidad Penal de Menor, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

La titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, tomó declaración durante toda la tarde de ayer a los detenidos, después de que la Audiencia Nacional comunicase a la Policía que los delitos por los que han sido acusados no eran de su competencia.

Desde primeras horas de la tarde, un grupo de familiares y amigos de los detenidos se congreron a las puertas del juzgado de guardia de Plaza de Castilla, adonde fueron conducidos los arrestados. Portaban una pancarta con el lema "Solidaridad con detenidos 25S. Stop a montajes policiales".

Los sindicatos policiales, contra Interior

Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, cargaron este jueves contra el Ministerio del Interior, al que culpan de la confusión creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos en el 25-S. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración verbal por parte del Ministerio.

"Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes". El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso no encaja", ha denunciado en declaraciones el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien cree que "Interior, en esta estrategia lo está haciendo bastante mal".

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de la CEP, Ignacio López quien cree que "una vez más" Interior "peca de no haber mantenido un prudente silencio o haberse remitido a los profesionales de la policía que son los que tienen que determinar el alcance de las acusaciones". Según ha dicho, "es una falta de respeto hacia la Policía y la ciudadanía anunciar por anticipado una posible imputación y que después no se haga".

"Lo que no se puede hacer es con el trabajo policial y con situaciones tan críticas aprovecharse para obtener réditos políticos o mediáticos. Una vez más condenamos la aceleración verbal que desde el Ministerio del Interior se produce ante la actuación policial ante determinados asuntos", ha zanjado.