REDACCIÓN HO.- Gonzalo Moliner, presidente del Supremo, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cofundador de Jueces para la Democracia. Considera que la actual ley del aborto es constitucional. Le parece bien que Garzón diga que es el último represaliado del franquismo. Y no se plantea recortar su sueldo de 130.152 €, el doble que el del Presidente del Gobierno (78.186€). Tanto cobra que ni lo sabe: "¿Tanto cobro yo? ¿El doble que el presidente del Gobierno? Lo que yo creo es que habría que adecuar el sueldo del presidente del Gobierno".

En la entrevista que publica este domingo el diario El País, conocemos a este juez que llegó a su actual cargo tras la dimisión de Carlos Dívar. Moliner explica que "cuando me ofrecieron venir a levantarlo (el Supremo y el CGPJ), acepté por responsabilidad, porque creo que puedo ayudar a que recupere su credibilidad. Es el reto profesional más importante que he asumido, téngalo por seguro”.

Gonzalo Moliner, 68 años, llegó hace mes y medio a lo más alto de la carrera judicial, tras la dimisión de su antecesor en el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial, Carlos Dívar.

Moliner dice que el Consejo va a reducir un 13 por ciento su presupuesto en 2013. Defiende que los gastos en viajes del Consejo son necesarios, pero que aún así, han acordado en julio una reducción del 20 por ciento aproximadamente -el gasto en viajes de los vocales y el presidente en el año 2011 ascendió a 830,733 €-.

Se muestra partidario de que Dívar hubiese cobrado la indemnización a la que renunció. Y dice que está fue una decisión que le honra.

Piensa que “no hacen falta grandes reformas” en la Justicia. Que el CGPJ funciona mejor de lo que transciende a la opinión pública.

En cuanto al tema del aborto, Moliner considera que el drama que vivimos con cientos de miles de niños abortados al año, antes y después de la ley Aído, pero con cifras en alto ascenso con la actual ley vigente de barra libre de abortos, es todo "constitucional". Y añade: "es una ley acomodada a los principios que rigen en otros muchos países de la Unión Europea y si en otros países está aceptada y es constitucional no sé por qué aquí no debía de serlo. Pero España no sé si es diferente o no todavía. En cualquier caso, es una decisión que corresponde al Tribunal Constitucional, no hay que olvidar que está pendiente de recurso”.