REDACCIÓN HO.- La empresa Interligare cobró hasta 2,4 millones de euros de dinero público sin justificar. Dicha empresa contaba desde 2009 con una oficina en el número 15 de la madrileña calle Génova, a tan sólo doce metros de la sede del PP, entonces en la oposición. Desde la oficina de Interligare la Policía cree que podrían haber pinchado los teléfonos del PP, según publica este lunes el diario El Mundo.

En ese mismo año María Dolores de Cospedal denunciaba escuchas ilegales y el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba advertía a Carlos Floriano (PP) que veía todo lo que hacía y oía todo lo que decía.

También La Gaceta desvela este lunes que el entonces juez Baltasar Garzón, habría mediado para que Interligare recibiera a dedo una adjudicación, consiguiendo que la empresa de altos cargos de Rubalcaba gestionara datos de la Memoria Histórica.

La Audiencia Nacional adjudicó a dedo a Interligare la creación de un programa informático para almacenar los datos de las personas supuestamente desaparecidas tras la Guerra Civil y que investigaba el entonces juez Baltasar Garzón. Fue precisamente a propuesta de Garzón por lo que se le otorgó a esta empresa de informática la obra, ya que el ex magistrado mantenía buenas relaciones con algunos de sus directivos, entre ellos los comisarios de Policía Luis Luengo y Gabriel Fuentes.

El importe del encargo lo pagó la Audiencia con fondos públicos. El presupuesto inicial era de 1,6 millones de euros pero se acabó pagando más de nueve millones de euros.