REDACCIÓN HO / DIARIO MÉDICO.- Reticente a opinar sobre las cuestiones controvertidas que verá en su nuevo cargo, ha dejado claro que es y actuará como un profesional del Derecho. Andrés Ollero es uno de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Codirector del Máster de Bioética y Bioderecho, título propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ollero ha abordado en este programa aspectos del ejercicio de la Medicina desde el punto de vista de los derechos humanos: el aborto, la objeción...

Preguntado sobre la ley del aborto, que ha actualizado la discusión en torno al derecho de objeción del médico, Ollero manifiesta: "El Tribunal Constitucional ha dicho con claridad que la objeción de conciencia ya está en la Constitución. Ahora también ha señalado que es conveniente una ley para ejercer con plenitud y eficacia ese derecho. Por tanto, no es irrelevante que una ley aborde ese tema e indudablemente a los profesionales les daría más seguridad".

Sin embargo, advierte de las dificultades: "mi impresión como teórico del derecho es que no es fácil hacer una ley sobre objeción de conciencia, porque es una excepción e intentar prever las excepciones es un asunto complicado. De hecho, cuando se ha intentado, como en la ley del aborto actual, enseguida ha generado problemas. Los jueces tienen más campo de juego que los legisladores en esta cuestión".

En torno a este tema, y estando pendiente de resolución el recurso de inconstitucional presentado por el PP contra la Ley Aído, también expone que "el Tribunal Constitucional está en una posición complicada porque su tarea bien hecha es una tarea jurídica, pero lo que hace tiene una repercusión política. Eso ocurre con los recursos de inconstitucionalidad que se presentan, que buscan un titular, una influencia política, porque, entre otras cosas, quizás haya un poco de sobredosis. Si uno no dice que una ley es inconstitucional, parece como si dijera que no es tan mala. Así que aquí o las leyes son estupendas o son inconstitucionales. Pero, como ha dicho el magistrado emérito Carles Viver Pi-Sunyer, es muy difícil que una ley sea inconstitucional, porque ésa es una exigencia de mínimos. Así que, cumplidos esos mínimos, el legislador hará lo que quiera. Si es de derechas hará una cosa, y si es de izquierdas, otra. Eso es perfectamente lógico. Ahora, empeñarse en que si una ley no me gusta es inconstitucional, ¡oiga, eso no es así! El Constitucional no es una tercera cámara".

El Constitucional, añade, "es una especie de Inspección Técnica de Vehículos, una ITV. Se trata de coger la ley y ver si cumple los requisitos mínimos. Cuando uno va a la ITV, al que trabaja allí le trae sin cuidado la marca del coche y si al día siguiente el coche va a ir al campo o a la playa. Lo que quiere saber es si le funcionan los faros, el motor, el carburador..."

Tambén se pronuncia Ollero ante la controversia sobre la obligación ética del médico a seguir atendiendo al inmigrante sin papeles. "Esta cuestión presenta un planteamiento novedoso sobre la objeción de conciencia, pues siempre ha sido tratada como una omisión y, en este caso, tiene carácter positivo: yo quiero hacer una cosa que la ley no me habilita para ello. Plantea utilizar fondos públicos para hacer algo que la ley no te permite hacer. Un tema que habrá que estudiar".

Y preguntado por la impresión de que los jueces no se ponen de acuerdo, vistas por ejemplo las sentencias contradictorias en la objeción del médico de atención primaria, afirma: "Eso es inevitable en los derechos fundamentales. Ocurre igual con la libertad de expresión y el derecho al honor o el derecho a la información y a la intimidad. Son derechos que hay que ponderar y sopesar, y eso es difícil que lo haga un legislador. Esa es una tarea que es inevitable que haga el juez; otra cosa es que los tribunales vayan creando una jurisprudencia que luego se recoja en una ley".

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