El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles la modificación de la ordenanza del civismo, con los votos del Gobierno municipal de CiU y del PP. 

REDACCIÓN HO / EP.- El Ayuntamiento de Barcelona ha sacado adelante este miércoles con los votos del Gobierno municipal de CiU y del PP la modificación de la ordenanza del civismo para endurecer el veto a la prostitución callejera, y que la concejal de Mujer y Derechos Civiles, Francina Vila, ha presentado como mensaje al mundo de lo que la ciudad "no quiere" que ocurra en sus calles.

Se ha debatido en la Comisión de Presidencia y Régimen Interior, donde PSC, ICV-EUiA y UpB han mostrado su rechazo al cambio, que pasará por el pleno del 25 de julio y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPB) antes de entrar en vigor previsiblemente en agosto, aunque las primeras semanas será un periodo meramente informativo, según fuentes municipales.

El cambio primordial en la ordenanza es la eliminación del aviso previo de la Guardia Urbana, y que sólo si es desatendido deriva en multa; las sanciones serán mayores para los clientes -a los que se podrá multar aún siendo 'clientes potenciales', aspecto que ha pedido CiU- que para las prostitutas, y oscilarán entre los 100 euros y los 3.000, esta última cifra si se mantienen relaciones sexuales retribuidas en la calle.

Vila ha defendido el cambio afirmando que la ordenanza era ambigua, y por el hecho de que la situación empezaba a ser "insostenible" porque las últimas medidas aplicadas en Francia en relación a la prostitución han llevado a que muchas chicas se trasladen a Barcelona, y ver a la Urbana jugando al gato y al ratón con las mujeres es para ella indignante, con lo que intentan poner orden.

El PP ha llevado la batuta de la modificación normativa, y su portavoz, Àngels Esteller, ha defendido una actuación contundente contra el cliente y sin aviso previo, y ha resaltado que es una cuestión de respetar los derechos de todos, subrayando que "la gente pueda disfrutar del espacio público con normalidad" y actuar contra las mafias que explotan a las mujeres.

El nuevo redactado de la ordenanza modifica los artículos 39 y 40, con el que Vilà también confía que ayude a frenar la explotación, y en los que se incluye que las prostitutas puedan conmutar la multa si participan en un curso de inserción de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits), lo que llevará a desarrollar un reglamento para garantizar su buena aplicación.

 Para las prostitutas, la sanción será de 100 a 300 euros por ofrecer o aceptar prestar servicios sexuales retribuidos en la calle, y de 300,01 a 750 si se hace a menos de 200 metros de una escuela; para los clientes que pidan o negocien, y cualquier conducta que promueva la prostitución callejera --pedido por el PSC en las alegaciones--, la multa será de 1.000 a 1.200 euros, y de 1.200,01 a 1.500 si a menos de 200 metros de una escuela; si se mantienen relaciones sexuales retribuidas en la calle, será de 1.500,01 a 3.000.

Joan Laporta (UpB) y los partidos del anterior gobierno, representados por la exresponsable de Seguridad Assumpta Escarp (PSC) y de Mujeres Elsa Blasco (ICV-EUiA), han cargado contra el cambio al entender que se invisibilizará la prostitución, y se incluya puntos --como conmutar multas-- ya presentes en la ordenanza: "Se prohíbe las putas en la calle sin más", ha resumido Escarp.

Blasco cree que la modificación normativa favorecerá el proxenetismo, ha apostado por una regulación de ámbito estatal que dote de derechos a quienes ejercen la prostitución libremente, y ha reprochado que CiU vaya a remolque del PP como "moneda de cambio" a su apoyo a las cuentas sin escuchar informes negativos de la síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, de la Dirección municipal de Prevención, de entidades de apoyo a las prostitutas ni el rechazo de técnicas de la agencia Abits.

Laporta ha reprochado al PP que quiera convertir Barcelona en "la ciudad de las prohibiciones" y ha recordado a los populares que puede iniciar una ley que prohíba la prostitución en todo el Estado.