REDACCIÓN HO / LA GACETA.- Era el 31 de enero de 2011 cuando el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró al diario El Mundo que, de llegar a la Moncloa, derogaría la actual ley del aborto, conocida como Ley Aído, que provocó un cambio jurídico sin precedentes al convertir el aborto -hasta entonces un delito despenalizado en casos excepcionales- en un derecho de la mujer.

Dos años después de la entrada en vigor de la llamada eufemísticamente Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ya con Rajoy como presidente, la norma se mantiene vigente, a pesar de que el propio Partido Popular, hoy en el Gobierno, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Aído, y a pesar también de las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, nada más llegar a su Ministerio, donde aseguró que cambiaría la norma sin esperar siquiera a la sentencia del Constitucional.    

Más de 300 abortos al día

Por este motivo, y porque cada día se llevan a cabo en España más de trescientos abortos según las últimas cifras aportadas por Sanidad -113.031 abortos en 2010-, los grupos provida urgen a Ejecutivo y Constitucional a dar un paso al frente en la defensa de la vida. 

En este sentido, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, lamenta que, tras la era Rodríguez Zapatero, sigamos con un Gobierno que permite que el aborto en España sea un derecho. "Nos tememos que por miedo a que haya una reacción en contra".

Aunque conscientes de que la crisis económica está afectando de lleno a los españoles, las organizaciones provida no aceptan, sin embargo, que el dinero se coloque por delante del derecho a la vida. "La vida humana es innegociable, y no es incompatible que el Gobierno luche contra la crisis económica y que se preocupe por otros asuntos de importante calado", explica Joya a Gaceta.es.

¿Retirar el recurso?

Y para que la batalla provida no caiga en el olvido, Derecho a Vivir entregará mañana en la sede del PP una carta dirigida a Mariano Rajoy en la que le preguntan cuántos abortos son, a juicio del Gobierno, aceptables en España. "Nosotros creemos que hay que buscar el aborto cero", explica la organización, que inicia así su campaña #AbortoCero, que instalará mesas de recogida de firmas y pondrá en marcha movilizaciones para pedir al Gobierno que pase de las palabras a los hechos.

Además, y ya con la mirada puesta en la Justicia, las organizaciones provida se preguntan por qué el Partido Popular mantiene el recurso presentado ante el Constitucional si ahora tiene en su mano la posibilidad de retirarlo y, con la mayoría política, derogar la ley. "¿O es que si el Constitucional sentencia a favor de la ley no la van a cambiar?", se preguntan. 

Aunque la solución propuesta antes de las Elecciones por el PP -vuelta a la ley de 1985- no es la ideal ni la deseable a juicio de las organizaciones provida - "el supuesto de la salud psíquica de la embarazada era un coladero que permitía el aborto libre de facto"-, sí sería un primer paso, ya que ese texto, al menos, no reconoce el derecho al aborto, como sí hace la ley alumbrada en el Ministerio de Igualdad, que permite abortar durante las primera 14 semanas de gestación sin más motivo que la voluntad de la madre. 

Un aspecto jurídico que podría chocar frontalmente con la sentencia que el propio Tribunal Constitucional emitió en 1985, cuando declaró que "la vida del nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido".  

"Sólo la posibilidad de que se practique un aborto contra lo previsto en la Constitución y al amparo de la nueva Ley, convertiría en dramática e irresponsable la pereza del TC para dictar sentencia, que se prolonga ya durante dos años de forma incomprensible", declara el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, que critica también la demora del Gobierno en hacer efectivo el compromiso electoral de derogación de la Ley del aborto. "En un tema de tanta trascendencia como el del derecho a la vida, las demoras por razones de prudencia política o de carga de trabajo resultan totalmente inaceptables”.