El chantaje de Sortu: o les votan o volverá ETA

El chantaje de Sortu: o les votan o volverá ETA

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LA RAZON.ES.-   Sortu, una vez legalizado por el Tribunal Constitucional, pretende erigirse en una especie de «garantía para la paz» al que tienen que votar los vascos si no quieren la vuelta al terrorismo, según expertos antiterroristas, consultados por La Razón. 

Se trata de una artimaña más de Batasuna, ahora rebautizada como Sortu, ya que la auténtica «garante» de que no vuelvan los atentados es la propia ETA. Eso siempre que se le concedan sus exigencias, la primera el acercamiento al País Vasco de los presos, como paso previo a su definitiva puesta en libertad.

La campaña que, según las citadas fuentes, va a articular Batasuna-ETA durante los próximos meses, se realizará de una manera sutil pero con un mensaje claro destinado a los que «tienen que recibirlo»: «La paz puede tener fecha de caducidad».

Doble objetivo

El objetivo es doble: por un lado, tratar de convencer a la opinión pública de que ellos son los que han traído el fin del terrorismo y no desean que nada enturbie un hito histórico de tal magnitud; y, por el otro, lograr que el Gobierno español (y el francés, a ser posible) se siente a negociar la excarcelación de los presos; la impunidad para los que se hallan en la clandestinidad, y la salida de las Fuerzas de Seguridad y los ejércitos, del País Vasco y Navarra. Todo ello, a cambio de un supuesto «desarme», sin ningún tipo de control fiable.

Los pistoleros, en su último comunicado, lanzaron la primera amenaza cuando hablaron de «prolongación del sufrimiento» y «generar situaciones de bloqueo perjudiciales». Era un aviso. La legalización de Sortu, algo que estaba «descontado» en las previsiones de Batasuna-ETA, no es garantía de final de terrorismo. Por más que los que durante la anterior legislatura (nacionalistas y socialistas) negociaron el «proceso» con la banda se empeñen en transmitir lo contrario, e incluso adviertan de que pasarán cuentas a los que se nieguen a admitirlo.

«Moqueta»

Además dicha legalización, como dicen los presos, es una baza para los «de la moqueta» (los que ocupan puestos en instituciones), mientras que ellos siguen en la cárcel, en cumplimiento de las condenas que les fueron impuestas por los tribunales de Justicia.

Por ello, no todo son alegrías en el mundo proetarra. Sus estrategas se topan en la actualidad con varios problemas (por más que quieran esconderlos bajo el éxito  de Sortu). Al de los presos, que es el primero y el más difícil de resolver, se une el del debate interno que, desde marzo de este año, han iniciado entre los militantes que se encuentran en la clandestinidad y cuya cifra, incluidos los que viven en América, es de unos 300. La discusión, a través de aportaciones escritas, debe concluir en enero del año que viene.

La decisión del «cese definitivo», anunciada a bombo y platillo en octubre del año pasado, no había sido consultada con la militancia (carecía, por lo tanto, de la solidez necesaria) sino que la habían adoptado unos cuantos cabecillas bajo el principio del «centralismo democrático» (lo que deciden los jefes es bueno para toda la organización y no se discute).

El resultado será el que más convenga a ETA en esa fecha (en la que, probablemente ya se habrán celebrado las elecciones autonómicas vascas). De momento, el «cese armado definitivo», se ha convertido en una tregua, cuya prolongación o ruptura tiene que ser consultada a las bases. 

Recientemente, el «Colectivo de Presos» (el EPPK, por sus siglas en euskera) hizo pública una declaración en la que decía de estar de acuerdo, todo ello supeditado a que se les dé la amnistía o, al menos, obtengan el acercamiento al País Vasco, como paso previo a su liberación. 

Chantaje

Se trata, en cualquier caso, de un mecanismo de chantaje, para, de una manera sutil, comunicar a los gobiernos de España y Francia algo que ya se sabía desde el mismo momento en que lo anunciaron, en octubre del año pasado: el cese armado estaba condicionado al logro de una serie de exigencias, entre ellas la del establecimiento de una negociación con los ejecutivos de ambos países. Era una trampa más, como denunció La Razón en su momento. Por más que Batasuna, y los que apoyaron dicho «proceso», entre los que no faltan medios de comunicación, se empeñen en transmitir que el «cese armado» es irreversible, la realidad de la amenaza de ETA, con una estructura «logística y militar» operativa, es una baza que la banda y su entramado pretenden ahora poner en valor. La decisión no es ajena a la creciente disidencia interna, que la legalización de Sortu no va a frenar. La acción judicial y policial constituyen el único freno para que esta estrategia no pueda alcanzar sus fines, según las citadas fuentes.

El coste de seguridad de Amaiur 

281.691,6 euros. Ésa es la cantidad que ha recibido Amaiur para cubrir los gastos de seguridad derivados del terrorismo. De ese dinero 13.757 fueron dirigidos a la subvención de gastos de seguridad frente a ETA.  Los partidos políticos recibieron el primer trimestre del año un total de 17,12 millones de euros como subvención para su   funcionamiento ordinario y para cubrir gastos de seguridad frente al   terrorismo. Se desconoce en que emplea Amaiur el dinero dirigido a la seguridad contra el terrorismo, mientras que otros partidos lo utilizan para cubrir gastos de escoltas y seguridad, el partido abertzale no hace público en que se gasta estas subvenciones.