REDACCIÓN HO.-. El portavoz socialista en materia sanitaria, José Martínez Olmos, presentará mañana martes ante el Pleno del Congreso una proposición de ley para la creación de una 'ley estatal' de Muerte Digna o reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de su vida, eufemismos bajo los que, recordemos por la propuesta de Rubalcaba ante las elecciones y en los últimos tiempos del Gobierno Zapatero, se esconden prácticas eutanásicas.

HO ya informaba el pasado enero de que, tal y cómo priorizó su candidato durante la campaña electoral, y dando por válido Rubalcaba ese mismo proyecto pese el batacazo electoral -de hecho por ello abogaba en el debate de investidura de Rajoy-, el PSOE volvía a presentar en el Registro del Congreso de los Diputados la Proposición que abre la puerta a prácticas eutanásicas, cuyo texto íntegro aparecía ya publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

De hecho, según informa Europa Press, se trata de la misma propuesta que tenía marcada el PSOE en la anterior legislatura y que, por el adelanto de las elecciones, no le dio tiempo a presentar, según afirmó en su momento el actual líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que la calificaba como medida estrella en su programa electoral ante los comicios que luego perdió. Así, esta propuesta ha sido traída a la Cámara junto a otras, como la de la Igualdad de Trato, que también se quedó en el 'tintero'.

Pese a ello, el PSOE insiste en su argumentación en que esta normativa nada tiene que ver con la eutanasia y representa una actuación "completamente" ajena a dicha práctica. "No cabe sin embargo incluir entre los derechos consensuados de los pacientes en el proceso final de su vida, el de ser sujeto de la actuación conocida como 'eutanasia', un término que etimológicamente significa 'buena muerte'", insiste en varias ocasiones.

Pero al mismo tiempo, resalta que algunas comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, se han ocupado ya de regular la materia, aunque con "desigual extensión". Por ello, plantea la presente ley como una normativa estatal básica que reconozca en España un "haz de derechos" a todas las personas, con independencia del territorio o de la administración sanitaria encargada de velar por su tratamiento en el proceso final de la vida.

 En este sentido, la regulación planteada contiene una previsión de derechos de las personas en el marco de la prestación de los servicios sanitarios y una garantía de acceso a determinadas prestaciones concretas. En concreto, se establecería el principio fundamental de pleno respeto a la voluntad de las personas en el proceso final de su vida y con ello, plantean una delimitación de la aplicación de la ley mediante  la presencia de un pronóstico vital reducido en el tiempo e irreversible.

Igualmente, otro apartado estaría dirigido a la declaración de las personas en el derecho final de su vida, nucleada en torno al derecho a la toma de decisiones, que presupone, como ha afirmado el propio Tribunal Constitucional, según el PSOE, el derecho a una información completa, clara y comprensible. Junto a esta información, los elementos de falta de capacidad  que pueden darse en los pacientes en razón de su minoría de edad o de su estado físico y cognitivo.

"En todos los casos se trata de garantizar la primacía de la voluntad de la persona en el proceso final de su vida, así como las vías de conocimiento y manifestación de dicha voluntad, y de proscribir cualquier consecuencia discriminatoria en la atención sanitaria que pudiera derivarse de dicha voluntad y, específicamente, del rechazo a determinados tratamientos.

El resto de preceptos determinarían el marco de actuación de los profesionales sanitarios y las obligaciones de las administraciones concernidas al objeto de dar satisfacción a los derechos recogidos anteriormente.

El PSOE asegura que en esta ley se prevén las garantías necesarias para que esa voluntad se configure de modo plenamente informado y para que los profesionales puedan acceder a la misma, así como la obligación de adecuar el esfuerzo terapéutico a la situación del paciente, proscribiendo así las actuaciones que puedan entrañar ensañamiento terapéutico y dando plena cobertura a la disminución proporcional de ese esfuerzo en razón del bienestar del paciente, y siempre con las garantías de decisión compartida por varios profesionales y de información al paciente y respeto a su voluntad.

PPE: el texto desvela la deriva eutanásica

Como ya hiciera con el Proyecto de Ley presentado durante la legislación anterior, Profesionales por la Ética (PPE) ha analizado el nuevo texto. «La primera conclusión -explica la Dra. María Alonso, del Grupo Vida Digna de PPE- es que ambos textos están prácticamente calcados; la Proposición de Ley se presenta de nuevo como «una ampliación de derechos y existe una delgada línea divisoria entre la sedación terminal como tratamiento y su uso intencionado como eutanasia. Si bien es cierto que el texto excluye expresamente que la eutanasia sea un derecho de los pacientes».

Sin embargo, y todo según el análisis realizado por el Grupo Vida Digna de Profesionales por la Ética, hay varios aspectos del texto que desvelan la deriva eutanásica. Por ejemplo: 

•  El médico deberá aceptar cualquier solicitud del paciente, incluyendo peticiones de eutanasia o suicidio asistido, ya que se suprime una condición legal existente hasta ahora: la voluntad del paciente expresada en el testamento vital o documento de instrucciones previas era atendida siempre y cuando se ajustara a la buena práctica médica y al ordenamiento jurídico. «Con la supresión de este límite a la voluntad del paciente», explica la Dra. Alonso, «se introduce la eutanasia encubierta en la legislación española».

• Se establece la sedación como un derecho del paciente, de manera que este o sus familiares la pueden exigir aunque sea un tratamiento contraindicado o no sea conforme a la buena práctica médica. Además, el texto exime al personal sanitario de cualquier responsabilidad siempre y cuando haya obedecido los deseos del paciente o sus familiares.

• Se permite al profesional sanitario tomar decisiones como retirar soportes vitales o inducir sedaciones sin necesidad de consultar a otros profesionales ni siquiera a la familia. «Este apartado de Proposición de Ley  otorgaría a un solo profesional la posibilidad aplicar sedaciones irregulares o retirar soportes vitales, una medida que siembra desconfianza en el personal sanitario», explica la Dra. Alonso.

En conclusión, y a juicio de Profesionales por la Ética, la Proposición de Ley presentada por el PSOE permite claramente prácticas eutanásicas que amenazan al personal sanitario y ponen en peligro la vida de cada ciudadano. El texto, por tanto, no es en absoluto inofensivo.

Por último, la Dra. Alonso advierte que, si bien es cierto que el PSOE no tiene mayoría parlamentaria para aprobar este texto, en Andalucía existe una ley prácticamente igual que en su momento contó con el respaldo del Partido Popular para convertirse en norma.

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Documentación DAV

• DAV: Informe Jurídico Preliminar sobre el Proyecto de Ley
• DAV: Informe Científico sobre el Proyecto de Ley

Documentación de referencia de PPE:

• Comparecencia de Profesionales por la Ética en del Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte
• Informe ¿Ley de muerte digna o eutanasia encubierta?
• Dossier de notas de prensa de Profesionales por la Ética sobre «muerte digna» y «eutanasia»
• Nota de prensa sobre el Proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida
• Vídeos del Grupo Vida Digna de Profesionales por la Ética