Las izquierdas navarras siguen su embestida contra la Iglesia Católica

Las izquierdas navarras siguen su embestida contra la Iglesia Católica

Pese al rechazo de UPN y PP, que denuncian que "el motivo es rechazar la Iglesia", logran aprobar una moción que pide al Gobierno foral realizar un inventario del patrimonio inmatriculado por la Iglesia, y al central que derogue el artículo legal que lo permite.

REDACCIÓN HO.- El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado una moción por la que insta al Gobierno foral a realizar, en colaboración con las entidades locales, un inventario del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia en Navarra.

La resolución, fruto de una enmienda de sustitución presentada por el PSN a una moción conjunta de Nafarroa Bai, Bildu e Izquierda-Ezkerra, ha contado con los votos a favor de estos cuatro grupos parlamentarios, mientras que UPN y el PPN la han rechazado.

En un segundo punto de la moción, el Legislativo navarro pide al Gobierno central que articule los mecanismos necesarios para la derogación del artículo 206 de la ley Hipotecaria, así como del artículo 304 del Reglamento Hipotecario, a los que se acoge la Iglesia para "poder inmatricular".

Ya en un tercer punto, el Parlamento insta al Gobierno de Navarra a "efectuar la defensa jurídica del patrimonio anteriormente referido perteneciente a las entidades locales, en los casos en que quede acreditado su condición de bien de dominio público o comunal, siempre que dichas entidades lo soliciten".

En la moción se hace alusión al "conflicto" surgido en Navarra al conocerse las inmatriculaciones en el Registro de la Propiedad por parte de la Iglesia a través de su Diócesis de "al menos 1.087 bienes que se consideran de los pueblos, acogiéndose a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946".

Para defender la moción, el parlamentario de Nafarroa Bai Patxi Leuza se ha encenido al afirmar que las inmatriculaciones "han arrasado el territorio de Navarra" y ha criticado que los obispos "puedan emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos".

En su opinión, este hecho es "paradójico" en un país que en su Constitución se fija que es aconfesional y ha defendido que "la separación del Estado y la Iglesia debe ser total". "No se deben permitir a la iglesia privilegios medievales", ha zanjado.

En esta misma línea, Victor Rubio, de Bildu, ha censurado que "lo que ha hecho la Iglesia inmatriculando más de 1.000 bienes en Navarra es arrebatar la expresión que se ha ido construyendo a lo largo de siglos en la Comunidad foral". Según ha sostenido, "todos estos bienes han sido pagados por las generaciones que nos han precedido y los diezmos de los vecinos, mientras que el clero y los obispos no han pagado nada de este patrimonio".

En representación de Izquierda-Ezkerra, Txema Mauleón ha criticado que en la actualidad "la Iglesia católica siga teniendo privilegios fiscales" y ha rechazado que "mientras se está pidiendo a todo el mundo esfuerzos para superar la crisis, todavía no haya habido ni un sólo recorte para la Iglesia".

Por su parte, el socialista Román Felones ha lamentado que en el último decenio "prácticamente todas las ermitas e iglesias de los pueblos navarros, de todos los colores políticos, han sido inmatriculadas, sin el conocimiento de los vecinos".

Rechazo de UPN Y PPN rechazan la moción política: "el motivo es rechazar la Iglesia".

Por contra, el parlamentario regionalista Eradio Ezpeleta ha destacado que "no es un debate nuevo" y ha subrayado que es "la ley foral de Administración local de Navarra la que regula la defensa y recuperación de los bienes de las entidades locales".

"Estamos ante una cuestión de propiedades y si hay discrepancias existen los mecanismos judiciales oportunos para resolverlo, no mecanismos políticos", ha agregado, para señalar que "el motivo de presentar esta moción no son las propiedades sino rechazar la propia institución de la Iglesia".

   Finalmente, por parte del PPN, Ana Beltrán ha calificado la moción como "desacertada, injusta, insolidaria y alejada de la realidad social de España" y ha asegurado que se trata de una iniciativa "dirigida única y exclusivamente contra la Iglesia católica".

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