REDACCIÓN HO.- Por una parte anuncia una nueva Ley de objeción de conciencia en el ámbito sanitario y por otra, habla de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que incluye, según dijo, la mejora de la calidad y de la accesibilidad a los servicios públicos que pagan y practican agresiones, con resultado de muerte, a vidas humanas en el seno materno.

La consejera fue muy clara refiriéndose a los “logros” que según ella supone el "derecho" a matar: “Se combatirá cualquier retroceso en este terreno”, dijo Montero, tras haber manifestado el Gobierno de España al principio de la legislatura su intención de reformar la Ley para evitar que las jóvenes de 16 años pudieran interrumpir sus embarazos sin autorización paterna.

La mejora y protección de este "derecho" a matar, es consecuente, además, con uno de los puntos del acuerdo programático de Gobierno entre PSOE e IU en la Junta y que persigue “garantizar” la práctica del aborto “a cargo de la Seguridad Social y dentro de la red sanitaria pública andaluza”.

A estas cuestiones se refirió este viernes Montero durante su comparecencia en la comisión de Salud del Parlamento andaluz, lo que provocó, según el periódico ABC, ya las suspicacias de la portavoz en esta materia del PP, la diputada Ana María Corredera. Esta transmitió durante su réplica a la consejera que “miedo me da esa ley”, porque “su idea de objeción de conciencia no suele coincidir mucho con lo que piensan los profesionales”. Desde el PP sospechan, en ese sentido, que el giro en esa norma puede ir encaminada a complicar que los profesionales sanitarios puedan a acogerse al derecho de objeción en temas tan sensibles como el aborto o la ley de muerte digna.

La parlamentaria del PP cree, por tanto, que la Junta está buscando agitando de nuevo estos temas polémicos buscar la confrontación con su partido y el Gobierno, y de esta forma intentar dejar en un segundo plano cuestiones tan sensibles como la bajada del 5% del sueldo a los profesionales sanitarios y los recortes que, en su opinión, está realizando el Gobierno andaluz en la sanidad. De hecho, Montero pasó ayer de puntillas sobre los recortes al personal sanitario, a pesar de los requerimientos del PP.

La Ley de objeción de conciencia y la de garantías del sistema sanitario forma parte de un paquete de media docena leyes que la consejera de Salud y Bienestar Social se ha comprometido a desarrollar en esta legislatura.