REDACCIÓN HO.-  Dicen ser más de 120 asociaciones entre colectivos feministas, sindicatos, y organizaciones y negocios relacionados con el aborto: han presentado un manifiesto en el que muestran su "total indignación" ante la reforma anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de la Ley Aído, con la que se pasaría de una ley de plazos a otra de supuestos.

Entre los firmantes figuran Mujeres Juristas Themis, Federación de Mujeres Progresistas, CCOO y UGT, La llamada Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, o los negocios abortistas Dator y El Bosque.

Siguiendo la retórica de la ideología abortista en la que se silencia y disfraza de supuestos derechos de la mujer la muerte a la que se condena al ser humano no nacido y en el que se evita toda referencia a las graves consecuencias del aborto para la madre, los firmantes afirman que las mujeres "tienen derechos específicos en salud sexual y reproductiva" y exigen que haya derecho a prestaciones específicas en la cartera nacional básica de servicios sanitarios.

En este sentido, apuntan que la "negación" de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conlleva "el retroceso en cuestiones como la educación sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia".

Así, anteponiendo los pretendidos "derechos de la mujer" por encima del derecho a la vida y siguiendo con falsas premisas -nada impide a una mujer decidir sobre su maternidad o no y en consecuencia dar al niño en adopción, por ejemplo-,  muestran su "absoluta negativa a aceptar un recorte en la libertad y autonomía de las mujeres en relación a su sexualidad y a decidir sobre su maternidad" y consideran que la posible reforma de la legislación supondría "un retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

En este sentido, afirman su "desacuerdo" con el fondo argumental por el que se quiere llevar a término la reforma pues lo ven "retrógrado, manipulador e ideológico" y manifiestan su "repulsa" en relación con que "la vulneración de los derechos de las mujeres se convierta en el sello ideológico de la derecha".

Asimismo, y frente a toda evidencia científica que sigue demostrando todo lo contrario, advierten de que la pérdida de derechos en salud sexual y reproductiva "expondría a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres" y, en este sentido, llegan incluso al extremo de invocar un falso 'derecho internacional al aborto' cuando indican que el Gobierno está "obligado, de acuerdo a la normativa europea e internacional, a refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos".

Siguiendo este falaz argumentario, niegan el acto violento que entraña todo aborto para denunciar en cambio que "violencia de género estructural" es "la coacción y la limitación en el uso de las libertades individuales". Oídos sordos hablando de violencia a denuncias como las formuladas por mujeres discapacitadas, sobre su sometimiento a abortos coercitivos y esterilizaciones.

Rechazan la "presión de la jerarquía eclesiástica y grupos ultraconservadores" que, a su juicio, existe. Es decir, sólo vale el pensamiento único que ellos defienden, todo lo demás es despreciable. Así, piden "una sociedad laica y democrática libre de imposiciones religiosas". 

Ni siquiera superan los viejos clichés, sobradamente desmentidos por la Ciencia, como el que no reconoce al no nacido como un ser distinto a la propia madre, al referirse el manifiesto al el derecho de cada uno "a decidir sobre su cuerpo y su vida", cayendo así de paso en contradicción respeto "al uno" no nacido a quien se decide exterminar. 

Y con todo, aún critican la "arbitrariedad en el manejo y uso del concepto 'derechos' y que la aceptación de los derechos humanos de las mujeres es incompatible con su regulación en el código penal". "Donde hay derechos no hay supuestos y el ejercicio de un derecho no es punible", concluyen.