REDACCIÓN HO / EP.-  El Ministerio de Sanidad parece arrugarse ante las presiones de los proabortistas de izquierdas, feministas y negocios del aborto, tras haber mencionado en un primer momento “la posibilidad” de retirar el aborto de las prestaciones de la Seguridad Social. La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha asegurado que no va a salir de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) ninguna prestación sanitaria que obedezca a "motivos médicos o de salud", tampoco en el caso del aborto. 

Así lo ha asegurado antes de la presentación del estudio Epine 2011, en respuesta a los periodistas que han preguntado expresamente por la posibilidad de que esta prestación saliera de la nueva cartera de servicios básicos que prepara el Ministerio del ramo junto con las comunidades autónomas. En este sentido, al ser preguntada directamente por el aborto, Farjas ha asegurado que "no va a salir ninguna de las prestaciones que por motivo médico o de salud se requiera en el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

No obstante, actualmente la mal llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva permite el aborto libre y voluntario hasta la semana 14 de gestación, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y las ayudas de que puede disponer para la maternidad, al menos tres días antes del aborto.

Sobre esto, Farjas se ha remitido al último Real Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo la semana pasada, que contempla la creación de una Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias que será la que decida las prestaciones que estarán en la cartera de servicios, atendiendo a "criterios de eficacia y calidad".  "Todos los españoles tienen la garantía de que la actualización permanente de la cartera de servicios y prestaciones se realizará bajo criterios de eficacia, calidad y eficiencia", ha afirmado.

Ni el aborto es una acto médico ni desde luego el embarazo es una enfermedad, como tampoco es concebible que los recursos ciudadanos se van destinados a matar a quien se le diagnostica una enfermedad o discapacidad (aborto eugenésico); y para quien apura todo sentido ético, cuanto menos en tiempos de crisis donde hay que priorizar el gasto. La actual 'ley Aído' permite el aborto libre hasta la 14 semana, abortos que son costeados íntegramente por la Seguridad Social en todo el territorio español. Un lastre económico para las malogradas arcas públicas de las comunidades autónomas que, como Aragón, llevan tiempo sin poder sufragar estas intervenciones, lo que se ha saldado no con lo razonable -el recorte-, sino con un incomprensible privilegio a los negocios abortistas declarado por la propia administración autonómica. Todo en un país donde, como recuerda la Dra. Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, "matar a un hijo es más rápido y barato que operarse de cadera".

Mientras, seguimos esperando. Por una parte, el fallo del Constitucional al recurso que interpusieron diputados del PP a la Ley Aído. Por otra, el Gobierno se encuentra trabajando en una nueva legislación que, tal y como adelantó hace unos meses el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, volverá a los supuestos -al estilo de la normativa de 1985-. Falta por saber todavía bajo qué indicaciones se permitirá a las mujeres abortar, ya que varias fuentes del Gobierno adelantaron que el supuesto de "daño psicológico", auténtico coladero que establece una barra libre al aborto, desparecerá.