Argentina: el aborto, despenalizado en casos de violación

Argentina: el aborto, despenalizado en casos de violación

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REDACCIÓN HO.- Desoyendo el clamor ciudadano en defensa del derecho a la vida, la Corte Suprema argentina consideró ayer “no punible” la práctica del aborto por parte de una adolescente de 15 años, cuyo embarazo era fruto de una violación. Por unanimidad, aunque con argumentos diferentes, los nueve miembros del máximo tribunal, aprobaron que las mujeres violadas podrán someterse a un abortosin necesidad de acudir a la justicia en busca de autorización, con lo que se sienta jurisprudencia en la materia.

El máximo tribunal instó además a que se establezca el dispositivo hospitalario en el sistema público de salud para atender esos casos. También indicó que los hospitales deben tener un sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia, aunque sin que ello se traduzca en demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio.

Con ese dictamen se apoya el fallo que el Tribunal Supremo de la Provincia de Chubut, que había autorizado en 2010 a una adolescente de 15 años a poner fin a su embarazo, fruto de la violación de su padrastro, un oficial de la policía de esa provincia.

La decisión de la Corte sienta jurisprudencia sobre la discutida interpretación del artículo 86 del Código Penal, que no penaliza los mal denominados abortos terapéuticos, y azuza la discusión en el Congreso sobre la despenalización completa del aborto, cuyo proyecto se encuentra empantanado en el Parlamento.

Contenido de la sentencia

La Corte aclaró que, aunque el aborto ya se había cometido, se configuraba uno de los supuestos de excepción que, según su jurisprudencia, la autoriza a pronunciarse. Esto teniendo en cuenta:

  • Que el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural;
  • Que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos; 
  • y que estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino.

El voto mayoritario, firmando por los jueces Ricardo LorenzettiElena Highton de NolascoCarlos FaytJuan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni aún sentaba tres reglas. A saber:

  • Que la Constitución y  los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. 

De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre.

  • Que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste  que el embarazo es la  consecuencia de una violación.
  •  Que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

Entre otros aspectos, en la decisión se cita la posición de la Organización Mundial de la Salud en la materia  y distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas que marcaron la necesidad de garantizar "el acceso seguro a los abortos no punibles" y la eliminación de las barreras institucionales y judiciales que han impedido a las víctimas de una violación acceder a un derecho reconocido por la ley.

También sostuvieron los jueces que se consideraba indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública, con especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación y que se capacite, en este sentido, a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra índole para que brinden a toda víctima de violencia sexual la orientación del caso.

En síntesis, la Corte Suprema tuvo en cuenta que el artículo 86 inciso 2º del Código Penal establece que:

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: … si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

 Así, atendiendo a esta disposición, y frente a una extendida práctica fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales y provinciales que ha restringido el acceso a los abortos no punibles cuando se aduce ser víctima de una violación, la Corte Suprema de Justicia reafirma, con este pronunciamiento, "el imperio del principio de legalidad" que prescribe que las leyes están para ser cumplidas, por lo que no puede impedirse a estas víctimas ejercer su derecho a abortar conforme lo autoriza el Código Penal en esta clase de casos. 

Reacciones

El ministro de Justicia, Julio Alak, aclaró que el gobierno no impulsa la sanción sobre la penalización porque considera que “se necesita un amplio debate social previo”.

La mayoría de los países iberoamericanos protegen el derecho a la vida del no nacido en sus legislaciones, penalizando el aborto. Sólo en Cuba y Guyana es legal.

Tras el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, la respuesta de indignación cívica no se hizo esperar.

Desde la Iglesia Católica el pronunciamiento llegó rápido, rechazando tajantemente esta decisión. El titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, consideró que ni aún en “el caso lamentable y triste de una violación” amerita la realización de un aborto. El arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz afirmó a través de un comunicado que “no existe ningún motivo ni razón que justifique la eliminación de una vida inocente”.

Asimismo, Arancedo recordó que en su declaración de agosto del año pasado, el Episcopado expresó que cuando se realiza un aborto son dos las víctimas, “la madre y su hijo o hija en gestación, y ambas deben ser preservadas y respetadas, porque el derecho a la vida es el derecho humano fundamental”. Finalmente, la Iglesia, a través de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, subrayó que "el aborto nunca es la solución".