¿Quién dio la orden de desguazar los trenes del 11M?

La juez trata de averiguarlo y llama a declarar a quien presidiera RENFE durante los atentados, Miguel Corsini. El Mundo informa de que la orden partió de un alto mando policial del departamento de Telesforo Rubio.

REDACCIÓN HO.-  Según informa hoy el diario El Mundo, un alto mando policial de la Comisaría General de Información dirigida por Telesforo Rubio contactó entonces desde la sede de Canillas con el director de Seguridad de Renfe y le autorizó a disponer de los vagones del 11-M para que fueran desguazados. De comprobarse lo que publica el citado diario, no hubo orden ni del juez instructor Juan del Olmo, ni de la fiscal Olga Sánchez. Pero los vagones del 11M se destruyeron.

En cambio en un accidente de un año antes en Albacete, el juez ordenó que se conservara el tren y así se hizo durante tres años. También El 5 de agosto de 2001, una locomotora Talgo ardió en Miraflores de la Sierra. Se apartó durante años y finalmente se desguazó ocho años después, el 6 de enero de 2010. El 4 de enero de 2003, la locomotora y el furgón  del talgo Madrid-Cartagena  descarriló en Toborra, causando victimas, el juez ordenó su inmovilización y precintado, donde quedó durante años sujeto a investigaciones judiciales: el furgón fue desguazado diste años después, mientras la locomotora sigue inmovilizado en las Matas.

La asombrosa destrucción de los vagones del 11M se ordenó pronto, y comenzó el 15 de marzo. Pero a la empresa de ferrocarril nunca llegó una autorización del juez para destruir los trenes, ni por vía oral ni escrita. El juez del Olmo tampoco se puso en contacto con Renfe por este motivo durante los dos años que duró la instrucción judicial de la masacre.

Fuentes de la compañía aseguraron que la prioridad de Renfe y del Ministerio de Fomento era recuperar cuanto antes la normalidad tras el atentado, y que así se lo transmitieron a los mandos policiales que participaban en las pesquisas.

El director de Seguridad de Renfe, el comisario Manuel Rodríguez Simons, recibió una llamada la tarde del 11-M de un alto mando policial que trabajaba en la investigación desde la central de Canillas autorizando a la compañía a despejar las vías y a disponer de los trenes. 

El Tribunal Supremo calificó de "sorprendente" y "apresurada" la destrucción de los vagones. Así aparece en su sentencia y añade que se "impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación".

La juez Cillán trata de averiguarlo

Ante ello, la juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, ha pedido reiteradamente a la Audiencia Nacional que confirme si existe una orden expresa del juez del Olmo. Sin embargo, a Renfe nunca llegó ninguna. Precisamente, en este sentido ha llamado a declarar como testigo este lunes al que fuera presidente de Renfe durante en 2004, Miguel Corsini, para preguntarle sobre la orden de destruir los trenes que fueron objeto de los atentados. Corsini presidió el consejo de administración de Renfe entre 1996 y 2004 hasta que pasó a ser nombrado vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Madrid, entonces bajo la presidencia de Gerardo Díaz Ferrán.

Cillán, que practica estas diligencias a propuesta de la acusación popular ejercida por Manos Limpias, investiga las posibles irregularidades cometidas durante la recogida y el traslado de los restos de explosivos utilizados en los atentados del 11 de marzo de 2004.

La magistrada investiga al excomisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y a una perito de su unidad por posibles delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio.

Según la querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la actuación del entonces jefe de los artificieros dificultó conocer la naturaleza de las bombas y, por lo tanto, la autoría exacta del atentado.

En esta causa también están personadas la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO).