Los defensores del pueblo maniobran para no perder el puesto

Pues vaya secreto, que se ha enterado toda España.

Ahora en serio, los Defensores del Pueblo Autonómicos, existiendo uno estatal, con lo que implican -oficinas, personal, gabinetes, asesores-, son un ejemplo más de multiplicación innecesaria del gasto público, además de favorecer la ineficacia y la lentitud administrativa por tener que utilizar mucho tiempo y recursos en coordinarse entre sí. Lo mismo ocurre con los Tribunales de Cuentas autonómicos.

Si tan necesario es que haya un Defensor del Pueblo y un Tribunal de Cuentas en cada Comunidad Autónoma porque uno solo no dé abasto, que es posible, lo más eficaz sería imitar a la Administración General del Estado o al Poder Judicial, que tienen Delegados y Subdelegados del Gobierno en las CCAA y las Provincias y Tribunales Superiores de Justicia, respectivamente, con autonomía de funciones en su ámbito territorial y dependencia jerárquica de los correspondientes órganos centrales.

Creo que es ahí donde está el problema, en que determinadas autoridades de ciertas CCAA no quieren ni oír hablar de instituciones que, aun teniendo una necesaria autonomía funcional, dependan jerárquicamente de una autoridad central (que no es lo mismo que centralista), pese a que ahorraría gasto y mejoraría la eficacia de los organismos afectados. Es una cuestión de politiqueo provinciano y ultranacionalista, no hay más.

Un esquema centralizado permitiría mantener Defensores del Pueblo y Tribunales de Cuentas delegados, entre otras instituciones, donde fueran necesarios. Ahora, como no hay dinero, las CCAA tienen que recortar gastos, y estos individuos, que lo habrán hecho mejor o peor según los casos, se ven en la necesidad de defenderse a sí mismos.

Bueno, la crisis puede servir para quitarnos un montón de morralla innecesaria. Pero existe el peligro no sólo de volver de nuevo a las andadas, sino de podar demasiado ahora. Lo mejor sería, creo, centralizar el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas y que, a propuesta de estos organismos, se constituyera luego las instituciones delegadas necesarias donde se aprecie que de verdad hacen falta. Si hacen falta. Y lo mismo con cualquier otra institución autonómica duplicada por las CCAA que no señale expresamente la Constitución (es decir, lo que no sea Asambleas legislativas, Consejos de Gobierno, Presidentes de éstos y TSJ).

Pasado un tiempo,  habría que volver a evaluar si incluso así no sobran instituciones centrales, incluso alguna de las señaladas por la Constitución, ¿por qué no? Por ejemplo, a mí me parece que el Tribunal Constitucional está de más, pudiendo asumir sus funciones una Sala Sexta, de lo Constitucional, que se crease en el Tribunal Supremo con presencia de los cuatro órdenes jurisdiccionales y, en su caso, de la jurisdicción militar, y además actuaría con más independencia, y sería menos costoso.

Comprendo que en este último caso habría que modificar la Constitución, exactamente el Título IX. Bueno, no veo que sea imposible ni sacrílego. Lo que ocurre es que no interesa. Y en cuanto a otras instituciones no haría falta. Pues que empiecen por ahí.