Gallardón anuncia la tramitación de la reforma de la ley del aborto

Gallardón anuncia la tramitación de la reforma de la ley del aborto

Lo acaba de confirmar en el Congreso, indicando que la base de la reforma será la doctrina del TC.

REDACCIÓN HO.-  El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acaba de anunciar en el Congreso que el Gobierno va a tramitar la  reforma de la Ley del Aborto, acentuando que fue una ley hecha "sin consenso". La reforma tendrá como base la doctrina del Tribunal Constitucional, según ha afirmado.

La reforma de la ley requerirá que las menores aborten con el consentimiento de los padres. Gallardón ha justificado este cambio porque  la ley se aprobó "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos". La reforma "defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos en la doctrina del Tribunal Constitucional".

En la Comisión de Justicia del Congreso, Gallardón también ha hablado de nuevas tasas. Así, ha apuntado esta mañana la posibilidad de establecer un sistema de copago de la Justicia, de forma que a partir de la segunda instancia, quien recurre pague. De esta forma, ha afirmado, se pretende mitigar el exceso de litigiosidad. Gallardón también ha anunciado que se abordará la reforma de la ley del aborto.

“Vamos a buscar el máximo consenso posible”. Con esa bandera se ha presentado esta mañana el ministro en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Estas declaraciones se producen pocas horas después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara, también en la Cámara baja, cambios importantes de la justicia.

Gallardón también ha anunciado que se reformará la Ley del Menor, para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos. Gallardón ha asegurado que la reforma no supondrá "merma alguna" de los derechos del menor.

La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado 'El Cuco' fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento, o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que había también un menor implicado, conocido como 'El Gitanillo',condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada.

En su comparecencia, Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.

Entre las prioridades de Gallardón están los planes para elaborar un Estatuto de la Víctima o el cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo anunció el ministro en su toma de posesión, en la que además insistió en el objetivo del PP de lograr en tres meses la renovación pendiente en el Tribunal Constitucional (TC) en diálogo permanente con la oposición. En relación a este asunto, Gallardón ha dicho este miércoles que tienen " pendiente la designación de cuatro magistrados para el Tribunal Constitucional" y que le gustaría " que esos magistrados no respondiesen a cuotas de partidos", sino que fueran apoyados por todas las formaciones políticas.

En relación a la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Gallardón ha defendido acabar con "la politización de la Justicia", como pretendía la Constitución. Así se reformará el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces- superando "cuotas partidistas". Se actuará también en las competencias del Supremo y del Constitucional, y respecto a este último ha propuesto una superacion del "pasado" para reformar a sus miembros de modo que sus nombramientos no respondan a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.

Además, el ministro ha anunciado un nuevo código mercantil y civil y que despojará de algunas competencias mercantiles y civiles a los jueces para atribuírselas a notarios y registradores.