Baleares deja de financiar el negocio del aborto

Baleares deja de financiar el negocio del aborto

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REDACCIÓN HO.-  El Gobierno balear ha suprimido para 2012 el presupuesto para pagar a los negocios privados de abortos, y destinará los 540.000 euros que ha dedicado este año a dicha partida  a partir de ahora a apoyar a las embarazadas. La noticia la difundía Agustín Buades, delegado del Instituto de Política Familiar (IPF) en Baleares.

El Gobierno balear había pagado los abortos en centros privados con cantidades de 540.000 euros en 2011 y de 180.000 euros en 2010, según la misma fuente.

El Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB), a cuyos esfuerzos se debe en mayor parte este éxito provida, celebra la invitación que ha realizado esta mañana en el Parlamento balear Carmen Castro Gandasegui, consejera de Salud, Familia y Bienestar Social,  de respetar la objeción de conciencia del personal sanitario ante el aborto, en respuesta a una moción del PSM: "Así la Sra. Castro ha dicho que se suprimen las subvenciones a las clínicas privadas abortistas y que si una mujer quiere abortar lo podrá hacer en la pública, y si un médico no lo quiere hacer alegando objeción de conciencia, se buscará otro ginecólogo", se felicita el IPF.

El anunció creó gran malestar en el seno del PSM-IV-ExM, curioso si comparten la premisa de que el aborto es siempre una tragedia: su diputada del Fina Santiago ya consideraba el pasado día 4 que es "inaceptable" la retirada de las subvenciones a las clínicas privadas que practican abortos, porque a su entender "pone límites a unos derechos conseguidos por las mujeres después de muchos años y que están consagrados en una ley que está en vigor". En este comunicado, la portavoz adjunta del grupo econacionalista lamentaba así que el proyecto de los presupuestos generales de Baleares de 2012 retire las ayudas a estos centros.

Mientras el Gobierno insular de José Ramón Bauzá rectifica, el de La Rioja, también del PP, ofrece en medio de su contencioso sanitario con el País Vasco y ante la objeción de conciencia de sus médicos, el envío de las mujeres a abortar al País Vasco a cambio de seguir atendiendo en su territorio a ciudadanos vascos. Así lo reconoció el jueves el presidente riojano, Pedro Sanz: “Planteamos que, en vez de pagar, se hicieran en el País Vasco como parte de las compensaciones por la atención sanitaria a los vecinos de Álava”.

También en Cataluña se destinan nuevos y jugosos fondos públicos a financiar abortos mientras se recorta en prestaciones de salud. A pesar de la profunda crisis económica que viven las finanzas públicas catalanas y del acelerado deterioro de los servicios que dependen de la Generalidad, el Gobierno de CiU ha decidido entregar 14.200.000 € (más de dos mil millones de pesetas) procedentes de los ciudadanos a los centros abortistas.

El artículo 17 de la Guía de Ética Médica Europea, según texto aprobado por unanimidad en la Conferencia Internacional de Ordenes Médicas de 6 de enero de 1987, dice:

 "Es conforme a la ética que el médico, en razón de sus convicciones personales, se niegue a intervenir en procesos de reproducción o en casos de interrupción de la gestación o abortos”.

También el Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial de 1999, establece en su artículo 24, que:

“al ser humano embrión-fetal se le debe tratar con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplica a los demás pacientes”.

 De igual forma, y a raíz de la Ley de Despenalización del Aborto de 1985, dicho código estableció en su artículo 23:

  “El médico es un servidor de la vida humana. No obstante, cuando la conducta del médico respecto al aborto se lleve a cabo en los supuestos legalmente despenalizados, no será sancionado estatutariamente”.

La objeción exterioriza contenidos ético-profesionales emblemáticos, como el respeto máximo a la vida en la tradición deontológica, el área de la legítima libertad de prescripción, la independencia individual ante las modas, y la resistencia al consumismo médico.

La objeción de conciencia es considerada por muchos como el verdadero termómetro democrático, pues la nota común de todos los regímenes totalitarios es la prohibición de la misma, o su reconocimiento restrictivo. Tan alto significado tiene la objeción de conciencia en los sistemas democráticos que el propio Tribunal Federal Norteamericano llegó a afirmar que la objeción era “la estrella polar de los derechos”. 

Para Agustin Buades, delegado del IPF en Baleares “si nunca debieran financiarse abortos con dinero público, en un momento en el que no hay recursos económicos ni para atender la sanidad y la educación públicas, la financiación autonómica de las empresas del aborto resulta especialmente ofensiva, y en particular, para los ciudadanos que pagan impuestos”. 

El IPFB recuerda que "el aborto acaba con una vida humana, es un drama inmenso para la mujer que aborta y hace a nuestra sociedad más inhumana: no puede ser financiado con dinero público".  Por ello, el Instituto agradece "la sensibilidad demostrada hacia la VIDA por parte de la Consellería de Salut, del grupo parlamentario del PP y del mismo PP".