Andalucía: Griñán vuelve al ataque contra la educación concertada
Los titulares de los centros podrían perder el control sobre la dirección y el proyecto educativo.
REDACCIÓN HO / RELIGIÓN CONFIDENCIAL.-El Gobierno de Griñán quiere aprovechar el final de su legislatura para asestar un nuevo ataque a la enseñanza concertada, con una amplia representación de órdenes religiosas. La medida que se someterá a debate pretende que, si falta el consenso entre el titular del centro educativo –el dueño– y los miembros del Consejo Escolar –profesores, personal de administración y servicio, padres y alumnos– sobre quién debe dirigir el centro o cuál es el proyecto educativo que se aplique, será el Consejo Escolar el que decida.
Se puede dar así el caso de que un centro con ideario católico cuya titularidad ostente una orden religiosa, contase con un director contrario a esos principios y con un proyecto educativo que no fuera acorde con el ideario de los dueños. Así, el Consejo Escolar se convertiría con esta normativa en una forma de acceder al poder en los colegios y de limitar la libertad de establecimiento de centros de enseñanza que reconoce nuestro ordenamiento jurídico.
La Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FECAPA) ha denunciado las intenciones del Gobierno andaluz al que critican, además, por el carácter de urgencia con el que se está intentando tramitar la norma.
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CFuencisla Mié, 07/12/2011 - 11:35h
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El señor Griñán personaliza
El señor Griñán personaliza aquello de "Genio y figura hasta la sepultura", porque todo parece indicar que ya tiene pie y medio en la sepultura, -política, naturalmente-. No me dirá señor Griñán que está usted convencido de que su iniciativa favorece a sus sufridos administrados. Lo que sí está claro es que sus políticas -en general- niegan a los ciudadanos la libertad, que históricamente ha sido el distintivo que el Psoe se ha ufanado en liderar, lo cual no significa que efectivamente lo haya practicado.
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A ver si hay suerte, y no les da tiempo a sacar adelante ese proyecto. Si no, siempre quedan la vía judicial y el recurso de inconstitucionalidad, pero son tan lentos que el mal ya estaría hecho, aunque hubiera que derogar la ley.