REDACCIÓN HO.- La Conferencia Episcopal Española ha presentado tras la CCXX reunión de su Comisión Permanente su Nota de orientación moral con las recomendaciones que deben tener en cuenta los católicos antes de votar en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. La nota "ofrece" a los católicos algunas consideraciones que "ayuden al ejercicio responsable del voto". Además de la cuestión del terrorismo, la lista de diez puntos incluye el aborto, la reforma del código civil por la que se permite el matrimonio homosexual, la educación, la crisis económica y los nacionalismos.

Los obispos recuerda la responsabilidad del voto de los católicos, en orden con el respeten al derecho natural que se describa en los programas, poniendo especial énfasis en el respeto y protección del derecho a la vida (frente al aborto y la eutanasia), y la defensa de la familia y del matrimonio (que no es equiparable a las uniones homosexuales, o que se ve amenazado con leyes como la del divorcio exprés). "Cada uno deberá sopesar, en conciencia, a quién debe votar para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este momento", subrayan.

En este sentido, en el documento también se alerta sobre el "peligro" que suponen "determinadas opciones legislativas" que, a su juicio, "no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida".

Asimismo, apuntan como "peligrosos y nocivos para el bien común" ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio "en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos".

Frente al mapa legislativo actual, los obispos consideran "necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como “esposo” y “esposa”, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes".

Los obispos recuerdan que con estas orientaciones, de cara a las elecciones generales, la Iglesia "no pretende imponerse al Estado, ni entrar en opciones de partido, ni apoyar ningún programa político": "Cada uno deberá sopesar a quién debe votar para obtener el mayor bien posible", aseguran, al tiempo que recuerdan que "no es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos".

Los padres, primeros educadores. Frente al adoctrinamiento ideológico

La libertad de enseñanza, el respeto al derecho de los padres a que sus hijos sean educados según sus convicciones y a que el Estado no imponga ninguna ideología es otra de las consideraciones que piden tener en cuenta los prelados ante el 20-N:

"El ordenamiento jurídico debe facilitar el ejercicio efectivo del derecho que asiste a los niños y jóvenes a ser educados de modo que puedan desarrollar lo más posible todas sus capacidades. Debe evitar imposiciones ideológicas del Estado que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos. En cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa social en este campo. La presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en la escuela estatal - como asignatura fundamental opcional - es un modo de asegurar los derechos de la sociedad y de los padres que exige hoy una regulación más adecuada para que esos derechos sean efectivamente tutelados".  

La grave crisis económica actual reclama también para la los obispos "políticas sociales y económicas responsables que propicien el trabajo para todos", así como "una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes".

Por último recuerdan que "se reconoce la legitimidad moral de los nacionalismos o regionalismos que, por métodos pacíficos, desean una nueva configuración de la unidad del estado español". También señalan que es "necesario tutelar el bien común de la nación española en su conjunto, evitando los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de cualquier tipo".