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PPE estudia denunciar al Gobierno de Zapatero por corrupción de menores

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Exige también la inmediata derogación de la ley del aborto, "que consagra un modelo de educación sexual carente de consenso científico y social y atenta gravemente contra los derechos de los menores y sus padres".

REDACCIÓN HO.- Profesionales por la Ética estudia denunciar al Gobierno de Zapatero por corrupción de menores, "concretamente por el artículo 186, que establece prisión o multa para los que difundan o exhiban material pornográfico entre menores de edad; existe material de este estilo en la web del Ministerio de Educación, en el apartado de recursos educativos", ha anunciado Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética. "Asimismo, vamos a exigir al Partido Popular la inmediata derogación de la actual legislación sobre el aborto, porque consagra un modelo de educación sexual que carece de consenso científico y social y atenta gravemente contra los derechos de los menores y sus padres", ha añadido.

Adoctrinamiento sexualAdoctrinamiento sexualEste anuncio lo ha realizado Urcelay al hacer público el Informe Ideas clave sobre educación sexual en los centros escolares. Consideraciones científicas y éticas, realizado por el Área de Estudios de esta asociación  El citado informa asegura que las estrategias de prevención realizadas a través de campañas, o mediante programas de salud sexual introducidos en el ámbito escolar, carecen de consenso científico y social nacional internacional, lo que confirma la necesaria neutralidad ideológica del Estado y las administraciones en esta materia.

Los dirigentes políticos, según ha explicado Urcelay, deben conocer cinco condiciones básicas para considerar científica y éticamente aceptable cualquier actividad en el ámbito escolar:

 

  • Veracidad de la información transmitida.
  • Nivel de evidencia que sustente las actuaciones preventivas propuestas.
  • Eficiencia esperable.
  • No maleficencia resultante de las actuaciones realizadas.
  • No actuar en contra de la voluntad de padres o tutores.

 

En España, siempre según el Informe de Profesionales por la Ética, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en especial su capítulo educativo, se ha considerado “parte fundamental de las políticas preventivas y del derecho a la salud pública” pero no cumple ninguno de los 5 requisitos formulados como estándares de obligado cumplimiento.

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