Ante EpC, ni un paso atrás: ya son 389 los demandantes españoles en Estrasburgo

Se demanda al Estado español por vulneración de derechos fundamentales.

REDACCIÓN HO.- Catorce nuevos demandantes se han sumado al proceso abierto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (con sede en Estrasburgo) por padres y alumnos objetores a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). Con estas ya son 389 los españoles que, desde marzo de 2010, se han visto obligados a acudir a este tribunal para defender sus derechos frente a la imposición de estas materias escolares por el Gobierno socialista, informa Profesionales por la Ética.

Los nuevos demandantes son de Castilla y León y Madrid y se suman a familias de La Rioja, Lisboa (españoles que residen en Portugal), Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y Región de Murcia.

 La demanda de los objetores es contra el Estado español, al que acusan de violar varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como el derecho a la vida privada de los menores, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y a la no discriminación.

Las demandas de las familias españolas han sido presentadas por Profesionales por la Ética y la entidad especializada en la defensa de los derechos humanos Alliance Defense Fund (ADF). Además, los demandantes han contado con la asistencia técnica del European Center for Law and Justice (ECLJ), con sede en Estrasburgo.

En opinión de Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, "esta nueva tanda de demandas demuestra que el problema originado por las asignaturas de EpC sigue vivo y provoca un verdadero conflicto de conciencia en muchos padres e hijos. No olvidemos que las asignaturas se proponen explícitamente formar la conciencia de los menores y cambiar sus valores conforme a los que decida el Gobierno. Eso explica que cinco años después de su implantación la batalla por la libertad continúe después de casi 55000 objeciones de conciencia y 3000 procedimientos judiciales ante los tribunales españoles. Esperamos que el futuro Gobierno de España ponga fin a esta lamentable situación".