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México: expertos juristas rechazan la intentona de anular las leyes provida

La iniciativa abortista "se burla de los derechos de los estados y deroga el precedente constitucional con que se protege el derecho a la vida desde la concepción".

REDACCIÓN HO / LifeSiteNwes,com.- Como ha informado HO, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CSJN) podría anular las enmiendas constitucionales provida aprobadas en dos de los 18 Estados mexicanos para blindar el derecho a  vivir, si toma en consideración la iniciativa que presenta ante el alto tribunal uno de sus miembros, el juez Fernando Franco González-Salas; actualmente, son 18 los estados de la República que protegen la vida de los bebés por nacer en su Constitución, a través de las enmiendas estatales que han aprobado a la Constitución del país, por lo que la iniciativa del juez Franco constituye una amenaza real de cara a imponer el aborto en el país. Los mexicanos han reaccionado ante esta intentona, animando una campaña urgente de correos a los magistrados, para mostrar su rechazo a este proyecto; una iniciativa que constituye además un ataque a la soberanía de los estados y al orden jurídico de México, como afirman destacados expertos en Derecho Constitucional.

Desde la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ingrid Tapia, profesora en Derecho Constitucional, y José Antonio Sánchez Barroso,  doctor en Derecho, denuncian que el plan, preparado por un juez de la Corte Suprema, constituye una “burla” de los derechos de los estados, y deroga un precedente constitucional de mucho tiempo con que se protege el derecho a la vida desde la concepción.

Según el juez Fernando Franco, cuyo veredicto propuesto será debatido por la  Suprema Corte previsiblemente hoy, “no se puede dar preeminencia a derecho alguno – ni siquiera al derecho a la vida – sobre los demás derechos constitucionales”. Con ello, Franco aún alega que la ley de “derechos humanos” es la base del veredicto.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el miércoles 21 de septiembre, el doctor Sánchez Barroso notó que el derecho a la vida del concebido ha sido reconocido por mucho tiempo dentro de la ley federal.

“Tal es el caso del artículo 22 del Código Civil Federal vigente desde 1932 que, por un lado, ordena la protección legal desde la concepción y; por otro, al concebido se le tiene por nacido para los supuestos previamente establecidos por el legislador en esa materia”.

Dichas medidas legales advinieron “sin que en ese momento histórico estuviera expresamente contenido el derecho a la vida en la Constitución Federal y sin que se tuvieran los conocimientos científicos actuales que demuestran la existencia de vida humana desde la concepción”, añadió Barroso.

Según Tapia, el deseo de usar los mismos estándares que le fueron aplicados a Ciudad México en casos legales anteriores, en los 18 estados donde se han aprobado enmiendas constitucionales provida, constituye “una franca burla al sistema federal y (se) menosprecian a las entidades federativas al darles un tratamiento de segunda”. Los jueces de la  Suprema Corte “juegan con la norma cuando creen, piensan o se les antoja”, añadía Tapia.

Aunque la Constitución mexicana explícitamente prohíbela pena de muerte bajo el artículo 22, y México es un signatario del Pacto de San José providala Corte Suprema ha emitido una serie de decisiones para tratar de sostener la legislación a favor del aborto solicitada desde Ciudad México, que fue aprobada en 2007, al igual que una orden federal con que se le requiere a los hospitales que realicen abortos en los casos de violación.

Si la  Suprema Corte adopta el veredicto propuesto por Franco, anulará el dictamen de 2008, en cuanto a la ley de aborto de Ciudad México, que le permite a los estados aprobar leyes con que se protege el derecho a la vida.

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