El PP pide al gobierno catalán que no financie los abortos

Solicita destinar "los pocos recursos de Salud" a las necesidades básicas, arguyendo la actual época de crisis y recortes. Anuncia también la presentación de una batería de preguntas en sede parlamentaria. 

• Pide a la Generalidad catalana que gaste nuestro dinero en salvar vidas y no en abortarlas

REDACCIÓN HO.- Cierto es que el PP también mantiene la financiación al aborto en comunidades en las que gobierna, pero parece ser que al menos en Cataluña los populares empiezan a tomar conciencia. Quizá también porque son los ciudadanos los que se lo exigen: coincidiendo con una exitosa alerta de HO en el mismo sentido -superan ya las 15 mil las firmas que la apoyan-, la portavoz de Salud del PP en el Parlamento catalán, Eva García, exigía el pasado viernes al Gobierno autonómico de Mas, a través de un comunicado, que destine "los pocos recursos de Salud" a las necesidades básicas y no a financiar abortos".

En el texto, García señalaba que en época de crisis y recortes como la actual, "con unas listas de espera que continúan creciendo", se deben priorizar las operaciones quirúrgicas graves, y por ello anunciaba también la formulación de una batería de preguntas en sede parlamentaria.

La diputada del PP se pronunciaba de este modo a tenor de la resolución del contrato resuelto por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para gestionar los abortos, que tal y como hemos informado en HO, supondría destinar 3,5 millones de euros a dos negocios abortistas de Barcelona para realizar alrededor de 13.000 abortos anuales.

Dicho contrato contempla un gasto estimado de 14,2 millones de euros durante los próximos cinco años, si bien la Consejería de Salud se reserva la potestad de revisar el funcionamiento de la prestación, lo que supone la puesta en marcha del plan diseñado para asumir el cambio en la legislación realizada por el Gobierno central en 2010, que contempla el aborto libre hasta la semana 14.

García preguntaba si el Gobierno autonómico había recibido la partida económica destinada a tal fin por parte del Gobierno, así como diversos detalles de la adjudicación del contrato como las empresas que se presentaron a la licitación.