La Mesa del Congreso da vía libre a la ILP por la dación en pago

Para los créditos hipotecarios, de modo que la entrega de la vivienda sirva para saldar la deuda con el banco.

REDACCIÓN HO / EP.- La Mesa del Congreso ha calificado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por varias asociaciones catalanas.

La iniciativa legislativa popular propone instaurar la dación en pago para los créditos hipotecarios, es decir, que la entrega de la vivienda sirva para saldar la deuda con el banco, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Tras pasar este trámite, los promotores tendrán nueve meses para recoger las 500.000 firmas necesarias para que el texto llegue al Pleno del Congreso, donde podría ser debatido durante la próxima legislatura.

El órgano de gobierno de la Cámara Baja tenía pendiente desde antes del verano su decisión sobre la admisión o no de dos iniciativas surgidas de distintos colectivos de la sociedad civil relativas a la dación en pago y a la creación de un alquiler social adaptado a quienes no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.

La ley que regula este tipo de iniciativas populares establece que no pueden tramitarse dos ILP que versen sobre el mismo asunto y que, si se registra más de una sobre el mismo tema, debe darse prevalencia a la primera.

Las dudas surgieron porque ambas se registraron con un día de diferencia y en lugares distintos. La promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Observatorio DESC, las asociaciones de vecinos catalanas, la Taula del Tercer Sector Social, la Unió de Consumidors de Catalunya, CC.OO. y UGT se registró en una oficina de Correos de Gerona, mientras que la otra se presentó directamente en el registro de la Cámara.

Finalmente se ha comprobado la validez del registro realizado en Gerona y que éste tuvo lugar un día antes que la que se presentó en propio Registro del Congreso.

Cuando los promotores de la iniciativa que se ha calificado recaben el medio millón de firmas que fija la ley y estas sean ratificadas por la Junta Electoral Central, la próxima Mesa del Congreso ordenará la publicación del texto, que deberá ser debatido en el Pleno del Congreso a más tardar en seis meses. Sus promotores podrán acudir a la Cámara a defender su propuesta.