La ANLL acudirá a la Fiscalía de no cumplir la Generalidad con el plazo del TSJC

Se personará al día siguiente de su vencimiento. Mientras el Gobierno de Zapatero avala el desacato nacionalista en perjuicio de la libertad lingüística y educativa, CiU amenaza con romper al PP.

• El Gobierno catalán dispone de dos meses para garantizar la escolarización en castellano
• Las políticas sociales liberticidas del tripartito se mantendrán en Cataluña

REDACCIÓN HO.- La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) considera que los dos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establecen un Plazo de dos meses para que la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña adapte la legislación al bilingüismo exigido en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut" viene a estrechar el cerco sobre los insumisos y acerca laposibilidad real de una educación bilingüe en Cataluña".

"Desde la ANLL tomamos lo afirmado por el TSJC como un ultimátum al Gobierno del presidente Mas que confirma la ilegalidad del actual sistema educativo y que obliga a que el castellano esté también presente como lengua vehicular en las aulas de Cataluña", declara el presidente de la Asociación, Pablo Yáñez, en un comunicado remitido a HO.
“Las últimas sentencias judiciales, y lo afirmado el pasado viernes por el Tribunal evidencian que el bilingüismo ha de regir la enseñanza en Cataluña y no dejan ningún margen para que los nacionalistas sigan incumpliendo sistemáticamente la legalidad vigente”. añade Yáñez.

En este sentido, el presidente de la ANLL entiende que, a partir de ahora, "corresponde al Gobierno de la Nación, y en especial al presidente Zapatero, asumir un papel determinante para que la Generalitat de Cataluña abandone el desacato judicial en el que se ha instalado y se modifique la legislación educativa en esa Comunidad". “Zapatero ha sido cómplice de las burlas del nacionalismo catalán y ahora los autos del TSJC también le señalan”, afirma.

La ANLL, que en su día ya solicitó al Fiscal General del Estado que actuas econtra Montilla por su desacato a la sentencia del TC sobre el Estatut, esperará a que finalice el plazo torgado por el TSJc para, el día siguiente al vencimiento, en el caso de continuar la imposición monolingüe del catalán en las aulas, volver a acudir a la Fiscalía General del Estado a solicitar que se inicien los trámites judiciales respectivos contra los actuales responsables de la Generalitat de Cataluña.

El Gobierno de ZP, con los nacionalistas

Todo apunta a que el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, para reformar la Constitución y limitar el déficit público,  entente de profundo significado político que se ha enfrentado a los nacionalistas, no va a trasladarse a este otro asunto tan sensible como es el del reconocimiento del bilingüismo en la enseñanza. El fallo del TSJC que da dos meses a la Generalitat para otorgar al castellano la condición de lengua vehicular en las escuelas se ha respondido en tromba desde todos los partidos catalanes, a excepción del PP y de Ciutadans, a modo de aval al desacato  y en defensa de la inmersión.

A dicho frente se sumaba raudo el PSC e incluso el propio gobierno de Zapatero: la ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguraba el viernes que "los socialistas catalanes defendemos y defenderemos el sistema educativo de inmersión lingüística, que es el que ha garantizado la cohesión social y lingüística en nuestro país"; el aval del ejecutivo nacional llegaba también por boca del quien más debería insistir en el cumplimiento debido a las resoluciones judiciales, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien restaba trascendencia al fallo.

Así, el ministro señalaba el pasado viernes desde Silleda (Pontevedra) que el Tribunal Constitucional ha avalado que el catalán puede ser la lengua vehicular en la enseñanza, obviando eso sí un nada irrelevante detalle, que el mismo tribunal otorga al castellano la misma distinción. Se recoge sin matiz posible en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña de julio de 2010 —sobre la base de la cual se basan los sucesivos fallos del Tribunal Supremo (TS) y el TSJC en esta dirección— y que establece que "ha de reconocerse el derecho de los ciudadanos, derecho que ha de ser real y efectivo, a elegir la lengua vehicular en la enseñanza".

Le Generalitat, en sus trece

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió  ayer el respaldo a todas las instituciones y ayuntamientos catalanes frente al auto del TSJC: "Nos mantendremos fieles y firmes en la defensa de la identidad catalana, de la cultura y de una legua que es más que centenaria; lo haremos desde el Gobierno, lo haré yo como presidente, y espero que todas las instituciones, incluidos los ayuntamientos, también sabrán defenderlo", dijo Mas en Tortosa. Mas hizo una cerrada defensa del modelo de inmersión.

"El curso comenzará con normalidad el próximo día 12 de acuerdo con las instrucciones y reglamentaciones que derivan de la Ley de Educación de Cataluña aprobada por el Parlamento autonómico, lo que le da toda la legitimidad", aseguraba por su parte ayer la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau.

Rigau no quiso desvelar la argumentación del recurso que ella misma anunció el pasado viernes, y cuyo planteamiento fijará el Gobierno catalán en la reunión que celebra mañana. La consejera, que ayer inauguró una guardería infantil en Cornellà de Terri (Girona), agradeció el apoyo recibido por el Ejecutivo de CiU.

"Es bueno que se sepa que en el curso que empieza no hay que introducir ningún cambio porque la normativa que regula la previsión del próximo curso está absolutamente avalada por los tribunales", insitía Rigau, al defender con firmeza la inmersión lingüística en catalán.

Patronales y sindicatos

En las últimas horas las cinco asociaciones patronales de la enseñanza catalanas se han sumado a la nómina de sindicatos y partidos que defienden la inmersión lingüística en catalán. Se trata, entre otras, de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, la Confederación de Centros Autónomos y la Federación Catalana de Centros de Enseñanza.

Asimismo, los sindicatos CCOO, CGT, UGT, USOC y USTEC-STEs han defendido hoy conjuntamente el modelo de la escuela catalana, que consideran es "un patrimonio" que no se puede perder. En un comunicado conjunto, estos sindicatos, a través de sus ramas de la enseñanza, hacen un llamamiento a los profesionales de la educación y a la sociedad catalana para defender de manera unitaria la escuela y la lengua catalana. También instan a "la convivencia respetuosa con las personas de cualquier origen y lengua y a la no segregación del alumnado por la lengua de aprendizaje". "La escuela catalana es un patrimonio pedagógico, social y político, a juicio de los representantes sindicales, y aseguran que en Cataluña hay "una escuela integradora y plural desde el punto de vista lingüístico, que contribuye cada día a hacer la sociedad catalana más respetuosa y democrática", afirman.

Amenaza de ruptura el PP

Mientras, se augura confrontación entre PP y CiU por este tma., El líder de CiU en el Congreso, Josep Duran, pronosticó un "choque de trenes" si la reforma constitucional para fijar un techo de gasto salía adelante sin el concurso de los nacionalistas. La casualidad quiso que solo 24 horas después la colisión de trenes se produjese, aunque  fue por por el trato dado al castellano en las escuelas. El mandato del TSCJC para que en el plazo de dos meses la Generalitat equipare las dos lenguas oficiales no amedrenta al gobierno de Artur Mas. Pese a la presión judicial, y amagando con el desacato, la consigna es no dar un paso atrás, y ahora la presión se dirige hacia el PP.

Así, el "choque de trenes" lingüístico puede tener consecuencias en el Parlamento catalán, donde convergentes y populares mantienen una alianza estratégica que ya ha permitido, por ejemplo, aprobar los presupuestos. El jefe de filas de CiU en la Cámara catalana, Oriol Pujol, señaló ayer que si el PP hace del bilingüismo 'casus belli', "dejarán de ser nuestros compañeros de viaje para cualquier materia". Pese a todo, Pujol dudó sobre la determinación del PPC de llevar la batalla lingüística hasta el final. Al respecto, y sabedores del peso de sus diputados, el portavoz del PPC, Enric Millo, señalaba a ABC que "CiU no está en condiciones de advertir a nadie", lamentando además que Pujol "actúe de pirómano atizando el fuego de la confrontación entre Cataluña y España". Entrevistada en el mismo diario, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, favorecía el titular al asegurar que "Si Mas no cumple la sentencia del catalán, actuaremos con firmeza".

En este contexto, en Cataluña se ha formado un bloque "proinmersión" con todos los partidos a excepción del PPC y Ciutadans, en un clima frentista que tendrá su primer capítulo en una Diada del día 11 que los partidos nacionalistas ya caldean.  Sobre las brasas de la reforma constitucional en curso se propaga ahora en Cataluña el incendio de la lengua, en vísperas de la Diada del 11 de septiembre y a menos de dos meses de las elecciones generales.