Una orden andaluza da el pistoletazo de salida a las prácticas eutanásicas

Una orden andaluza da el pistoletazo de salida a las prácticas eutanásicas

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REDACCIÓN HO.- "Dentro de un proceso de salud irreversible, hay que preservar la dignidad de las personas", ha incidido la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), después de que, el pasado martes, la Consejería de Salud andaluza obligara al Hospital Blanca Paloma de Huelva a retirar la sonda nasogástrica que alimentaba a Ramona Estévez, una anciana de 90 años en coma tras sufrir un infarto cerebral. Una decisión sin precedentes en nuestro país, que ha dado el pistoletazo de salida a la ley andaluza mal llamada de 'muerte digna', aprobada en marzo del 2010. Los médicos sostenían además que la orden política de retirar la sonda a una enferma vulnera la objeción de conciencia.

La Consejería  tomó esta decisión ante el conflicto creado entre los médicos del hospital y familiares de la paciente. La anciana comenzó ingresando en el hospital público Juan Ramón Jiménez de Huelva tras sufrir Ramona el 26 de julio un infarto cerebral. Los médicos, tras realizarle un TAC, declinaron sondarla debido a considerar su estado irreversible -no terminal- y fue trasladada al Hospital Blanca Paloma.

Tras llegar a este centro hospitalario concertado, los médicos de la paciente, en coma,  comunicaron a la familia de Ramona el 4 de agosto la necesidad de sondarla porque 'el suero no alimentaba, sólo hidrataba', algo a lo que se negó el hijo de la paciente, José Ramón Páez, que está siendo asesorado por la asociación proeutanasia Derecho a Morir Dignamente.

Así, el hijo de la paciente anciana interpuso una queja ante la Consejería de Salud y el centro hospitalario. En menos de un día, la Junta se puso en contacto con el hospital para informarle de que debía acatar el deseo del paciente y cumplir de este modo con la ley de muerte digna, que contempla que "toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida".

Junta: La ley se aplica "con normalidad"

Por su parte, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, afirmaba eayer que que la Ley de Muerte Digna andaluza se está aplicando "con total normalidad en todos los centros sanitarios", al tiempo que ha destacado que siempre, si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o que tiene cualquier dificultad, tiene a su disposición todos los mecanismos para poder reclamarlos y entre ellos dirigirse a la propia administración sanitaria.

Según declaraba Montero en rueda de prensa, en el caso de la enferma del hospital onubense Blanca Paloma al que los familiares solicitaban retirar una sonda nasogástrica a una mujer de 90 años que había sufrido un infarto cerebral no se ha producido "una orden, sino un contacto con el centro hospitalario".

De manera que la consejera ha recalcado que, una vez que se tuvo conocimiento de que la familia de la mujer a la que el pasado 4 de agosto se le puso la sonda se había dirigido con un escrito a la propia dirección del centro, desde la Consejería se procedió a hablar con el hospital. Así, la persona tiene derecho a que se respete su voluntad, debido a que el rechazo del tratamiento está "perfectamente" contemplado en la Ley de Muerte Digna de Andalucía.

Según ha explicado a Europa Press, el hijo de esta enferma, José Ramón Páez, su madre le hizo "prometer antes de sufrir el infarto que no dejaría que le pusieran sondas". "Yo lo que he hecho ha sido cumplir su voluntad porque ella ha vivido muy feliz y desde que se partió la cadera hace unos meses no quería pisar un hospital", ha concluido.

DAV anuncia acciones legales

Derecho a Vivir analiza las opciones de una denuncia contra la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, por una posible vulneración del derecho fundamental a la objeción de conciencia y un posible delito de omisión de auxilio, según ha anunciado este jueves la portavoz de DAV, la doctora Gádor Joya, después de saberse que la Junta de Andalucía ha ordenado dejar de alimentar a una anciana de 90 años desvalida e interna en el hospital público de la Blanca Paloma, en Huelva.

“Hemos encargado hoy mismo un dictamen jurídico sobre la base de los hechos conocidos de este caso, que entendemos que pueden ser conductas ilícitas contra derechos fundamentales, tipificadas en el Código Penal”, dijo Gádor Joya, que previó la posibilidad de presentar la denuncia "a lo largo de la próxima semana".

.“No es un tratamiento médico, sino un cuidado básico, como es la alimentación de toda persona. Si dejan de alimentarla, morirá, y no de una forma precisamente digna”, ha subrayado la portavoz de Derecho a Vivir. “En España se están aplicando prácticas eutanásicas, amparadas en leyes como la Ley andaluza de Muerte Digna”, señaló.

Apostar por los cuidados paliativos, no por acortar la vida 

Según ha informado a Europa Press el responsable de Comunicación de ANDOC, Juan Manuel Molina, "hoy día existen tecnologías perfectamente desarrolladas que evitan el sufrimiento sin necesidad de acortar la vida de una persona". En este sentido, Molina ha asegurado que serían partidarios de esta ley andaluza"si se le dotara de presupuesto económico para que se le ofreciera al enfermo cuidados paliativos y no un acortamiento directo".

Tras la intervención de la Junta en el proceso, el responsable de comunicación de ANDOC ha hecho hincapié en que "ninguna administración ni ningún familiar debe interpretar las leyes, porque para eso están los jueces", por lo que ha puesto en duda "la honestidad de la decisión tomada por la Junta y que no sea por motivos más allá de los económicos".

Del mismo modo, ha aseverado que "con la excusa de la dignidad de las personas se busca la rentabilidad de la cama en el centro hospitalario", a lo que ha añadido que "se hace una interpretación muy interesada de la ley para aprovecharse de las plazas hospitalarias pero con total desprecio a la vida de las personas".

Hablan los médicos

"Me parece preocupante que al médico se le haga caso en el diagnóstico de una lesión cerebral irreversible, pero que no le dejen tomar decisiones a la hora de aplicar unos cuidados, afirma al diario La Razón Jacinto Bátiz, secretario de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC). Para Bátiz, la confusión que genera este caso parte de si la alimentación por sonda nasogástrica se considera un tratamiento médico o un cuidado para el enfermo. 

"Ahora podría darse el caso de que se considere que se les está prolongando la vida de manera inútil a todos aquellos que estén alimentados por este tipo de sonda. Es preocupante que se pueda generalizar", añade Bátiz, jefe del área de cuidados paliativos del hospital San Juan de Dios de Santurtzi (Vizcaya). Y es que considera que este proceso "no produce ningún sufrimiento al paciente". Además, "si la situación de la paciente es irreversible, por mucho que se la alimente, no se va a prolongar su situación: el cerebro dejará de funcionar". 

De la misma opinión es la doctora María Alonso, del Área de Medicina de Profesionales por la Ética. "La sonda no está llena de cables y no es una medida desproporcionada", afirma. Así, en el caso de la sonda nasogástrica sea una medida de mantenimiento del paciente, "no sería ético retirarla, porque el enfermo moriría por deshidratación o desnutrición". Si se trata de una medida terapéutica, "sí podría ser ético retirar la sonda, pues se puede alimentar al paciente por vía oral". La sonda, recuerda, facilita el acceso de alimentos y que "los nutrientes sean más ricos". 

Sobre este caso, también queda en entredicho el derecho a la objeción a la conciencia de los profesionales. "La familia puede exigir la retirada de un tratamiento, pero el médico podrá discrepar. Y si la ley le obliga, el médico debe tener derecho a la objeción de conciencia", añade Bátiz. 

La doctora Alonso recuerda que en el proyecto estatal de ley de muerte digna, en su artículo 4, se despenaliza la "mala praxis" médica, pues es el paciente quien "decide libremente sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir". Con el caso de Huelva, la ley andaluza es un reflejo de lo que podría suponer una ley estatal. 

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