¿Politización? Oportuno fallo del TC ante la polémica del déficit autonómico

¿Politización? Oportuno fallo del TC ante la polémica del déficit autonómico

«El PP amenaza con devolver competencias: Madrid la Justicia, Murcia las de Educación y Sanidad»

REDACCIÓN HO.-  No ha sido posible el acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), entre un mapa autonómico dominado por el PP tras los comicios del 22M y el Ejecutivo de Zapatero.  El Gobierno les niega  una  moratoria para que las regiones devuelvan la deuda que tienen para con el Estado,  y sólo  plantea que sea el ICO quien ayude a las CCAA a devolver lo que deben al Estado. Dice la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en declaraciones recogidas por COPE, que eso es lo más práctico:

“Consigue los mismos efectos que ese aplazamiento del pago de las liquidaciones negativas, pero entendemos que de una forma mucho más razonable, puesto que permite que se destine al pago de facturas de proveedores y no a tener una mayor capacidad de gasto”.

Se trata de un claro intento del Ejecutivo para que no trascendiera la imagen de estrepitoso fracaso de este primer CPFF tras el vuelco electoral. Con este mismo objetivo, el Gobierno permitirá que cada comunidad elabore su propia regla de gasto, y así se evitó, como expresó el vicepresidente territorial, Manuel Chaves, también presente en la reunión, “que la sangre llegara al río”.

El PP denuncia falta de transparencia

Desde el PP se denuncia que no se ha concretado ninguna fórmula concreta respecto a la deuda y que el Gobierno central se limita a poner parches que no solucionan el problema de liquidez que sufren los territorios.

Los consejeros del PP no consiguieron nada de lo que pidieron: sólo esa financiación de la mitad de la deuda por parte del ICO, y ello sin saber en qué condiciones. De ahí que su abstención en la votación  de la ejecución  presupuestaria, porque por no saber, no saben ni qué números podrán manejar el año que viene en sus respectivas comunidades. Así lo expresaba ayer Pilar del Olmo, portavoz y consejera de Castilla y León:

“Hoy mismo no teníamos noción, nos han anunciado que nos lo van a dar mañana, es decir, ironía después de aprobar el objetivo: no tenemos noción de lo que se nos va a entregar por el modelo de financiación en el año próximo. Por lo tanto, una incoherencia este planteamiento, sin saber una parte tan importante de los ingresos de las comunidades autónomas. Esto nos ha llevado a la abstención”.

Tienen que plantear su techo de gasto de forma individual. Lo harán en cada parlamento autonómico, y dicen que los 8 mil millones de euros extra prometidos por Pérez Rubalcaba son una estafa. Por eso se van de aquí “indignados y asfixiados”.

 Las CC.AA. gobernadas por el PP no esconden su malestar. Amenazan con devolver competencias debido a la drástica reducción de transferencias económicas por parte del Estado. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que se plantea devolver Justicia. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, iba más allá y hablaba de renunciar a Sanidad y a Educación:

“Y si al final del proyecto resulta que no podemos mantenerlo. No los quepa duda: yo espero que nunca lleguemos a esta circunstancia. Deseo fervientemente que nunca lleguemos a esta circunstancia, pero si llegamos, antes de la quiebra y que nadie se quede sin esos servicios básicos, al Estado y que se haga cargo él”.

Oportuno despertar del Constitucional

En medio de tal grave polémica, el Tribunal Constitucional (TC) hacía ayer mismo pública una sentencia que reforzaba los argumentos del Estado: el Gobierno central puede imponer límites al gasto autonómico. El fallo, con el que rechazaba un recurso interpuesto por Cataluña en 2002, suponía el oportuno despertar del alto tribunal respecto a una cuestión que llevaba durmiendo el sueño de los justos nueve años.

El TC no dejas lugar a dudas. El Estado es el encargado de adoptar las medidas oportunas para conseguir la estabilidad económica del país, y por lo tanto las CC.AA. deben respetar los topes generales que se planteen a los presupuestos, que coordina y establece el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con este argumento, rechaza el recurso planteado por el Parlamento catalán en 2002 a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

El alto tribunal considera también que la política económica en su conjunto compete al Estado, y ha de adoptarse de forma homogénea, para todo el país. “Cada comunidad no puede ir por libre en la materia, ya que de ser así sería imposible el objetivo de la estabilidad económica, que propugna la Constitución Española”.